Sonora (La Silla Rota).- La Secretaría de Gobierno del estado de Sonora y la Secretaría de Educación y Cultura son las dependencias públicas más demandadas por los ciudadanos ante el Tribunal de Justicia Administrativa en esta entidad con 242 y 135 denuncias respectivamente.
Los motivos de las denuncias en su mayoría son por inconformidad en la atención de las solicitudes ciudadanas y considerar que hubo violación de sus derechos al no resolver la petición manifestada a la dependencia de gobierno, de acuerdo con una solicitud de transparencia realizada a este órgano con folio 00526017.
De enero de 2016 a la fecha, se han emitido 986 denuncias en contra de instancias públicas, tres de estas son directamente hacia la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.
Entre las dependencias que presentan más denuncias están la Secretaría de Hacienda con 59 demandas, Protección Civil Estatal con 41, Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano con 40, Instituto de Infraestructura Educativa ISIE con 26, Secretaría de Salud 24, Fiscalía General de Justicia con 23, Secretaría de Seguridad Pública 20. Le sigue la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, la Comisión Estatal del Agua con 19 denuncias.
A partir del 19 de julio del año en curso, cuando entró en vigor la nueva ley del Sistema Estatal Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa asume dentro de sus obligaciones el dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública estatal y municipal y los particulares, además de imponer, en los términos que disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrativas graves.
Además fincará a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones monetarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal o Municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales.
¿En qué casos puede un ciudadano denunciar ante el Tribunal de Justicia Administrativa?
“Cuando se realiza un trámite en alguna dependencia de gobierno y este no es resuelto como se especifica en la solicitud del ciudadano, se puede presentar una inconformidad para revisar y revocar la respuesta de la instancia pública a favor del quejoso”, explicó Francisco Javier Mejía Cisneros.
El abogado y catedrático de la Universidad de Sonora, dijo que existen dos vías para impugnar la resolución, la primera sería emitir la queja y la segunda es irse a un juicio contencioso administrativo o de nulidad.
“Inicia con una demanda, se ofrece se ratifica, se emplaza, se ofrecen y desahogan pruebas, se cierra el ciclo con los alegatos y la autoridad administrativa emite una resolución, este es el proceso de la segunda vía, que es un poco más tardada que la emisión de la inconformidad solamente”.
Algunos ejemplos que pueden provocar un conflicto administrativo entre gobiernos y ciudadanos o particulares son la negativa de permisos de construcción, también en los casos en los que se solicitan licitaciones para proyectos e irregularidades surgen en el proceso, trámites para concesiones de vehículos de alquiler, permisos negados para venta de alcohol, pensiones insuficientes, entre otros.
“Hay muchos actos administrativos donde los particulares tienen derecho a solicitar que la autoridad administrativa realice un juicio, ese actuar de la autoridad tiene que estar apegado a la ley y a la constitución”.
De no ser favorecidos en la primera resolución emitida por el Tribunal, el ciudadano inconforme puede impugnar la decisión de la instancia de justicia administrativa.
Señaló que en la vía administrativa no existen otras alternativas como la reparación del daño, en el caso del mecanismo penal, si no que el conflicto se acaba cuando el demandante recibe lo planteado en su solicitud inicial, ya sea un permiso, un pago, un contrato, etcétera.
Además dijo, deberán intervenir los órganos fiscalizadores, estatales y municipales que son la fiscalía anticorrupción y las Contralorías Generales dependiendo de la gravedad de la queja, que puede incurrir en delito.
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A partir de septiembre deberán vigilarse los delitos electorales
Es muy común que en año electoral, funcionarios públicos utilicen su cargo para promocionarse a través de campañas anticipadas, con estrategias confusas que pretenden justificar con su trabajo al frente de alguna dependencia.
En este tipo de situaciones, Mejía Cisneros explica que quienes reciben las denuncias en primera instancia, son la fiscalía de delitos electorales, fiscalía anticorrupción y las contralorías, órganos que deben dar seguimiento a dichas demandas o turnarlas al área correspondiente.
“Por estos actos pueden ser objetos de alguna infracción o pago por delito, la autoridad es la que determina a que campo (penal o administrativo) se refiere el acto cometido por personal o titulares de las instancias de gobierno”.