GUADALAJARA.- Eva tenía 15 años cuando fue víctima de abusos sexuales y violación por parte de su tío. Producto de esta violencia sexual resultó embarazada. Cuando fue a interponer la denuncia, Eva tenía 21 semanas de embarazo y aunque sus padres solicitaron a la Secretaría de Salud Jalisco la interrupción del embarazo, las autoridades le negaron el servicio.
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Tras la negativa, Eva no tuvo otra opción más que viajar a la Ciudad de México para practicarse una Interrupción Legal del Embarazo. Gracias al acompañamiento del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tuvo la oportunidad que acudir a una clínica donde le informaron que podrían practicarle el aborto, pero sólo mediante un procedimiento quirúrgico semejante al de una cesárea.
En el caso de las niñas, como lo fue Eva, advierte el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), las maternidades infantiles forzadas constituyen tortura.
Por un lado, “exhiben la ineficacia de las políticas estatales de prevención” y, por el otro, “el control de los cuerpos de las niñas trasladado al Estado, que ejerce sobre ellas la violencia patriarcal, hasta lograr que sean madres”.
Aunque Eva consiguió abortar, ha experimentado episodios de ansiedad, depresión y aislamiento. Todo esto generó la modificación de su proyecto de vida, la afectación de la economía de su familia, la ruptura de los lazos familiares y de sus relaciones sociales.
DISCRIMINACIÓN
Luz Elena es una mujer joven purépecha, originaria de Michoacán y migrante interna. En febrero de 2020 tuvo a su primera hija, después de una jornada de más de 24 horas en las que trabajadoras médicas del Hospital Civil Nuevo de Guadalajara la sometieron a actos de violencia obstétrica y tortura por discriminación.
Le negaron la atención, la hicieron permanecer en una sala de espera sin medicamentos, aunque sufría dolores fuertes, le hicieron comentarios despectivos en relación con su origen purépecha e intentaron obligarla a un procedimiento quirúrgico que ella no deseaba.
Luz Elena y su mamá, Esperanza, que siempre la acompañó, cuentan esta historia de tortura, conscientes de que no son ni las primeras ni las últimas mujeres indígenas que la han sufrido. Recuerdan el miedo de muerte y el sufrimiento que implicó aquel momento, y que ahora, las lleva a exigir un acompañamiento y trato digno para todas las personas sin importar su origen.
LAS VÍCTIMAS
Una investigación de ZonaDocs revela que las mujeres, jóvenes y niñas en Jalisco representan el 12.9% de las víctimas de tortura en las quejas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ); y el 3.7% en las carpetas de investigación abiertas ante la Unidad Especializada en el Delito de Tortura.
Estas cifras documentan, en su mayoría, actos de tortura vinculados a patrones convencionales del delito: golpes, patadas, toques eléctricos en genitales, asfixia momentánea, ahogamientos momentáneos, posiciones forzadas, violaciones sexuales, tocamientos, amenazas de abuso sexual y amenazas de muerte o daño a familiares.
Las convenciones internacionales en la materia, así como las leyes nacionales y estatales, reconocen la existencia de agravantes en la comisión de los actos de tortura y malos tratos, precisamente vinculadas a la vulnerabilidad y/o vulnerabilidades que rodean a la persona víctima.
Habrá que precisar que la tortura es considerada como un delito y una violación grave a los derechos humanos para la comunidad internacional; mientras que, en México -como Estado parte de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura- y Jalisco existen leyes que buscan prevenirla, investigarla, sancionarla, reparar sus efectos y erradicarla.
En algunos otros casos, los efectos de la tortura no sólo se inscriben sobre el cuerpo y vida de las sobrevivientes: las secuelas e impactos suelen recaer también en las mujeres de sus familias, incluso, cuando éstas no hayan sido víctimas directas del delito, o cuando las víctimas del delito fueron los varones del núcleo familiar.
En los casos documentados, ser joven, adolescente, tener la capacidad de gestar, ser madre y asumir el trabajo de cuidados, ser una mujer defensora de derechos humanos, ser migrante interna, o pertenecer a una comunidad indígena y encontrarse en estado de embarazo, han sido, paradójicamente, las razones que condicionaron en virtud del género y de las situaciones de vulnerabilidad sociopolítica, económica y culturales atribuidas a las mujeres, la comisión de episodios de tortura y malos tratos de parte de autoridades del estado.
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