PACHUCA.- Otomíes del Valle de Tulancingo ingresaron una solicitud de juicio para la protección de sus derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) en contra del proceso de la consulta a las comunidades y pueblos indígenas de Hidalgo para la creación de la reforma electoral.
El acto reclamado es el “incumplimiento en el que ha incurrido” el Congreso de Hidalgo por no acatar los parámetros de las sentencias TEEH-JDC-056/2018, en el que el tribunal pidió al Poder Legislativo garantizar los derechos de participación y representación política en la entidad de la población indígena, y ST-JDC-76/2019, en el que la Sala Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al mismo ente realizar la consulta a comunidades autóctonas de manera adecuada culturalmente, libre, informada y de buena fe.
Eric Téllez Hernández, de la comunidad de La Guadalupe, ingresó la solicitud de juicio con Saúl Marón Lugo, Yahir Cisneros Flores y Arturo Copca Becerra —en el discernimiento ST-JDC-76/2019— aparecen como terceros interesados.
El autoadscrito otomí señaló que estuvo presente el 7 de julio en el foro Representación y participación política de los pueblos indígenas en Hidalgo, realizado en el Congreso local y donde se anunció que se realizaría una consulta a las más de mil 900 comunidades autóctonas.
Aseguró que después de esto no tuvo conocimiento de que se celebrara algún evento y fue hasta el 23 de agosto, cuando, a través de los medios de comunicación, se enteró que se había presentado dos días antes una iniciativa de reforma al Código Electoral en esta materia.
Por lo que consideró como agravios el proceso de consulta —que se llevó a cabo el 5 de agosto con siete asambleas regionales— y pidió impugnar todas las etapas, así como los resultados, consecuencias y efectos que pudiera tener.
También señaló que hubo falta de validez y eficacia de la convocatoria, los resultados y los demás actos del proceso de consulta. Pues indicó que con base en la Ley orgánica del Legislativo tuvo que haberse avalado en el pleno el procedimiento, lo cual no se hizo, pues solo la llevó a cabo la bancada de Morena y algunos de sus aliados del PAN, PT y PES.
Asimismo, aseguró que no existe constancia que otorgue certeza de los resultados de la consulta que el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Raúl Baptista González, dio a conocer, ni que se hayan establecido reglas, metodologías, criterios o lineamientos para recoger las propuestas recabadas.
Otro de los agravios que consideró es que el proceso de la consulta no cumplió con los requisitos constitucionales, convencionales y jurisprudenciales tratándose de comunidades originarias, pues aseguró que no fue culturalmente adecuado porque no se realizó en todas las localidades indígenas establecidas en el catálogo, ni atendió a los usos y costumbres de estas, entre otras cosas. Tampoco, indicó, se cumplió con el requisito de que fuera informada, pues consideró que a pesar de la difusión debieron haber proporcionado datos para que la población autóctona participara de manera genuina y objetiva en la toma de decisiones.
Señaló que no fue un ejercicio libre ni de buena fe, pues según su criterio, se abusó del desconocimiento en el tema, derivado del rezago educativo y cultural de las comunidades indígenas.
Además, acusó falsedad y alteración de algunas propuestas y pidió al TEEH garantizar la justicia a las personas indígenas y al Órgano Interno de Control del Congreso investigar estos señalamientos.
"Los actos narrados a lo largo de este documento, son una circunstancia preocupante para nosotros indígenas, ya que, se vuelve a reiterar el paternalismo que sobre los pueblos indígenas ejercen las autoridades, quienes deciden de forma anticipada lo que es bueno y malo para nosotros los indígenas, es decir, ya dijeron cuáles son nuestras propuestas, y cómo debemos elegirlas, es decir, las autoridades occidentales mestizas ya consideraron que es bueno para nosotros y con cuánto nos debemos conformar
“Para colmo, se burlan de nosotros los indígenas y en un ejercicio para la foto, una mera simulación, un acto de burla a los pueblos, como muchos más que se han venido haciendo y que los órganos jurisdiccionales que tienen el deber de garantizar los derechos humanos, simplemente permiten bajo el amparo de formulismos, tecnicismos y argucias disfrazadas de impedimentos legales”, agregó en el texto.
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