PACHUCA.- El titular de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), Alejandro Habib Nicolás, indicó que no han detectado que en las cárceles de la entidad haya alguna persona privada de su libertad por el delito de aborto.
Durante el webinar Ley de amnistía para el estado de Hidalgo, Habib Nicolás señaló que, a través del diagnóstico penitenciario que realizan cada año, audiencias públicas y las diferentes intervenciones que efectúan en las prisiones, no han identificado que haya a alguna persona que se encuentre recluida por dicho ilícito.
Lo anterior debido a que la Ley de amnistía en la entidad, propuesta por el Poder Ejecutivo estatal, prevé la excarcelación de quienes hayan cometido delitos como aborto, entre otros.
La Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) inició 19 carpetas de investigación durante 2019 por aborto y 10 durante los primeros cuatro meses de este año, de acuerdo con el informe de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
DESPRESURIZACIÓN DE LAS CÁRCELES
Por otra parte, el ombudsman señaló que de aprobarse en el Congreso la propuesta de la creación de ley –la cual ya fue analizada en Comisión y falta que aún sea votada—ayudaría a la “despresurización” de los centros de internamiento que se encuentran en la entidad.
Estimó que en Hidalgo hay alrededor de 4 mil 500 personas privadas de su libertad, lo cual, dijo, representa cerca de 22 por ciento de sobrepoblación en los centros penitenciarios. Por lo que indicó que la capacidad con la que cuenta el estado en estos espacios “ha sido rebasada” y, dijo, la aprobación de la ley podría ayudar a disminuir considerablemente esta situación.
“Esto va a traer consigo que, al analizar debidamente los diferentes casos a los cuales pudiera operar esta Ley de amnistía, pudiéramos reducir el número de personas que se encuentran en reclusión”, mencionó durante el encuentro virtual.
La propuesta de ley del gobernador Omar Fayad también contempla la excarcelación para quienes hayan cometido algún delito contra la salud y que no estén involucrados con delincuencia organizada, así como los cometidos por personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas que durante su proceso no hayan tenido intérpretes o defensores en su propia lengua.
Además de infractores por el delito de robo simple y sin violencia, siempre y cuando la pena sea menor a cuatro años, y por sedición o porque haya instigado a la comisión de otros delitos de robo sin que se haya cometido secuestro u homicidio, como tampoco lesiones graves por el uso de armas de fuego.
sjl