MONTERREY.- Mientras Baja California vive a diario entre el delito común y la violencia del crimen organizado, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del estado (CCSPBC) -organismo que sigue con ojo crítico la estrategia gubernamental para enfrentar la incidencia delictiva en el estado- se ha convertido en el centro de la nueva disputa entre gobierno e iniciativa privada.
TAMBIÉN LEE: Jaime Bonilla alista su salida... "regalando" notarías a sus cercanos en BC
Su presidente, Juan Manuel Hernández Niebla, un contador y empresario que antes encabezó organismos de la iniciativa privada, no abre fuego directamente contra la administración de Jaime Bonilla (con quien dice llevar una buena relación personal), pero cuenta que el trabajo con la fiscalía de Guillermo Ruiz Hernández se ha diluido.
Mucha de la información que se nos proporcionaba para poder hacer métricas de desempeño de la fiscalía, dejaron de fluir. Primero nos las daban muy fácil, después no nos las dieron tan fácil, y luego ya no nos las dieron
De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), Baja California es el quinto estado del país en materia de incidencia delictiva con 56 mil 264 delitos entre enero y julio de este año.
También está en el número uno como el estado con más víctimas de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes.
José María Ramos, profesor-investigador del Colegio de la Frontera Norte (Colef), dice que organismos como el CCSPBC están enfrentando el reto de fortalecer su pluralidad para convertirse además de en un ente crítico, en una fuente de propuestas.
“Ha cumplido, yo diría, parcialmente. Porque lamentablemente ese tipo de instancias generalmente se politizan bastante”, dice el integrante del Departamento de Estudios de Administración Pública.
La prueba, agrega, es que desde su creación a mediados de la primera década del 2000, no han sido decisivos para la disminución de la incidencia delictiva.
Las posiciones dentro del consejo son honorarias, la presidencia dura tres años y puede ser reelecta una vez, como fue el caso de Hernández Niebla que encabezó el organismo durante la segunda parte del sexenio del panista Francisco “Kiko” Vega, y en los dos años de la administración del morenista Jaime Bonilla Valdez.
EL INICIO DE LAS HOSTILIDADES Y LA RENOVACIÓN
En mayo de este año, el CCSPB recurrió a tribunales cuando la Secretaría General de Gobierno (SGG), encabezada por otro cercano del gobernador, que es Amador Rodríguez Lozano, modificó el reglamento del consejo ciudadano.
El cambio de la administración estatal morenista fue para incluir en el organismo al ejecutivo estatal, a la SGG y a los titulares de los centros penitenciarios, aumentando las sillas de los representantes del gobierno.
El presidente lo consideró un intento de controlar el consejo, y tres meses después, el nuevo conflicto es por la renovación de la presidencia del CCSPBC.
El plazo establecido en la convocatoria para esa elección terminó el 15 de junio sin que la Fiscalía General Estatal (FGE), convocara a sesión con el entonces presidente de la comisión de Seguridad Pública del congreso local, el morenista Víctor Morán Hernández.
A la sucesión de la titularidad del Consejo se registraron tres representantes de los sectores empresarial, académico y social, todos impulsados por el actual consejo, reconoce el mismo Hernández Niebla.
No nos han dado información oficial de por qué no se ha hecho (la selección). Los rumores que se escuchan es que aparentemente no les gustaron los candidatos y están pensando en abrir una convocatoria nueva
Y ese rumor parece acertado, según la explicación que dio el fiscal general Guillermo Ruiz Hernández sobre el empantanado proceso de renovación.
Considera que hacen falta más nombres para elegir, piensa que quizá 5 o 7, porque también cree que en el CCSPBC ha faltado pluralidad.
“Sí. Faltó mayor difusión. Necesitamos darle mayor difusión a la convocatoria”, respondió.
En cambio, el todavía presidente, que dice se sostiene en medio del vacío de poder gracias a un artículo transitorio, afirma que legalmente no hay un mínimo de registros para llevar a cabo la insaculación.
Creo que esto sería un intento adicional de tratar de interferir en el concepto ciudadano o la esencia ciudadana que el consejo debería de tener. Esperemos no sea el caso, aquí nada más te estoy hablando de lo que se escucha
La fiscalía habría intentado impulsar a otro empresario, un proveedor de equipos de seguridad durante las administraciones del Partido Acción Nacional (PAN), aunque el fiscal general niega tener nombres para proponer.
No queremos eso, los ciudadanos se tienen que registrar y tienen que mostrar interés en esas actividades
En eso coincide nuevamente con el investigador del Colef, quien dice que hasta ahora la participación ciudadana ha sido predominantemente empresarial.
“El sector empresarial es sensible, está consciente de los problemas, pero en muchos casos desconocen las problemáticas reales, la forma de funcionar del gobierno, los mecanismos de gestión y políticas públicas diferenciadas, los contextos sociales”, comenta José María Ramos.
EL TIEMPO CORRE Y LA DELINCUENCIA SIGUE
El pasado 1 de agosto tomó protesta el nuevo Congreso local, los nuevos ayuntamientos se instalarán el primero de octubre, y el primero de noviembre llegará la nueva gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda
De acuerdo con el fiscal Ruíz Hernández, la fiscalía emitirá una nueva convocatoria, aunque no precisó si en el transcurso de esta gubernatura, o esperará al nuevo gobierno, con el que compartirá 3 años de trabajo.
Mientras tanto, el crimen sigue su curso cotidiano en los asesinatos diarios en Tijuana donde van más de 1,300 víctimas, en la seguridad a cargo del ejército y el estado en Rosarito donde fue desarmada la policía, y en los delitos que golpean directamente a la clase trabajadora.
“Es fundamental partir y sobre todo priorizar las alternativas que respondan a las demandas de los actores que han sido más desfavorecidos: el pequeño y mediano comercio. Los asaltos, los robos que se dan en colonias populares”, destaca el profesor investigador del Colef.
Del otro lado, Hernández Niebla asegura que no tiene interés en ninguna candidatura, que declinó a diversas ofertas para integrarse al aparato de gobierno panista y que no planea que eso suceda con el gobierno de Marina del Pilar.
Es algo que no me gustaría ni pensar. A mí me encantaría poder ser asesor del gobernador o la gobernadora. Manejo temas económicos, temas de seguridad, y no me interesa un puesto público. No necesito
Sobre su sucesión dice que una nueva convocatoria no tiene sentido porque no hay impedimentos para terminar el proceso en curso.
“Eso sería completamente ilegal y también se haría sujeto a un amparo”, adelantó el también invitado permanente de la sociedad civil en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
rst