PACHUCA.- De las 84 autoridades municipales salientes de Hidalgo, 57 incumplieron con la obligación de transparentar información pública en sus respectivos portales de internet, denunció la diputada local Areli Miranda Ayala.
Esto lo informó luego de presentar una reforma a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo a fin de obligar a las actuales y futuras autoridades municipales a garantizar la operación y continuidad archivística de los datos generados durante el tiempo que duren en la encomienda a través de del uso de tecnologías de la información.
Al abordar la tribuna, la legisladora señaló que el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de Hidalgo informó que 67 autoridades a nivel estatal fueron sancionadas por opacar información pública.
De ellas, 57 corresponden a ayuntamientos que el pasado 4 de septiembre finalizaron su encomienda; además, le siguen siete sindicatos y tres partidos políticos. Cabe señalar que la legisladora no reveló los nombres de los sujetos obligados opacos.
Las sanciones fueron impuestas por haber incumplido con la obligación de publicar la totalidad de sus obligaciones de transparencia en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional de Transparencia”.
Estas irresponsabilidades, dijo, “se ha convertido en un problema que no solo afecta directamente a los ciudadanos y su percepción de opacidad hacia los gobiernos municipales, sino que también obstaculiza los procesos de entrega recepción de las autoridades municipales entrantes”.
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Por ello, en la reforma propuso reformar el artículo 26 y adicionar los artículos 26 Bis y 26 Ter de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo para que los ayuntamientos, como sujetos obligados, organicen y conserven los documentos de sus ejercicios y funciones en un sistema institucional de archivo.
De esta forma, se garantizará su operación y continuidad archivística, privilegiando el uso de tecnologías de la información, que permitan el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales de una forma veraz, oportuna y actualizada.
sjl