PACHUCA. – Para la creación del Centro de Conciliación Local y los Tribunales Laborales que forman parte de la implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en Hidalgo, la federación transfirió al estado 29 millones 137 mil 74.03 pesos.
Así se desprende del convenio de coordinación entre el gobierno federal e Hidalgo divulgado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Del total de la asignación de recursos, 13 millones 998 mil 795.89 pesos son específicamente para la creación del Centro de Conciliación Local que tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio.
Mientras que 15 millones 138 mil 278.14 pesos se destinaron para la fundación de los Tribunales Laborales Locales de Hidalgo que estarán a cargo del Poder Judicial de la entidad para la resolución de los conflictos entre trabajadores y patrones.
Debido a que los más de 29 millones serán recursos que provienen del Gobierno de México, no perderán su carácter federal, por lo que su administración, devengo, comprobación, ejercicio y contabilización, deberán realizarse de conformidad con las disposiciones contenidas en la legislación federal vigente.
Apenas en la penúltima semana de junio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Hidalgo (STPSH) determinó que el proceso conciliatorio será obligatorio en todos los conflictos laborales a partir del 1 de octubre.
Y, una vez que entre en funciones el Centro de Conciliación Laboral las controversias entre patrones y trabajadores deberán efectuar en este organismo de manera obligatoria el proceso de conciliación prejudicial.
La transferencia de recursos tiene antecedente en la reforma a la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva que se publicó el 1 de mayo de 2019.
Ya que, a partir de la modificación de las leyes se estableció un plazo de inicio de funciones de la autoridad conciliatoria local y tribunales laborales del Poder Judicial de las entidades federativas en un plazo máximo de tres años.
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