PACHUCA.- Familiares de personas que se encuentran privadas de su libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca indicaron que les prohíben ingresar alimentos y productos de primera necesidad para sus consanguíneos.
Los inconformes —quienes pidieron el anonimato por miedo a represalias (como golpes y traslados a otra cárcel) en contra de sus familiares— indicaron que las prohibiciones se deben a que las autoridades del centro penitenciario quieren obligar a los internos a consumir en una tienda que se encuentra el interior del Cereso, la cual, aseguran, es propiedad de Roberto Yañez Anta.
De acuerdo con un informe del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de la Ciudad de México, publicado el 28 de octubre de 2015, Yañez Anta es dueño de una purificadora de agua que opera en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, y emplea a tres internos.
En entrevista, los quejosos señalaron que Yañez Anta es, presuntamente, pareja de Laura Talamantes García, subsecretaria de Reinserción Social, de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH).
También refirieron que los precios en la tienda son muy altos, lo cual, dijeron, les perjudica. Estimaron que el problema lleva alrededor de un mes y el director del Cereso, Marcos Morales Hernández, se niega a atenderlos.
Recordaron que antes, en lugar de la tienda, había una fábrica de ropa interior de la marca Vicky Form, la cual empleaba a los reclusos, por lo que quienes trabajaban en la empresa se quedaron sin el ingreso económico que tenían.
Ahora el director y los custodios se ponen en la aduana a revisar, y el director nos dice que adentro hay una tienda donde pueden comprar los productos de primera necesidad".
SOBREPRECIOS
“El jitomate lo encontramos afuera en seis pesos y adentro en 25, la papa está a 13 afuera y adentro a 25. Tampoco nos dejan meter envases de tetrapack”, mencionó una de las consanguíneas de la población de la cárcel.
Además, acusaron que algunos guardias extorsionan a los familiares de los presos para poder ingresar alimentos.
Señalaron que al interior del centro hay venta de drogas, falta de atención médica, malas condiciones de limpieza de las instalaciones, entre otras cosas.
Por lo que solicitaron la intervención del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y la destitución de Morales Hernández y Talamantes García, así como del jefe de seguridad, Juan Antonio Bautista Lara.
El reglamento de Centros preventivos y de readaptación social de Hidalgo establece en su artículo 50 que los internos tienen derecho a recibir visitas.
Todo visitante será inspeccionado -artículo 59- cuidándose, al hacerlo, que no se destruya ni contaminen los alimentos que lleven y se les tratará con dignidad.
Esta normatividad, bajo la cual se rige el Cereso de Pachuca, no establece la prohibición de introducir alimentos o productos de primera necesidad.
En el diagnóstico penitenciario del segundo semestre de 2018, que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en el apartado de alimentación, refleja que el Cereso de Pachuca se encuentra entre los centros penitenciarios que dejan pasar entre 15 y 17 horas, entre un alimento y otro, que consumen los reos.
mai