PACHUCA.- En caso de que un migrante hidalguense sea condenado a muerte en otro país podrá ser apoyado por la Secretaría de Relaciones Exteriores para pedir clemencia, asimismo, en caso de fallecimiento en el extranjero existirá la posibilidad de que las autoridades ayuden con el traslado de restos o si el cónyuge o un familiar lo solicita, lo anterior es parte de la Ley de migrantes hidalguenses y en contexto de movilidad aprobada hoy en el Congreso local.
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La ley tiene el objetivo de establecer las bases de atención y apoyo a este sector de la población y sus familiares, así como ayudar a las personas que no sean originarias del estado y se encuentren en el territorio hidalguense.
Esta ley se contempla que la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano estatal desarrolle y opere el registro de comunidades en el exterior, que contendrá una base de datos y validación de información de las organizaciones, clubes y federaciones de migrantes hidalguenses, con la finalidad de que realicen una ayuda mutua entre los connacionales.
Así como promover la reunificación familiar de personas adultas mayores con sus hijos que radiquen en Estados Unidos, en coordinación con los clubes, federaciones y organizaciones de personas migrantes.
También se creará el Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Población Migrante y sus Familias, para financiar ayudas sociales y promover el acceso a proyectos productivos y obras de infraestructura, con la finalidad de impulsar la economía y el desarrollo de sus localidades de origen.
En cuanto a obra pública y proyectos productivos, el gobierno del estado, en coordinación con los municipales y el federal, así como con la colaboración de los migrantes hidalguenses, podrá realizar inversión dando prioridad a los de mayor impacto social.
También se creará el Consejo Estatal de Atención y Protección al Migrante, el cual evaluará y aprobará políticas públicas y programas para la atención de este sector de la población y sus familiares.
Además, se contempla que las personas migrantes que no sean originarias de Hidalgo y que se encuentren en el territorio estatal tienen derecho a recibir un trato digno, justo y humano, prohibiéndose cualquier acto de discriminación, xenofobia, segregación o restricción.
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