PACHUCA.- Timoteo López Pérez, diputado local de Morena, presentó una iniciativa para que se elimine del Código Penal de Hidalgo el delito de “ultrajes a la autoridad”; esto, al considerar que “ha sido usado de forma reiterada por las autoridades para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión”.
En su exposición de motivos, el legislador morenista recordó que el sistema penal en México castigó durante años todo tipo de disidencia, y que aun en fechas recientes se han utilizado los distintos tipos penales “como un arma”, no solo para imponer una pena ante algún ilícito, sino para judicializar y reprimir la protesta social.
Para ello deroga el artículo 320 del Código Penal para el Estado de Hidalgo, que elimina el delito de “Ultrajes a la Autoridad”, mismo que ha sido usado de forma reiterada por las autoridades para criminalizar el legítimo ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de expresión.
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Actualmente, en dicho artículo se imponen sanciones de tres meses a un año de prisión y de cinco a 25 días multa, es decir, de 864 pesos a 4 mil 321 pesos, en el cual se describe que “el delito de ultrajes a la autoridad es toda acción o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar u ofender a algún funcionario o agente de la autoridad”.
El legislador puso como ejemplo la represión que hubo contra manifestantes durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de México (2012); también, lo acontecido en el 45 aniversario de la conmemoración del 2 de octubre de 1968 (acontecida en el 2013).
Destacó que este tipo penal, que en la actual legislación presenta un concepto muy ambiguo que se entiende por ultraje toda acción o expresión ejecutada con el ánimo de denigrar u ofender a algún funcionario o agente de la autoridad.
El artículo 320 del Código Penal de Hidalgo viola el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya que, si bien establece un tipo penal para sancionar, de su propio contenido no se advierte que el legislador estatal haya dispuesto de forma clara y exacta la descripción típica, pues queda al libre arbitrio de los operadores jurídicos la decisión sobre cuándo es que el actuar del ciudadano se considera violento o agresivo”, expresó el legislador morenista.
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