PACHUCA.- Al menos 15 autoridades federales fueron acusadas ante la Comisión Nacional de Derechos (CNDH) por presuntos hechos violatorios que cometieron en Hidalgo, entre las más comunes se encuentra negligencia médica, omisiones al proporcionar atenciones médicas y en general, prestar indebidamente el servicio público.
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos exhibe que del 1 de enero al 30 de abril del año en curso se registraron 37 quejas en Hidalgo contra 15 autoridades federales, entre ellas el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), organismo de mayor incidencia.
Tan solo el IMSS, concentró 14 de todas las quejas por no proporcionar atención médica, también por obstaculizar y negar las prestaciones sociales a los derechohabientes.
El listado lo sigue el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con cuatro casos, mientras que la Guardia Nacional (GN) fue señalada por tres hechos violatorios que consisten en trato cruel, inhumano o degradante.
Instancias como la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaria de Bienestar, de la Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana concentraron dos quejas cada una.
En menor medida y con una queja, la Secretaría de Educación Pública también fue señalada al igual que el Fondo Nacional de Habitaciones Populares, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y el Politécnico Nacional.
A instituciones como la Fiscalía General de la República la señalaron de retrasar o entorpecer la investigación y procuración de justicia, mientras que a la Policía Federal se le acusó de faltar a la legalidad y honradez.
Cabe recordar que la CNDH en su Reporte Semanal de Acciones de Defensa de los Derechos Humanos, que abarca del 11 al 15 de mayo, el organismo reportó 21 quejas de trabajadores en diferentes puntos del país, de las cuales una corresponde al gobierno de Hidalgo, toda vez que a un trabajador del estado se le impidió ausentarse de su centro de trabajo, aun cuando el quejoso se consideró dentro del grupo poblacional en riesgo por la contingencia sanitaria.
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