Main logo

Estos políticos hidalguenses tuvieron poder; hoy enfrentan la justicia

Al menos siete políticos enfrentaron o enfrentan un proceso judicial por uso indebido de recursos, violencia familiar, lavado de dinero u homicidio

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- El 2020 se caracterizó por ser un año en el que varios políticos de Hidalgo fueron vinculados a proceso por el indebido uso de recursos del erario, violencia familiar, lavado de dinero y homicidio.

El 2 de marzo, Jovani León Cruz, exalcalde de Tlaxcoapan, fue vinculado a proceso por el delito de fraude contra 14 comerciantes, quienes denunciaron que en 2018 entregaron 65 mil pesos al municipio para la remodelación y equipamiento del mercado de Tlaxcoapan; sin embargo, no fueron consideradas en el proyecto. En la carpeta de investigación también quedó señalada Rocío Acosta Hernández, exdirectora del Instituto Municipal del Emprendedor (IME).

Los funcionarios obtuvieron el beneficio de la suspensión condicional y fueron obligados a reparar el daño y pagar 865 mil pesos a los vendedores afectados.

Raúl C. B., quien llegó en 2016 a la alcaldía de Mineral de la Reforma, fue detenido el 28 de agosto de 2020 por elementos de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), ocho días antes de culminar su gestión como presidente municipal. 

Por problemas de salud ingresó al Hospital General de Pachuca; el 8 de septiembre se efectuó la audiencia inicial en el nosocomio, en la que fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Pachuca, donde permanece preso.

Lee también en LSR Hidalgo: 2020 marcó a la Reforma por conflictos con ambulantes y más

De acuerdo con la carpeta de investigación, la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) inició la denuncia contra el panista por el ilícito de atribuciones y facultades en agravio de la administración pública por presuntamente realizar pagos por 9 millones 678 mil pesos a dos empresas. El recurso era del Fondo General de Participaciones y Fondo de Fomento Municipal.

El 22 de septiembre Germán Montealegre Salvador, hermano de la diputada local Roxana Montealegre Salvador y síndico de Mineral de la Reforma, periodo 2020-2024, fue detenido por tentativa de feminicidio en contra de Maritza R. M., quien lo denunció por presuntamente intentarla asfixiar con una almohada.

En la penúltima semana de octubre, el rector de la UAEH, Adolfo P. L. fue vinculado a proceso por un juez federal por el delito de defraudación fiscal dentro de la causa penal 214/2020; sin embargo, se estableció que enfrentaría su proceso en libertad. 

La UAEH informó que el rector desahogó una comparecencia para atender un requerimiento que le hicieron relativo a obligaciones fiscales de carácter personal y ajeno a la institución universitaria.

El 31 de octubre, Gerardo S. C., expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), fue detenido en la Ciudad de México, derivado de una investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 

Actualmente, se encuentra recluido en el Penal de Máxima Seguridad del Altiplano en el Estado de México.

Sin embargo, el juez de control Pablo Coiffer Martínez ordenó reclasificar el delito de feminicidio en grado de tentativa por el de violencia familiar, lo que permitió que el acusado enfrentara su proceso la libertad.

El 9 de noviembre, José Alfonso D. L. fue detenido a las 22:00 horas en una farmacia ubicada en la colonia Carros, Tepeapulco, municipio que gobernó de septiembre de 2016 al mismo mes, pero de 2020. 

Tras su detención fue presentado ante un juez de control para la audiencia inicial, en la que se le vinculó a proceso por el delito de tentativa de robo y asalto agravado en agravio a la administración pública.

No obstante, y de acuerdo con el expediente de juicio de amparo 1029/2020 radicado en el Segundo Juzgado de Distrito, la víctima otorgó el perdón legal al acusado. 

El 26 de noviembre, Diana Laura Marroquín Bayardo fue detenida en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México, en cumplimiento a la orden de aprehensión derivada de la causa penal 183/2020.

La excandidata del Partido del Trabajo (PT) por la diputación federal de Tulancingo, fue vinculada a proceso la primera semana de diciembre.

A la petista se le acusa de del homicidio de su tío, José Francisco Marroquín Sosa, empresario y político hidalguense, asesinado el 28 de junio de 2019 en Santiago Tulantepec, Hidalgo.


sjl