Hidalgo (La Silla Rota).- Uno de los amparos interpuestos por la entrega de notarías a exfuncionarios del gobierno de José Francisco Olvera Ruiz y miembros de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) fue sobreseído por el juez Segundo de Distrito en Hidalgo, Óscar Gregorio Herrera Perea, por estimar que la quejosa carecía de interés jurídico.
Con este resolutivo, queda pendiente un fallo por el litigio que inició el abogado Julio Gálvez Bautista, quien incluyó la agravante de conflicto de interés al procedimiento, que consideró irregular, debido a que los fedatarios designados formaban parte de la anterior priísta administración, entre ellos Mario Souverbille González, excoordinador jurídico del Poder Ejecutivo que condujo el proceso y obtuvo la titularidad de notaría 8 de Tizayuca.
Así también, quienes presidían los sistemas de procuración e impartición justicia: Alejandro Straffon Ortiz, exfiscal, y Juan Manuel Menes Llaguno, exmagistrado del Tribunal Superior.
Al emitir el resolutivo el 4 de agosto, Herrera Perea argumentó que Irma Irene Ramírez Flores, quien promovió el juicio 1279/2016, no comprobó con documentación “idónea” cumplir con los requisitos que exige la ley del notariado para los aspirantes a fedatario.
Por el otro amparo (1078/2016), el juez Cuarto de Distrito, Miguel Ángel Villaseñor Reyes, tiene un plazo de tres meses para dar un veredicto desde el pasado 27 de julio, fecha concluyó la etapa de integración de pruebas y alegatos
En el expediente de ese litigio se integró un dictamen en informática y telecomunicaciones realizado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual resuelve que no es posible acreditar la fecha en la que siete archivos relacionados con el procedimiento fueron subidos al Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).
El peritaje fue realizado por la probable modificación de doctos que acusó Gálvez Bautista, y tras una fe de hechos que hizo el notario número 3 del distrito de Pachuca, Gerardo Martínez Martínez, por seis documentos posiblemente modificados entre las 10:16:09 am y las 10:22:49 pm del 5 de septiembre de 2016, día en que Olvera Ruiz cedió la gubernatura a Omar Fayad Meneses, así como de la convocatoria con la que inició el proceso.
Según la parte quejosa, este último archivo fue creado el 16 de agosto de 2016, a las 5:42:54 pm, y modificado por última vez ese mismo día, a las 5:43:04 pm. Sin embargo, corresponde a la publicación 28, alcance 4, tomo CXLIX, del 4 de julio de 2016; es decir, 43 días después.
En el oficio folio 3665 del AIC, con fecha del 6 de junio de 2017, el perito Alejandro Ávila Escobar determinó que, aunque “sí podemos conocer las fechas en que fueron publicadas en la página de internet http://periodico.hidalgo.gob.mx, a través del archivo de bitácora (log file), el cual se encuentra en la base de datos wordpress; no es posible saber en qué fechas se adjuntaron y publicaron los archivos .pdf”.
Tras la audiencia constitucional, a la que únicamente se presentó el notario número 16 del distrito judicial de Tula, Eden Khadaffy Cornejo, hijo de Luciano Cornejo Barrera, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, y la defensa de Enrique Vieyra Alamilla, exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Gálvez Bautista consideró que fue evidenciado “que no se hizo la publicación de la convocatoria en el Periódico Oficial” y que hubo un trato “de completa desigualdad para que solo salieran beneficiados los allegados a Olvera e incluso personas de la oposición.