PACHUCA.- El único funcionario en prisión por el saqueo de recursos a través de Radio y Televisión de Hidalgo, Carlos B. V., exdirector de Coordinación Financiera y Planeación del subsistema estatal, salió después de cumplir la sentencia que le impuso el Poder Judicial por el delito de negociaciones indebidas.
Mediante Radio y Televisión de Hidalgo se han detectado presuntos peculados por 127 millones de pesos, en 2012, en servicios simulados para cinco dependencias federales —la Secretaría de Salud, el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Programa Oportunidades—. Después, el dinero fue dispersado a empresas fachada.
El esquema se replicó en 2014 y 2015, con el desvío de 900 millones de pesos transferido a Radio y Televisión por convenios firmados con la Secretaría de Desarrollo Social para promocionales de la Cruzada contra el Hambre y programas de asistencia.
El exencargado de la Coordinación Financiera y Planeación durante la administración de Francisco Olvera Ruiz fue aprehendido el 9 de marzo de 2017 como presunto responsable del delito de negociaciones indebidas por 500 millones de pesos, pero por un criterio de oportunidad en el que comprometió proporcionar pruebas en contra de otras personas relacionadas en el esquema de desvío de recursos, fue liberado seis días después.
No obstante, el abogado de RTVH, Carlos Arozqueta Solís, expuso que la información que proporcionó no fue considerada contundente, por lo que se le giró nuevamente orden de aprehensión y fue detenido nuevamente el 19 de abril de 2018.
La condena por negociaciones indebidas fue de dos años y cuatro meses de prisión, luego de que se declarara culpable, además de una multa de 30 mil pesos.
El exfuncionario, quien fue inhabilitado del servicio público de manera definitiva, enfrenta otro proceso por el delito de peculado por los 127 millones de pesos de 2012, sin embargo, ese lo seguirá en libertad.
La Silla Rota tuvo acceso a dictámenes elaborados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre los movimientos financieros de las personas físicas y morales que participaron en esa triangulación de recursos de Radio y Televisión. A partir de ellos, este medio investigó los contratos otorgados por dependencias federales en los últimos tres sexenios a estos “factureros” y revisó las condonaciones de impuestos con las que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en las administraciones pasadas, los favoreció. El resultado es, al menos, 30 organismos federales involucrados con estas firmas usadas para el desvío de dinero.
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Este caso de corrupción sólo tenía a una persona en prisión, el excoordinador de Finanzas, y a un prófugo, Sergio I. O., exdirector general de RTVH, únicos acusados por el ministerio público de operar el esquema de dispersión de recursos mediante trabajos simulados. Artífices, según las acusaciones, de idear la estructura para el saqueo, ante la supuesta omisión de las cabezas del poder estatal.