CUERNAVACA.- Autoridades del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia de Morelos (CEDIF) obstruyeron la investigación que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realiza sobre un presunto caso de tortura a menores de edad.
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Este martes, visitadores de la CNDH, en coordinación con el organismo local, acudieron al albergue para realizar una inspección ocular como parte de la investigación ante las denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos, tratos crueles e inhumanos y tortura, cometidos al interior del CEDIF en contra menores de edad por parte de policías. Las quejas fueron reveladas el 1 de septiembre de 2020.
Sin embargo, la primera reacción de las autoridades del DIF fue negar el acceso a los visitadores de la CNDH y de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, a pesar de que la Ley en la materia, en su artículo 40 establece que bajo ninguna circunstancia se negará el acceso al personal que realice alguna actividad en el cumplimiento de sus funciones.
Lo que dio paso a un acalorado intercambio de argumentos entre servidores públicos de las tres instancias sobre los motivos por los que debían o no ingresar al CEDIF.
Rafael Brito Miranda, procurador de la defensa de niños, niñas, adolescentes y la familia de Morelos, sostuvo que no podían ingresar hasta que los visitadores de derechos humanos hicieran una petición formal y por escrito.
#Estados | En Morelos, autoridades del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia de Morelos solicitan una prueba PCR a defensores de derechos humanos para poder ingresar a sus instalaciones e investigar un presunto caso de tortura a menores. #ep https://t.co/ooa0zNwtz9 pic.twitter.com/HTOaAeywi6— La Silla Rota (@lasillarota) February 24, 2021
Los visitadores argumentaron que por ley no les podía impedir la entrada y que no era necesario presentar por escrito la solicitud.
Además, explicaron que su visita era para poder documentar si cumplen o no con las medidas establecidas para la atención de los menores de edad y si las instalaciones eran las adecuadas.
#Estados | A pesar de lo que establece la Ley, personal de la @CNDH no pudo ingresar a las instalaciones del Centro Estatal de Desarrollo Integral de la Familia de Morelos para realizar las investigaciones del caso de tortura a menores de edad. #ep https://t.co/RdVMUR7b9V pic.twitter.com/Z5qbXtKS5b— La Silla Rota (@lasillarota) February 24, 2021
Posteriormente, el funcionario estatal expresó que para poder ingresar al CEDIF era necesario que cada una de los visitadores y personal de los organismos defensores de derechos humanos tuvieran que entregar su prueba PCR para verificar que no fueran portadores del virus SARS-CoV-2.
Después de dos horas de debate y espera, el CEDIF accedió a que ingresara una reducida comisión de ambas comisiones de derechos humanos.
LA CONFIGURACIÓN DE UN DELITO
No obstante, de acuerdo con Raúl Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión local, el hecho de obstruir por dos horas el trabajo de los visitadores configura el delito de incumplimiento de funciones públicas.
Una vez más las autoridades del estado de Morelos, específicamente el CEDIF, obstruyeron el trabajo de las y los defensores de derechos humanos para poder ingresar a este centro para verificar las condiciones en las que se encuentran los adolescentes que están bajo la custodia del gobierno (...) esta negativa, estas obstrucciones constituyen un delito, que es el incumplimiento de las funciones públicas
Esta no es la primera ocasión que autoridades estatales, durante la administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, obstruyen el trabajo de la CNDH.
El pasado 18 de agosto de 2020, visitadores de la CNDH y CDHEM intentaron ingresar al Centro de Reinserción Social Varonil, situado en el poblado de Atlacholoaya, para realizar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, pero les negaron el acceso bajo el mismo argumento, de que la solicitud debía ser por escrito.
Por ello, la CNDH emitió la recomendación 82/2020 por incurrir en incumplimiento en las funciones de los servidores públicos.
¿QUÉ OCURRIÓ EL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020?
La noche del 1 de septiembre de 2020 se suscitó un altercado al interior del Centro de Asistencia Social para Adolescentes (C.A.S.A.), dependiente del DIF estatal, ubicado en Temixco, Morelos, en donde los jóvenes tomaron el control del centro, generando actos de vandalismo en el inmueble.
Para retomar el control del CEDIF, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CESP) desplegó un operativo.
Se tiene conocimiento que no se acataron los protocolos sobre el uso de la fuerza, realizándose maniobras y acciones tendientes a vulnerar la dignidad e integridad de los y las menores”, sostuvo el ombudsperson
Desde ese momento, la CDHEM inició un expediente de queja bajo el número CDHM/SE/V4/061/189/2020, con el objeto de investigar posibles violaciones a los derechos humanos de los adolescentes.
Un visitador del organismo se presentó en el lugar pero “no se le permitió el acceso”.
De acuerdo con informes oficiales, se le permitió el ingreso hasta que concluyó el operativo, retrasando su actuar por aproximadamente 40 minutos.
A mediados de diciembre se publican notas periodísticas y fotografías sobre estos hechos en un medio nacional, en las que se aprecian a menores de edad, hincados, maniatados y con el dorso descubierto frente a elementos de seguridad
Detalló que la CDHM realizó una ampliación de su investigación al considerar que esta nueva evidencia pudiera estar relacionada con actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Y el 23 de diciembre se realizó inspección ocular en las instalaciones del Centro, en donde fue posible constatar que las fotografías, en efecto, fueron tomadas al interior del Centro de Asistencia Social.
Por ahora, autoridades federales analizan activar el Mecanismo de Prevención contra la Tortura ante instancias federales e internacionales sobre el abuso de la fuerza en contra de menores de edad del CEDIF, destacó Hernández Cruz, tras detallar que también se solicitó la intervención de la ONU.
5/5 Por lo anterior, la ONU-DH hace un llamado a las autoridades del @GobiernoMorelos a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes privados de libertad, y a brindar a las instituciones de derechos humanos las facilidades para su labor de protección y prevención.— ONU-DH México (@ONUDHmexico) February 24, 2021