PACHUCA.- La austeridad del gobierno federal no se ha visto reflejada en los salarios de algunos de sus funcionarios públicos, como es el caso de los delegados regionales de los Programas para el Bienestar en Hidalgo, quienes disponen de salarios mayores a los de secretarios del gobierno estatal: 73 mil 507.20 pesos brutos al mes.
En la entidad hay nueve coordinadores regionales (con base en la solicitud de información 0002000216619), por lo que en total representan un gasto al erario público de 661 mil 564.80 pesos mensuales, es decir, 7 millones 938 mil 777.60 al año.
El sueldo neto de estos servidores de la nación, que apoyan en su labor al súper delegado Abraham Mendoza Zenteno, se estima en 55 mil 733 pesos, según las declaraciones patrimoniales de los funcionarios federales.
Sin embargo, los datos de su paga no se encuentran disponibles en la plataforma Nomina Transparente de la Administración Pública Federal, donde se encuentra la información sobre el sueldo mensual neto y bruto de los servidores públicos activos.
Mendoza Zenteno es la excepción y si se encuentra disponible la información sobre su remuneración; percibe por su cargo 122 mil 512 pesos brutos al mes, que se traducen en 85 mil 145.84 ya con retenciones.
Los encargados de las secretarías estatales y el procurador tienen como límite una percepción de 52 mil 278 pesos netos y el gobernador de 75 mil 339, con base en el tabulador de salarios del Presupuesto de Egresos del Estado de Hidalgo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.
COORDINADORES
La mayoría de los coordinadores regionales de Hidalgo ya tenían cargos al interior de Morena o actualmente también son diputados federales suplentes. Acontinuación, se muestra la información de cada uno.
Distrito de Tula: el coordinador regional de ese distrito es Gelacio Velázquez Hernández, también es diputado federal suplente de Fortunato Rivera Castillo.
Distrito de Ixmiquilpan: Gustavo Callejas Romero fue representante distrital de Movimiento de Regeneración Nacional ante el IEE en Valle del Mezquital y también es legislador federal suplente de Cipriano Charrez Pedraza, quien actualmente se encuentra privado de la libertad por el delito de homicidio en grado de tentativa en contra de su hermano, Pascual Charrez Pedraza, alcalde de Ixmiquilpan.
Distrito de Zimapán: Fausto Martín Santos Escamilla fue candidato del ayuntamiento de Cardonal en 2016 por Morena y consejero electoral suplente en 2011.
Distrito de Tulancingo: Mili Estefani Batalla Castillo en 2015 fue candidata a diputada federal por el distrito IV en Tulancingo por Movimiento Ciudadano y antes tuvo diferentes cargos en el Partido Verde Ecologista de México.
Distrito de Tula: Luis Eduardo Durán Laguna es regidor con licencia indefinida por Morena en el ayuntamiento de Tula.
Distrito de Pachuca: Jorge Luis Martínez Ángeles es esposo de la diputada local del distrito de Tizayuca, Susana Ángeles Quezada.
Distrito de Tepeapulco: Francisco Tobal Quezada Daniel fue coordinador de investigación en la Fundación Arturo Herrera Cabañas y representante propietario ante el Consejo Local del INE en Hidalgo durante los comicios pasados.
Distrito de Actopan: Alma Lidia Ortiz Corona.
Distrito de Zacualtipán: Manuel Orlando Manrique Gálvez.
DELEGADOS NACIONALES
En el país hay 32 superdelegados y 266 delegados regionales como apoyo, además de 18 mil 299 servidores de la nación, con sueldos de 10 mil 217 pesos mensuales cada uno. En total cuestan al erario público alrededor de 2.5 mil millones de pesos al año.
A cargo de toda esta estructura está Gabriel García Hernández, coordinador general de Programas para el Desarrollo del gobierno federal. El servidor público tiene un sueldo mensual bruto de 153 mil 140 pesos; neto de 106 mil 432.30.
Toda esta estructura de servidores de la nación ha sido criticada por la oposición y han señalado de hacer uso electoral de la política social, lo cual derivó en quejas que interpuso el PRD en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a la Secretaria del Bienestar tapar el nombre del mandatario federal en los chalecos que utilizan los servidores públicos, por lo que tuvieron que pagar cinta para tapar el nombre del presidente.
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