PACHUCA.- Activistas y autoridades estatales coincidieron en que es necesario crear e incluir un protocolo de atención a víctimas de violencia digital dentro de la armonización de la Ley Olimpia en Hidalgo.
Durante la segunda mesa de trabajo para analizar las iniciativas relacionadas con este tema, la activista Luz Lizbeth González, integrante del Frente Nacional para la Sororidad, señaló que actualmente no existe un protocolo para atender a las personas que han sufrido violencia digital y que las propuestas para tipificar penalmente estas conductas tampoco lo contemplan.
Se nos está yendo de la vista el hacer un protocolo de atención a las víctimas para que en el tiempo en que se aprueba la Ley Olimpia podamos salvaguardar los derechos de las víctimas”, mencionó durante su intervención en la sesión de este lunes de la comisión de Seguridad Ciudadana y Justicia del Congreso local.
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Jacob Tolentino, director jurídico de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH), informó que existe un protocolo de actuación para medidas de protección en favor de mujeres, niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores víctimas de violencia en general, por lo que consideró “muy importante” trabajar en la modificación de esta herramienta para atender también la violencia digital o crear uno nuevo.
Por su parte, la directora del Centro de Justicia para Mujeres estatal (CJMH), Margarita Cabrera Román, propuso tomar en cuenta la iniciativa presentada por el grupo legislativo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en materia de violación a la intimidad sexual.
Pues indicó que en la propuesta se plantea agregar un capitulo a la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia con el que se pretende que sea obligación del Ministerio Público o del juez para ordenar las medidas de protección necesarias para garantizar la integridad de la víctima, solicitando a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas la interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación del material relacionado con la investigación.
No obstante, indicó que el término adecuado debe ser órdenes de protección, debido a que las medidas solo las contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, y no es facultad del Congreso local modificar normatividades federales.
“Eso también generará mayores atribuciones y ejecución en todo lo que pueda hacer jurídicamente la Procuraduría General de Justicia a través de la facultad de perseguir el delito.
Sería bueno que en este protocolo que ya está, y que permite generar las orientaciones de carácter operativo a todo el Ministerio Público, se pudieran meter ahí cuestiones específicas (acerca de violencia digital)”, opinó Cabrera Román.
emh