TUXTLA GUTIÉRREZ.- A la doctora Paulina la hallaron muerta en la azotea del departamento que rentaba; el cuerpo de la judoka Jade pendía de una de las tribunas del Instituto del Deporte (Indeporte) con un cordón atado en su cuello; a Karla la violaron y luego, ya muerta, le pasaron encima las llantas de una camioneta.
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En todos estos casos, los cuales se registraron en la capital chiapaneca, la Fiscalía General del Estado (FGE) evadió tratarlos como feminicidios, pues en los primeros dos apuntó “suicidios” y en el último “homicidio imprudencial”.
Ante esto, padres, madres y otros familiares de al menos cuatro víctimas de feminicidio comenzaron este lunes un recorrido por varias entidades del país, como parte de una caravana con la que buscan justicia, hasta llegar a la Ciudad de México donde, si no las atienden, también iniciarían una huelga de hambre.
Fotos Christian González
El primer punto a visitar es Juchitán, Oaxaca y luego la capital del mismo estado; asimismo se dirigen a Veracruz, luego a Tehuacán, Puebla, a su capital y a San Martín Texmelucan, y así arribar a la CDMX el próximo 8 de marzo.
En todos esos sitios por donde pasen efectuarán mítines, por lo que esperan que más familias con sed de justicia se unan y también “alcen la voz” ante la impunidad.
Si algo las convence de que tienen que hacer una caravana, aseguró Maricruz Velasco Nájera, mamá de una víctima y presidenta de la Fundación “Karla Velasco” (en honor a su hija), es porque en Chiapas los feminicidios “son maquillados” como suicidios, y sobre todo la demora con la que actúan las autoridades para resolver los hechos.
LA CRUDA REALIDAD EN CHIAPAS
Desde que se activó la Alerta contra la Violencia de Género (AVG) en noviembre de 2016 (hasta la fecha), en Chiapas han ocurrido cerca de 800 muertes violentas de mujeres, de las cuales al menos 370 han sido feminicidios, de acuerdo con datos del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres.
En la geografía chiapaneca, 7 municipios tienen la AVG: Chiapa de Corzo, Tapachula, Tuxtla, San Cristóbal, Villaflores, Tonalá y Comitán. De hecho, están identificados dos corredores del feminicidio: uno en toda la Costa y el otro de Comitán hacia la Selva.
DATOS OFICIALES, MUY ALEJADOS DE LA REALIDAD
A pesar de que la realidad es otra, la Fiscalía General del Estado (FGE) maneja cifras diferentes, pues en el 2016 reportó solo 32 feminicidios, en el 2017 cerca de 31, en el 2018 solo 23, mientras que en el 2019 apuntó 19 y en 2020 cerró con 29.
Las cifras oficiales, sin duda, no cuadran con las del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres, misas que apuntan que en 2020 la geografía estatal cerró con 176 muertes violentas, de las cuales al menos 67 están catalogadas como feminicidios y 87 como tentativa de feminicidios. Es decir, 38 casos más considerados como feminicidios consumados, comparado con los datos de la FGE.
Solo en enero de este año, advierte, se han registrado 18 muertes violentas de mujeres y nueve tentativas de feminicidio. A finales de este mes, se dio uno de los casos más mediáticos, el de la doctora Mariana Sánchez, al parecer asesinada en la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo.
En este último, la FGE también argumentó que se trató de asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento, pero ante la presión social, tuvo que cambiar el protocolo de investigación por feminicidio.
Entre otros datos, en 2019, el mismo Observatorio Feminista contabilizó 199 muertes violentas, de las cuales 84 feminicidios y 74 tentativas de feminicidios; en 2018 la cifra alcanzó los 164 decesos violentos, de los cuales 54 fueron feminicidios y 62 tentativas de feminicidios.
Asimismo, en 2017 se alcanzaron las 217 muertes violentas, con 84 feminicidios y 53 tentativas de feminicidios, mientras que en 2016, año en que se echó andar la AVG, hubo 143 fallecimientos con violencia, de los cuales 81 están tipificados como feminicidios y 41 más como tentativas.
LOS FEMINICIDIOS CONSUMADOS
El 14 de enero, pero del año pasado, a la joven Jade Yuing Gómez la hallaron colgada dentro del Indeporte de esta ciudad. El primer dictamen apuntaba que se trató de un suicidio, pero Adriana Gómez Martínez está segura de que a su hija la asesinaron.
