PACHUCA.- Durante el panel Uso de la urna electrónica en contextos indígenas, los ponentes coincidieron en que la pandemia obligará a las autoridades a implementar la urna y el voto electrónico para procesos electorales y de consulta ciudadana.
Mineral de la Reforma, Ixmiquilpan, Huejutla y Pachuca utilizarán de manera piloto estos dispositivos en 40 casillas, que serán provistas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.
Miguel Godínez Terriquez, consejero del de ese organismo, recordó que uno de los municipios donde se utilizó en 2009 fue San Cristóbal de la Barranca, donde se encuestó a participantes y 91.8 por ciento dijo que la volvería a utilizar y 96.8 que es mejor que el método impreso.
También sirvió para consultar a la ciudadanía sobre la despenalización de la marihuana en la zona norte en ese año y en 2016 sobre el uso del presupuesto.
El consejero electoral de Hidalgo, Alfredo Alcalá Montaño consideró que se requiere un modelo en el que se utilice tanto la urna electrónica como la convencional. En Hidalgo se realizarán simulacros para que ciudadanos y funcionarios de casilla la utilicen.
Hay quien desconfía del resultado electoral, pero es la ciudadanía, nuestros vecinos, quienes están haciendo ese trabajo. Una boleta tiene 10 mecanismos de seguridad y aún así quieren que se selle y los representantes de partidos quieren firmarla, con la urna electrónica vamos a evitar esto, no es hackeable, no está conectada a internet y además se puede hacer el recuento sin errores”.
Robert González García, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu) de la UAEH, mencionó que, en el caso de las localidades originarias, las autoridades deben acercarse con las asambleas para que les permitan capacitar a los ciudadanos en el uso del dispositivo.
Julio César Sánchez Favela, académico de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), puso como ejemplo que en esa entidad del norte hay una estructura de gobernadores, quienes son los primeros en reconocer la validez de estos ejercicios, además de solicitar la participación de autoridades mestizas –como la Procuraduría Agraria– durante su implementación, a fin de que preserve sus derechos.
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