PACHUCA.- Luego de permanecer más de un año recluido y acusado por uso ilícito de atribuciones, Raúl C.B., exalcalde de Mineral de la Reforma, busca reparar el daño económico por más de 9 millones de pesos en agravio a la administración municipal para salir de prisión.
Así lo informó en entrevista su abogado defensor, Adolfo Estrada Díaz, luego de la audiencia de la causa penal 461/2020 que se desahogó a las 15:00 horas en los Juzgados Penales de Control, Juicio Oral y Ejecución del Primer Circuito Judicial de Pachuca.
Tras la audiencia de este lunes se fijó un plazo de 48 horas para que el exalcalde, a través de su abogado, realice la petición para concluir su proceso sin llegar a la etapa de juicio y presentar un plan para resarcir el monto de 9 millones 678 mil 9 pesos con 85 centavos que se le imputan.
"Ya tenemos el plan, haremos la presentación el día miércoles o jueves, el Código (Penal) es muy claro, lo que se pretende es que él (Raul C.B.) acepte la responsabilidad y se va a ahorrar llegar a un juicio, que no se le condene y a cambio la víctima (el municipio) será beneficiada porque va a recibir una cantidad".
Por cuestiones de seguridad, Estrada Díaz omitió mencionar el monto económico que el exalcalde de extracción panista prevé erogar con recursos propios, donaciones de familiares e incluso con algunas propiedades.
Asimismo, puntualizó que el día que el juez de control avale la suspensión condicional del proceso se decretaría la libertad inmediata del exedil que encabezó la administración municipal 2016-2020.
Él (Raúl C.B.) quiere dar cumplimiento sin entrar a dirimir en juicios de si tiene razón o no, es una renuncia expresa que hacemos al juicio con la finalidad de poder dar cumplimiento y obtener como beneficio la libertad el mismo día que realicemos el planteamiento”.
Estrada Díaz indicó que hasta el momento Raúl C.B. cumple los requerimientos de la suspensión condicional toda vez que es la primera ocasión que solicita el beneficio y que la media aritmética de prisión no rebasa los cinco años.
En caso de que en la próxima audiencia no se otorgue la suspensión, el defensor mencionó que optarían por continuar a la etapa de juicio fijada para la primera semana de febrero, toda vez que un juicio de amparo demoraría más el procedimiento.
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La presunta comisión de uso ilícito de atribuciones y facultades en su modalidad agravada mantiene al exalcalde en prisión preventiva desde que un juez de control lo vinculó a proceso la noche del martes 8 de septiembre de 2020, por presuntamente realizar pagos por 6 millones 252 mil 172.47 pesos y 3 millones 425 mil 837.38 pesos a dos empresas con dinero que pertenecía al Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal.
DATO
El Código Nacional de Procedimientos Penales establece en su artículo 195 que el plazo de suspensión condicional del proceso no podrá ser inferior a seis meses ni superior a tres años, por lo que un juez determinará imponer al imputado una o varias condiciones que deberá cumplir.
sjl