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Impunes el 96% de los casos del sistema de justicia en Hidalgo

De acuerdo al informe Hallazgos 2018, en evaluación y seguimiento al sistema de justicia penal en México, la mayoría de los casos presentó deficiencias

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- Hidalgo presentó 96 por ciento en el índice de impunidad, de acuerdo con el documento Hallazgos 2018: Seguimiento y evaluación del sistema de justicia penal en México.

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La cifra refiere que el sistema de justicia no logró una respuesta satisfactoria en el mayor número de los casos registrados y presentó deficiencias tanto en las condicionantes laborales, como en el desempeño de proporcionar justicia a los ciudadanos.

Guanajuato, Querétaro, Puebla, Campeche y Baja California, presentaron los menores niveles de impunidad, en tanto que las tasas más altas fueron de Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Tabasco y Baja California Sur, con una media nacional de 96.1 por ciento. 

FALLAS EN EL SJP

El informe de México Evalúa enumera algunas de las razones por las cuales se presenta esta situación de impunidad, entre las que destacan la falta de personal para atender los casos, el desconocimiento de las leyes para aplicarlas, o la desconfianza de la población hacia las autoridades para interponer una denuncia.

En el caso de Hidalgo, en 2018,  recibió 243.7 millones de pesos, del presupuesto de Fondo de Aportaciones para Seguridad Pública (FASP), asignados para tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación policial y para desarrollo, profesionalización y certificación policial.

No obstante, el estado presenta un déficit de personal en las procuradurías o fiscalías estatales. Por cada 100 mil habitantes existen en promedio 15.4 policías ministeriales o investigadores, 11.1 fiscales y agentes del ministerio público; 5.9 peritos; 4 en atención y/o protección a víctimas del delito; 1.2 jueces en el sistema de justicia penal acusatorio y 2.1 defensores públicos.

Además, es uno de los cuatro estados que continúan trabajando bajo el esquema de Procuraduría; mientras el resto de las entidades federativas han transitado o iniciado procesos de transición de procuradurías a fiscalías, con la finalidad de contar con órganos autónomos y profesionales.

Otro de los factores que influye en la operación del SCJ es el índice de confianza que la población tiene hacia las autoridades, donde Hidalgo está por debajo de la media nacional (-7.8 por ciento) con -5 por ciento.

La Ciudad de México se encuentra en el primer lugar de falta de confianza en las autoridades, con un -28.2%, en contraste, Yucatán es la entidad federativa que tiene mayor confianza en sus autoridades, con 11.4%

De acuerdo con los datos del estudio, en 2018 se iniciaron poco más de dos millones de carpetas de investigación por alguno delito en las fiscalías del país.

El porcentaje de resolución de casos en sede judicial a nivel nacional, es decir, las causas penales que fueron finalizadas durante 2018 fue de 56.5 por ciento para Hidalgo. Un 15.9 por ciento que derivaron en un juicio oral. El resto continúa en trámite. Por lo que respecta a las audiencias canceladas, registró solamente un 6 por ciento. Además 89 por ciento de las carpetas de investigación iniciadas en 2018 fueron sin detenido.

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REZAGO EN EL SISTEMA PENAL

En cuanto a los avances sobre la ejecución del sistema penal acusatorio, que por ley entró en vigor desde junio de 2016, el documento considera que ninguna entidad ha conseguido implementarlo a cien por ciento.

Hidalgo ha cubierto 258 puntos de un mínimo de 800. Querétaro es el estado mejor ranqueado con 625 y Guerrero es el menor con 211.

En un diagnóstico para Hidalgo, sobre el estado que guarda la implementación del SJP realizado en el primer trimestre de 2019 por México Evalúa, se observó que pese a la inversión financiera que se ha hecho para generar y sistematizar información estadística, existe una problemática consistente y generalizada en las instituciones operadoras del SJP para el registro de la información.

Entre las diversas deficiencias se cuenta la duplicidad de registros entre áreas. Además, del uso de libros de gobierno y falta de un mecanismo institucional para aprovechar la información en la toma de decisiones, elaboración de informes o incluso transparencia en la información.

Se espera que en los próximos meses la entidad cuente con un plan interinstitucional de fortalecimiento y consolidación del SJP, que involucre igualmente un proceso de generación y procesamiento de información y que posibilite el seguimiento continuo.

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