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Funcionarios de Pachuca pidieron detención de Martha, víctima de abuso policial

Martha informó que Alexander Peñafiel y Alfonso Rico clausuraron la clínica sin previa notificación y pidieron intervención policial sin orden de cateo

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- Los responsables en llamar a los policías que ayer agredieron a los propietarios de una clínica en Pachuca fueron Alexander Peñafiel Álvarez y Alfonso Rico Morales, titulares de las direcciones de Reglamentos y Protección Civil, respectivamente.

Así lo indicó en entrevista Martha Posadas Manzano, de 57 años de edad, quien la tarde del lunes fue golpeada y detenida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Pachuca, al igual que su esposo Rubén Plaza González, de 62 años.


El matrimonio administra desde 2020 el centro terapéutico Máximo Poder Mental, ubicado en la calle Diamante, colonia Punta Azul, negocio que fue clausurado después de una inspección; sin embargo, Martha y Rubén denunciaron que las autoridades se presentaron a clausurar sin que existiera notificaciones previas.

Como yo no firmé la clausura, ellos se empezaron a cuchichear, recibían llamadas telefónicas, hablaban mucho por teléfono. El director (Alexander Peñafiel) con la gente que venía y el que se apellida Rico (director de Protección Civil) mandaron traer a los de la policía”.

AGENTES LLEGARON  

Martha es la mujer que aparece en el video que se viralizó, se observa a policías someterla mientras ella grita que no puede respirar. Previo a la detención funcionarios de la alcaldía de Pachuca hicieron una inspección, los policías llegaron dos horas después.

La evaluación comenzó a las 13:30 horas, al lugar entró Alexander Peñafiel Álvarez, director de Reglamentos y Espectáculos; Alfonso Rico Morales, titular de Protección Civil, así como los auxiliares Arón Alejandro Vázquez Martínez, Miguel Ángel Olvera y dos personas más que se negaron a identificarse, dijo Martha.

Tras la revisión, el director de Reglamentos le notificó que clausuraría la clínica porque no tenía vigente la licencia de funcionamiento.

El documento venció el pasado 3 de febrero y ya estaba en trámite porque Martha mencionó que acudió de manera presencial a un módulo de la alcaldía, localizado en el estacionamiento de Plaza Galerías y nunca recibió orientación de que lo podía tramitar digital.

Los funcionarios me dieron sus nombres, yo los anoté y pasamos a la recepción, el director (Alexander) estuvo diciendo que me iban a clausurar, que porque no tengo licencia, efectivamente, está en trámite”.

Martha solicitó a los funcionarios municipales unos días para actualizar su documento, ya que nadie le avisó que se realizaría una inspección la tarde del 14 de febrero.

Sí me molesté y les dije que no podían clausurar porque no estaban notificando, que antes de proceder con los sellos primero me tenían que notificar (…) El director de Reglamentos me dijo: ah no, me vas a pedir ayuda y no te voy ayudar. Yo le respondí que no necesitaba ayuda, solo que me notificaran porque soy responsable y quiero tener mis permisos porque me quiero manejar bien, rectamente”.

Posteriormente, los funcionarios colocaron cuatros sellos en la fachada de la clínica, mientras que la dueña se negó a firmar los documentos, después llegaron los policías a petición del director de Reglamentos y el titular de Protección Civil, acusó Martha.

POLICÍA NO TENÍA MANDATO JUDICIAL

De acuerdo con Martha, la terapeuta y una becaria que colabora en la clínica, cerca de las 15:30 horas llegaron a Punta Azul ocho patrullas municipales, seis camionetas tipo Pick Up y dos autos.

Al tiempo que arribaron los elementos de seguridad también lo hizo Rubén, también dueño del centro médico, quien le pidió a los oficiales exhibir el documento legal u orden de cateo que permitía el ingreso de los uniformados al centro terapéutico, pero lo golpearon.

Se metieron y les dije que se estaban violentando mis derechos sin una orden de cateo o de un juez, les dije que si traían los documentos los dejaba pasar, pero ya no me dejaron explicar nada y nos empezaron a sacar a jalones”, dijo Rubén.

A partir de ese momento los elementos de seguridad sometieron al matrimonio, lo subieron a la unidad sin explicar el motivo y lo trasladó a la barandilla, ubicada en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, sobre bulevar Minero.

Martha indicó que en el trayecto fue agredida verbalmente, pero ni ella o su esposo identificaron a los policías porque se quitaron la placa, la cual sí portaban cuando llegaron a la clínica.

Todavía en el trayecto me llevaron esposada, agarrándome como si me hicieran una llave. Me decían: ahorita vas a ver hija de la chingada, vas a ver lo que es bueno”.

LA ESTANCIA EN BARANDILLA

Previo a ingresar a barandilla, Martha narró que los elementos de seguridad les tomaron fotografías con una cámara profesional, pero también con varios celulares, los cuales sospecha que eran de los policías que la arrestaron.

Asimismo, indicó que antes de salir del lugar, como parte de los trámites le pidieron firmar un documento donde ella y su esposo debían aceptar que habían cometido una infracción, aunque no les indicaron cuál.

Yo lo leí y con ayuda de mi abogada le dije que no lo podía firmar, porque si yo lo firmaba aceptaba, como si hubiera comedido un delito”.

Del área de retención el matrimonio salió a las 18:30 horas. Martha dijo que antes de abandonar el lugar la titular de Seguridad Pública, Adriana Yamileth Salazar, les informó la suspensión de los policías involucrados.

Asimismo, agregó que las autoridades de la alcaldía la han buscado desde entonces para reunirse con el alcalde Sergio Baños, pero mencionó que primero necesita valoración médica para ver las afectaciones en su cuerpo porque le duele la espalda y se cansa al hablar, consultas que correrán por su cuenta.

También tiene marcas en las muñecas, las rodillas, los hombros, axilas, frente y pómulo; mientras que su esposo presenta lesiones en el lado izquierdo de la espalda.

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Martha y Rubén analizan si procederán por la vía penal contra los policías. Los dos realizaron un llamado para que los servidores de todos los niveles de gobierno sean capacitados para despeñar su puesto con empatía.

LSR Hidalgo solicitó a la alcaldía de Pachuca informar si los funcionarios de Reglamentos y Protección Civil tienen procedimientos abiertos para determinar responsabilidades, al igual que los policías. Al momento de esta publicación el ayuntamiento no había emitido información al respecto.

Sin embargo, durante la mañana, el alcalde Sergio Baños Rubio compartió un comunicado en el que afirma que se mantiene en contacto con los afectados, aunque ellos lo negaron.


Fotografías de Lorena Rosas


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