Una magistrada federal canceló el trámite de un amparo que promovió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para vincular a proceso a Gerardo Sosa Castelán por presunta defraudación fiscal de más de 7 millones de pesos en el ejercicio de 2017.
El diario Reforma informó que Martha Estréver Escamilla, la titular del Tercer Tribunal Unitario Penal del Estado de México sentenció que la dependencia no puede promover amparos para que esta persona sea procesada, puesto que el probable delito fiscal no afecta directamente su patrimonio y además se trata de un servidor público, no de una persona moral; ambas son reglas básicas para hacer válido el recurso legal.
¿QUÉ PASÓ CON GERARDO SOSA CASTELÁN?
Sosa Castelán era rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y en agosto de 2020 fue detenido en la Ciudad de México acusado de peculado y lavado de dinero.
El exrector habría lavado 58 millones 245 mil 948 pesos, una parte de ellos con recursos de la universidad; además también enfrenta cargos por delincuencia organizada, ambos delitos vinculados con la agrupación denominada La Sosa Nostra, o Grupo Universidad a través del que se presume que Morena obtuvo cinco diputaciones, tres en Hidalgo y dos a nivel federal.
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Desde entonces sus cuentas fueron congeladas e investigadas pues el monto fue desviado y triangulado entre 2011 y 2018 por la empresa de contabilidad del Siglo XXI Pachuca, entre las compañías Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo y la empresa Eficiencia en Negocios y Asociados.
Fue recluido en el Penal Federal del Altiplano desde 2020 y presentó un recurso para que cambiara su medida cautelar, sin embargo la petición fue negada debido a que el lavado de dinero, delito que se le imputa, requiere por ley la prisión preventiva.
En 2018 Castelán declaró ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) haber obtenido ingresos por 2 millones 666 mil 48 pesos, sin embargo la FGR detectó que ese mismo año recibió depósitos de 24 millones 987 mil 499 pesos y no hizo el pago de más de 7 millones que le correspondían por Impuesto Sobre la Renta (ISR), sin embargo en febrero de este año un juez determinó no vincularlo a proceso por defraudación fiscal debido a que estimó que la FGR no presentó elementos suficientes para comprobarlo.
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