Luego de darse a conocer que unos 30 niños, de entre 6 y 11 años, se integraron a la policía comunitaria en el municipio José Joaquín Herrera, en la Montaña Baja de Guerrero, Reinserta lamentó y reprobó el uso de menores de edad por parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF), así como de cualquier otro grupo criminal.
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“Condenamos que estas menores y sus familias no encuentren respuestas que atiendan a incidir positiva e integralmente en la realidad de sus comunidades y de sus familias. Alertamos que la normalización de la violencia compromete seriamente el desarrollo infantil, generando trauma y debilitando las habilidades psicosociales básicas para las y los niños”.
En un comunicado, subrayó que Reinserta trabaja todos los días para reducir los factores de riesgo de la población infantil en México y, con ello, generar realidades mucho más pacíficas.
De igual forma, nuestra Asociación se encuentra en la fase de análisis de un estudio propio sobre el reclutamiento de menores de edad, nuestro objetivo es generar recomendaciones de política pública que incida en la erradicación de estas prácticas
Por esto y por más, agregó Reinserta, reprobamos categóricamente que niños y niñas de nuestro país sean reclutados en cualquiera de sus formas, niños y niñas que hoy cargan un arma sobre sus hombros para recuperar la paz y la tranquilidad en las comunidades.
Consideramos que la creación de Policías Comunitarias responde a la degradación del tejido social, al debilitamiento de las estructuras gubernamentales a nivel municipal y estatal, mismas que reflejan el gran vacío de autoridad en este país y a la inexistencia del Estado de Derecho. En suma, los niños que hoy son reclutados a lo largo y ancho del país por este tipo de iniciativas reflejan los rostros de la vulnerabilidad
PEQUEÑOS SOLDADOS
Los menores integrados a la policía comunitaria, pertenecientes al poblado de Ayahualtempa, realizaron el sábado una marcha por las principales calles de su comunidad, en compañía de otro grupo de pequeños que se habían integrado al grupo policial en enero de 2020.
Este grupo de defensa cuenta además con más de 200 ciudadanos indígenas, quienes denunciaron haber sido abandonados por el Estado ante los ataques de Los Ardillos.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, de la cual forma parte este grupo policíaco, exigió al Gobierno federal soluciones para sus demandas y anunció que si en los próximos días estas no se cumplen, impedirán la instalación de casillas en sus comunidades durante la jornada electoral del 6 de junio.
La decisión de integrar a infantes como guardias de su comunidad -la primera vez que se llevó a cabo esa acción fue en mayo de 2019- ocurrió luego del asesinato de diez músicos indígenas en un ataque armado en la localidad de Chilapa en enero de 2020.
En Chilapa, Los Ardillos mantienen una guerra por el control del territorio para el trasiego de estupefacientes, por lo que no cesa la violencia desde que en 2015 los grupos autodenominados comunitarios irrumpieron en el territorio, dejando cientos de muertos y obligando a otros tantos a desplazarse de sus hogares.
En 2020, cuando se anunció la integración del primer grupo de menores a la policía comunitaria, el Gobierno del Estado se pronunció por el respeto de los derechos de la niñez y dijo que su participación no debería ser alentada.