La judoka y estudiante de la Escuela Secundaria Técnica “Manuel Velasco Suárez” fue encontrada muerta supuestamente tras amarrarse un cordón en el cuello en una de las gradas de una tribuna de ese espacio deportivo.
Según las pesquisas, se presume que dejó una carta póstuma que fue hallada por un intendente en el lugar. No obstante, hay pruebas que avalan que se trataría de un “feminicidio encubierto”: la FGE advirtió que la menor se colgaría con un listón naranja, cuando en realidad era rojo, o que la tipografía de dicha carta póstuma, con base en unas pruebas periciales (grafoscopía), no correspondían a la letra de la muchacha.
Se descubrió que otra de las inconsistencias es que no hubo levantamiento de genética forense, ni de las huellas ni declaraciones de los autores inmediatos dentro de la carpeta de investigación.
Entre otras cuestiones, la madre o el padre de Jade no fueron llamados por la dirección de la escuela, ni a los servicios de emergencia, entre otros “detalles” que, de alguna manera, empañan el proceso.
Uno de los principales sospechosos es el conserje de ese centro escolar quien, al momento de hablar del tema, reconoció que antes del “suicidio” ya sabía de la carta póstuma, la cual él encontró a 30 metros de donde pendía el cuerpo de un listón.
Incluso, la madre revela que un día antes del “crimen”, a su hija la obligaron a firmar vales de comida “que no ingirió”; sin embargo, destaca que, por ese detalle, le advirtió a ella que ya no regresaría al Indeporte; “no sé quién la obligó, pero me imagino que fue su maestro, el mismo chef de la cocina”.
De acuerdo con ella, quien le avisó del “suicidio” fue Miguel Pérez, amigo de su hija, quien se enteró por medio de otro compañero de disciplina de Jade, de nombre Jorge.
Según su relato, al principio le dijeron que su hija fue hallada en el baño, pero cuando llegó al lugar, no estaba ahí, sino que pendía en una de las gradas del área de patinaje.
Pero las “irregularidades” continúan supurando. De acuerdo con las evidencias, el primero en acordonar el área fue el Indeporte, cuando esa acción le competía a la FGE.
CASO KARLA
A Maricruz Velasco Nájera le desespera que la justicia por el feminicidio de su hija Karla Yesenia Gómez Velasco, quien hoy tendría 23 años de edad, aún no llegue, a casi tres años de ese suceso que, sin duda, le cambió la vida no solo a ella, sino a toda su familia.
Aunque Marvin “N”, el principal sospechoso del feminicidio, está en prisión, la incertidumbre se apodera de su paciencia porque, en primer lugar, el imputado no recibe una sentencia condenatoria, y lo más triste: quienes se encargan de impartir justicia en el estado sureño aún se rehúsan a reconocer que se trató de un feminicidio.
Otra de las piedras en el zapato ha sido esta pandemia, pues desde que comenzó la fase uno, o al menos cuando a ella le tocaba presentar más pruebas o testigos (a mediados de marzo de 2020) las puertas de los juzgados y del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14 donde tiene que presentarlas, están cerradas. De hecho, están en la etapa oral.
Karla Yesenia, quien cursaba la carrera en Derecho y era parte del equipo de campaña del entonces candidato a la alcaldía por Tuxtla Gutiérrez, Carlos Penagos Vargas, fue encontrada muerta el 4 de julio de 2018 por la noche en la colonia Ampliación Francisco I. Madero de esta ciudad. A pesar de todo, el político tuxtleco “les dio la espalda” a la familia.
En ese sentido, su madre recuerda que de hecho el día que acudió al Servicio Médico Forense (Semefo) le impidieron ver a su hija, quien vivía en la colonia Las Granjas, al norte oriente de esta capital.
La joven tenía cuatro costillas quebradas, y debajo de la boca del estómago también presentaba golpes. Según las versiones de los vecinos del lugar donde hallaron asesinada a la joven, se escuchaban sus gritos y súplicas.
Entre otros sindicados, aparecen los nombres de Laura “N”, jefa inmediata de Karla; sus hermanas y el chofer de nombre Marvin.
El que este último esté en prisión, se debe a que ella ha presionado, junto con su esposo, a las autoridades por medio de ruedas de prensa y manifestaciones pacíficas, incluso una frente al Congreso del Estado en el 2019, cuando arribó a Chiapas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
EL SICARIO RAFAEL, EN LA MIRA POR CRIMEN DE PAULINA
Nora Margarita está convencida de que su hija, Lissette Paulina Gómez Zenteno, de 33 años de edad, no pudo haber tomado un par de calcetines y colgarse de una varilla para quitarse la vida.
