Hidalgo (La Silla Rota).- Por falta de elementos para acreditar el delito, los presuntos asesinos seriales de mujeres en Tula, Hidalgo, obtuvieron auto de libertad en dos de las siete causales penales en su contra.
La inconsistencia en pruebas que presentó el Ministerio Público tuvo a dos personas recluidas por crímenes en los que, según el Juez primero penal de Tula, Raúl García Lozano, no se demostró su culpabilidad –aunque siguen presos por otras cinco posibles muertes, en las que la representación social presentó la misma prueba en su contra: una declaración–. Además, tras la libertad de quienes eran culpables, dos víctimas no tienen justicia.
Sin anteponer la palabra presunto, Omar Gregorio N.R. y Constantino D.T. fueron presentados el 1 de febrero de 2013 por Damián Canales Mena, entonces secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, como los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de mujeres que enlutaron a siete familias.
El 7 de agosto de 2017, cuatro años y siete meses después, el juez de distrito dictó la liberad en la causa 36/2013, en la que estaban inmersos por supuesto homicidio calificado y secuestro agravado en contra de Elda O.G., a quien, según Canales Mena, titular de la División de Inteligencia de la Policía Federal en el gobierno de Enrique Peña Nieto, asaltaron cuando conducía un taxi y, posteriormente, abandonaron, sin vida, en la Segunda Sección de El Llano.
El abogado Adolfo Estrada Díaz, a cargo de la defensa legal de los presuntos homicidas, aprehendidos en el tercer año de mandatado del priísta José Francisco Olvera Ruiz, dijo a La Silla Rota que la evidencia de las muertes que recabó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) fue una declaración confesa, la cual, no obstante, los inculpados rindieron en una casa de arraigo ubicada en calle Nardo, colonia Santa Julia, en Pachuca, cinco días después de ser detenidos.
El arraigo, expuso, fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con excepción de delitos relacionados con delincuencia organizada. Las siete confesionales, indicó, fueron obtenidas bajo esta medida cautelar.
Por esta razón, el 28 de agosto de 2015 el juez primero penal de Tula había decretado la libertad en la causa 35/2013, referente al homicidio y asalto equiparado en contra de una víctima cuyo cuerpo fue hallado con señas de tortura el 25 de enero de 2013 a 45 metros del Puente Roto, en la localidad de San Pedro Alpuyeca.
Esto, recordó el litigante, tras ganar el juicio de amparo 1597/2014-2, y en cumplimiento de la resolución del Juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, quien determinó que se eliminaran todas las pruebas obtenidas mediante arraigo.
Imagen ilustrativa
En la prueba invalidada, Constantino y Omar Gregorio declararon que la mujer abordó su taxi y pidió ser llevada a la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji (UTTT). Ellos, relataron, “se mensajeaban” para ponerse de acuerdo en cómo asaltarla, mientras ella, al darse cuenta, intentaba abrir la puerta para “aventarse”.
El vehículo era conducido por Omar Gregorio, quien, refiere el testimonio que signó, la amagó con una navaja suiza y la llevó a 20 metros de la carretera para arrebatarle su bolsa en la que, añade, no traía nada, así que el acusado le puso cinta canela en el rostro, le cubrió la nariz y ojos mientras ella estaba tirada en el suelo, hasta que dejó de respirar.
Después del segundo amparo, señaló el abogado Estrada Díaz, las autoridades “ya nos dijeron que resultan inverosímiles muchas de las cosas como fueron narradas por parte de los inculpados, entonces vamos a promover esos incidentes para poder obtener su libertad en las cinco causas penales restantes”.
Tortura, método de confesión, alegan
Omar Gregorio, quien, según el expediente 33/2013 que acumula todas las causas, es autor material e intelectual de los siete homicidios (Constantino está involucrado en tres), fue detenido el 31 de enero de 2013 a las 11:00 horas, en Tula, y puesto a disposición de la PGJEH, en la capital del estado, a las 23:00 horas. Según su defensor, fue presionado con tratos crueles y violencia para declarar.
En ese año, el fiscal del estado era Alejandro Straffon Ortiz, inmerso en el juicio de amparo 1078/2016 por posible conflicto de interés al obtener una patente de notario 15 días antes de que terminara el mandato del exgobernador Olvera Ruiz.
La Procuraduría confirmó a La Silla Rota que 12 agentes mencionados en recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) por tortura, la cual acreditó el organismo autónomo mediante la aplicación del Protocolo de Estambul, siguen activos. Los casos ocurrieron en el periodo de Straffon.
La confesión de Omar Gregorio, en la que también están los dichos de su presunto cómplice, fue firmada por el defensor de oficio Felipe de Jesús Brito Noguez, con número de cédula profesional 1921678, según el Registro Nacional de Profesiones (RNP), a quien Estrada Díaz acusa de no haber estado presente durante la declaración y, por lo tanto, no documentar el trato cruel que, dice, tuvieron en contra sus defendidos.
Desde la detención, aseguró, la familia de Constantino recibió hostigamiento; en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula, añadió, fue acosado por los siete asesinatos que le imputan y separados en diversas ocasiones del resto de la población para garantizar su seguridad.
Las muertas de Tula, génesis del feminicidio
Tras el hallazgo de los cuerpos de siete mujeres en la segunda sección del Llano, en Tula (entre noviembre de 2012 y enero del año siguiente), el Congreso de Hidalgo tipificó el feminicidio como delito agravado el 26 de marzo de 2013. Desde esa fecha, la Procuraduría estatal ha iniciado 85 procesos penales por muertes violentas en las que la víctima presentaba huellas de tortura, violencia sexual o mutilación; sin embargo, sólo 24 personas han sido sentenciadas.
Antes de la tipificación del feminicidio, el primer cuerpo localizado en Tula data del 10 de junio de 2012, atrás de los quemadores de la Refinería Miguel Hidalgo, por el que se abrió la averiguación previa 16/III/1578/2012. Tres meses después, el 20 de septiembre, se encontró otro cadáver en la segunda sección del Llano y se inició la averiguación 16/III/2510/2012.
El 28 de noviembre de 2012, atrás de la agencia automotriz Chrysler, y el 20 de diciembre, atrás de los quemadores de la Refinería, también se hallaron restos de mujeres. Por ello se iniciaron las averiguaciones 16/III/2852/2012 y 16/III/3360/2012.
La Fiscal Especial, entonces, declaraba que no pensaban en un homicida serial.
En enero de 2013 se reportaron tres casos, los días 7, 24 y 25 de enero, por lo que la PGJEH inició las averiguaciones previas 16/III/057/2013, 16/II/210/2013 y 16/III/217/2013, respectivamente.
El año de las muertas de Tula, la Procuraduría inició procesos por 11 de estos delitos, pero, de esos casos, sólo hay cinco sentencias; en seis crímenes aún no hay justicia para las víctimas.
En 2014, la fiscalía inició 19 investigaciones por feminicidios, pero sólo hay ocho condenas; en 2015, 20, y 22 más en 2016.
El 14 de agosto fue localizado con huellas de sangre en el rostro y envuelta en una cobija el cuerpo de una mujer en la comunidad de Acelotla, municipio de Zempoala, a 25 kilómetros de Pachuca, la capital de Hidalgo. La fiscalía aplicó el protocolo de feminicidio que, de acreditarse, sería el treceavo en ocho meses.