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Juez de Veracruz resolverá caso de notarías en Hidalgo

Un juez de Veracruz dictará sentencia al amparo 1078/2016, interpuesto el abogado Julio Gálvez Bautista por posible conflicto de interés en notarías

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).- Por resolución del Consejo de la Judicatura Federal, un juez de Veracruz dictará sentencia al amparo 1078/2016, interpuesto el abogado Julio Gálvez Bautista por posible conflicto de interés en la asignación de notarías durante el último año de mandato del exgobernador de Hidalgo José Francisco Olvera Ruiz.

El caso en el que están inmersos quienes presidieron los sistemas de procuración e impartición justicia: Alejandro Straffon Ortiz, exfiscal, y Juan Manuel Menes Llaguno, exmagistrado del Tribunal Superior, así como Mario Souverbille González, excoordinador jurídico del Poder Ejecutivo que condujo el proceso y se adjudicó la titularidad de notaría 8 de Tizayuca, será resuelto por el juez Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Pedro Gerardo Álvarez del Castillo.

Lo anterior deriva del punto de acuerdo C.CAR 39/2017-V, signado el 29 de mayo de 2017 por el Consejo de la Judicatura, por el cual fueron remitidos a ese juzgado, desde el 6 de septiembre pasado, tres tomos del expediente, así como 12 anexos.

Éstos contienen un dictamen en informática y telecomunicaciones realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual resuelve que no es posible acreditar la fecha en la que siete archivos relacionados con el procedimiento fueron subidos al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

El peritaje fue realizado por la probable modificación de archivos que acusó Gálvez Bautista, y tras una fe de hechos que hizo el notario número 3 del distrito de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, el 26 de octubre de 2016.

En ésta, el fedatario constata que seis documentos fueron posiblemente alterados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre de ese año, día en que Olvera Ruiz cedió la gubernatura a Omar Fayad Meneses, así como de la convocatoria con la que inició el proceso, creada, con base en un peritaje particular que presentó la parte acusadora, el 16 de agosto, a las 5:42:54 pm, y modificado por última vez ese mismo día, a las 5:43:04 pm.

Sin embargo, esa convocatoria corresponde a la publicación 28, alcance 4, tomo CXLIX, del 4 de julio de 2016. Esto, expuso el quejoso, muestra que fue elaborado 43 días después de la fecha en la que supuestamente apareció en el diario oficial.

A Víctor Manuel Fayad Meneses, hermano del gobernador Omar Fayad, que recibió la titularidad de la notaría 5, de Apan, durante el sexenio de Manuel Ángel Núñez Soto, Francisco Olvera le concedió el cambio de adscripción a la número 21, de Pachuca, por lo que está incluido en el proceso legal.

“Mi hermano es notario desde hace once años, no se la dieron en esta administración, (pero) hace dos años había pedido su reubicación y a mí también me llamó la atención que de último minuto se pudiera su reubicación, así que yo le tuve que decir: ‘mira, esto está en manos de un juez federal, y, cuando los jueces federales decidan, yo habré de cumplir, sea quien sea, incluido mi hermano”, afirmó el exsenador el 16 de noviembre de 2016, dos meses después de que Julio Gálvez –quien no pudo participar en el procedimiento– promoviera el amparo, en una entrevista posterior a la firma de acuerdos de la Comisión Permanente Estado-Municipios, en el marco del Sistema Estatal Anticorrupción.

Entre los beneficiarios de la entrega de 16 patentes de notario, así como siete cambios de adscripción, está el notario número 16 del distrito judicial de Tula, Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y Enrique Vieyra Alamilla, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado.

Desde el pasado 25 de octubre, 30 días después de ceder la titularidad del Poder Ejecutivo a Fayad Meneses, Olvera Ruiz reinició funciones como corredor público número 3, en Pachuca; sin embargo, el 3 de noviembre fue habilitado por la Secretaría de Economía (SE) en la Correduría 89, de la Ciudad de México.