El 21 diciembre por la noche de 2019, la joven especialista en otorrinolaringología, originaria de la Ciudad de México pero que desde hace cuatro años vivía en Tuxtla Gutiérrez, apareció muerta en la azotea del departamento que rentaba en esta capital, a la altura de la 17a Norte, entre 2ª y 3ª Oriente.
No obstante, la “corazonada” y las inconsistencias que detectó la mamá, dejaron en “entredicho” la actuación de la FGE que, hasta la fecha, no muestra avances del caso.
Hay tantas “anomalías” que, confiesa Nora Margarita Zenteno Juárez, no puede determinarse que su “pequeña” se suicidó, como lo ha querido manejar su exyerno Jesús Rafael Trujillo Silva, de 26 años y oriundo de Michoacán, quien no esperó más tiempo y el 18 de abril del año pasado se casó con otra mujer, al parecer originaria de Tuxtla.
“Mi Pau y él se casarían en este febrero del año pasado, ¡y mira!”, advierte la entrevistada, quien agrega que inclusive es probable que “mi hermano Enrique y mi cuñada Alma Leticia”, quienes le rentaban a su hija el departamento de la planta baja de un edifico de tres pisos, estén inmiscuidos en lo que parece ser un crimen planeado.
Para ella, asegura, no es posible que esta última le ocultara la violencia que vivió, al menos durante un año, Paulina a manos de su pareja.
Doña Nora tiene más evidencias: posee fotografías que ella misma le tomó a “Pau”, como le dice de cariño, cuando estaban a punto de “prepararla” en la funeraria: “En la necropsia se determinó que ella estuvo mucho tiempo hincada, o sea que Rafael la descolgó antes y la dejó tirada; ahí se ve cada marca en su cuerpo”.
Pero aparte del dictamen forense, también cuenta con el negro historial de su exyerno: en mayo de 2019, entró al departamento de su hija, pues también contaba con unas llaves que ella le dio, y, primero, escuchó gritos, para luego ver que Lissette estaba amarrada boca abajo: tenía sujetadas, con lazo, ambas manos y pies hacia la espalda, y dicho lazo también abarcaba su cuello.
El sujeto, de al menos 120 kilogramos y de 1.80 metros de estatura, salió del cuarto y amenazó a Nora con matarla, “con partirme la madre”, confiesa la mamá.
De acuerdo con Nora, desde un principio de la relación “no le latió” Jesús Rafael como el novio de su “niña”, y la situación empeoró cuando, el mismo michoacano, les confesó a ella y a su esposo que había sido asesino a sueldo en su tierra natal.
El mismo Jesús Rafael, añade, también les advirtió que perteneció al Cártel del Golfo y que, asimismo, tenía “mucho poder porque dos funcionarios de alto rango lo protegían, y que al final de cuentas gozaba de muchos privilegios”.
Según ella, el joven michoacano le había confesado a su novia que no solo mataba gente, sino que antes de eso les arrancaba la piel, como una forma de tortura.
Con base en más evidencias, se descubrió que Jesús, al siguiente día de la muerte de su “amada”, acudió a algunos negocios en donde habían hecho sus “apartados” para la boda, como el vestido de novia, para que le devolvieran el dinero que dieron.
Otro dato que les “da de qué pensar”, es que este sujeto, tras la muerte, continuó en el departamento por unos días, y al parecer se llevó pertenecías de ella, como alhajas y dinero.
Nora Margarita está casi segura que la FGE actuó con negligencia, pues en ningún momento los agentes policiacos y fiscales la escucharon cuando les advertía que el probable criminal era la misma pareja de Paulina.
Ante este “viacrucis” que viven sobre todo las madres de las víctimas, lo único que auguran es obtener el respaldo de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México y que las muertes de sus hijas se investiguen con perspectiva de género, “porque estamos cansadas y preocupadas de todo lo que ha pasado, de la lentitud de los procesos”, acusó Maricruz Velasco.
En el caso de Jade, dijo su mamá, acudirán también ante la Comisión Nación del Deporte (Conade) para exigir una investigación y la destitución de la actual directora del Indeporte, Tania Robles, quien según ella “no ha dado la cara”.