Hidalgo (La Silla Rota).- Para cubrir e adeudo por salarios, prestaciones relativas a la compensación o bono Subsemun, servicio médico, despensa, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional desde la segunda quincena de septiembre de 2009 que mantiene con 25 expolicías municipales que fueron dados de baja indebidamente de la corporación, el ayuntamiento de Pachuca ofreció, a cada uno, 70 mil pesos, cuando la cuantificación personal supera los 800 mil pesos.
Los exagentes fueron detenidos hace ocho años, cuando José Francisco Olvera Ruiz era alcalde, por presuntamente brindar protección al cártel de Los Zetas; sin embargo, fueron absueltos cuatro y cinco años después por falta de elementos para acreditar el delito. Desde su liberación, demandaron al municipio por el cese, sin notificación ni procedimiento en la Comisión de Honor y Justicia, sin respetar su presunción de inocencia.
En abril pasado, dos expolicías cobraron, en acato a dos sentencias del Tribunal Fiscal Administrativo del Estado de Hidalgo (TFAEH), que corresponden a los expedientes 315/14 y 220/14, 450 mil pesos, aunque el municipio estaba obligado a entregar 762 mil 256 pesos a cada uno.
La deuda fue heredada por el exedil priista Eleazar García Sánchez, que recibió el ordenamiento el 2 de julio de 2015.
Posteriormente, a dos exmiembros de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, también liberados, pagaron otros 450 mil pesos, y 150 mil más a un quinto involucrado.
Sin embargo, de acuerdo con el abogado Faustino David Aboites, ellos sólo eran parte de un grupo de 30 excarcelados, quienes tienen juicios pendientes con el municipio y, como fueron llevados sin orden de aprehensión a la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO, antes SIEDO), presos, pero liberados por inconsistencias en el proceso como acusaciones de testigos protegidos que el ministerio público no logró acreditar, también buscan el pago de salarios desde la segunda quincena de septiembre de 2009.
A ellos, el gobierno de la panista Yolanda Tellería Beltrán pretende pagar, indicó el litigante, 70 mil pesos, menos de 10 por ciento de lo que les correspondería. Además, de aceptar, tendrán que firmar un documento en el que renuncian a una reincorporación al área en la que laboraban, como mandató, en el caso de los dos juicios ganados, el Tribunal Fiscal.
Con García Sánchez, acusó, a un grupo liberado el 28 de diciembre de 2014 el ayuntamiento les hizo firmar un convenio que calificó como “leonino” en el que renunciaban a sus derechos laborales a cambio de 20 o 24 mil pesos, práctica que, remarcó, está prohibida a nivel internacional.
Tellería Beltrán ha insistido que no poseen recurso para cubrir este compromiso financiero y que, para finiquitarlo, deberán dejar de construir obra pública.