ACTOPAN.- Este fin de semana se dictó la vinculación a proceso del regidor Hugo S.P., presunto culpable en el atropellamiento de una familia en Santiago de Anaya, el cual causó la muerte de una adulta y sus dos hijas, así como las lesiones en un hombre y otra niña. El funcionario estará en prisión preventiva hasta que se resuelva el caso.
Hace 10 días, es decir, el 10 de julio, Hugo S.P. y la sindica Itzel G. transitaban a bordo de un vehículo en presunto estado de ebriedad y a exceso de velocidad, lo que causó el atropellamiento de una familia originaria de la comunidad de Vicente Guerrero que viajaba a bordo de una motocicleta.
En la calle Lagunilla de la localidad Cerritos, en Santiago Anaya, quedaron cinco personas tendidas en el asfalto; cuando fueron auxiliadas, solamente un hombre adulto llamado Porfirio y su hija Norely contaban con signos vitales, mientras que su esposa Elena y dos hijas, Yotziri y Merci, ya habían muerto.
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En el momento, los servidores públicos se dieron a la fuga, pero al siguiente día Hugo S.P. -quien presuntamente manejaba la unidad- se entregó a las autoridades en Actopan, donde se llevó a cabo la audiencia inicial.
Al regidor emanado del Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) se le imputa comisión de homicidio culposo, daño en propiedad, lesiones dolosas en modalidad eventual y omisión de auxilio; delitos a los que fue vinculado este sábado luego de casi 10 horas de audiencia.
El juez dictó dos meses de prisión preventiva, mismo periodo que otorgó para la investigación complementaria. Cabe mencionar que la defensa de Hugo pidió enfrentar el proceso en libertad, pero se les negó la solicitud y fue ingresado al Centro de Reinsersión Social (Cereso) de Actopan.
Cabe mencionar que Itzel G. presuntamente viajaba en el copiloto al momento del accidente, por lo que fue aprehendida el pasado martes por la noche y su audiencia se realizará mañana en el mismo tribunal.
La familia, seres queridos y habitantes de la localidad de Vicente Guerrero acudieron a los juzgados de Actopan el día de la vinculación para exigir justicia por la familia y cárcel para los funcionarios locales.
emh