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Como Dafne, otras mujeres que fueron sentenciadas por abortar sin querer

En 10 años, en el periodo de 2007 al 2016, se han registrado 83 personas en prisión preventiva y 53 en prisión definitiva por el delito de aborto

Escrito en ESTADOS el

El pasado miércoles fue liberada Dafne McPherson, una joven que fue encarcelada tres años por “homicidio calificado” por un aborto fortuito que tuvo en el baño de la tienda departamental Liverpool, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro. 

Aunque Dafne argumentó que ella no sabía de su embarazo, pues padece hipotiroidismo, la Fiscalía General del Estado de Querétaro insistió en culparla por el asesinato de su propio hijo. Sin embargo, el órgano estatal, luego de encerrarla tres años, no pudo presentar las pruebas necesarias para inculparla, por lo que un juez ordenó su inmediata liberación.

Desde hace más de 10 años, cada día una persona es denunciada por aborto. De enero de 2007 a diciembre de 2016, 4 mil 246 personas fueron denunciadas por el delito de aborto.

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En este mismo periodo se registran 83 personas en prisión preventiva por este delito y 53 en prisión definitiva, según una investigación del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE). 

Los estados que más reportan mujeres en prisión definitiva son Baja California, Durango y Quintana Roo.

La Silla Rota documentó cinco casos que, como Dafne, fueron culpadas por este delito en el que, además, se han denunciado inconsistencias en sus procesos.

CASO ADRIANA MANZARES

Según la investigación Maternidad o castigo, la criminalización del aborto en México, publicada por GIRE, la mayoría de los casos ocurren en comunidades rurales del país, lo que limita más las posibilidades de una defensa adecuada de las víctimas. 

Tal es el caso de Adriana Manzanares, una indígena tlapaneca que, a sus 19 años de edad, fue encarcelada por siete años en la penitenciaria de Chilpancingo Guerrero.

En un inicio, la joven fue sentenciada por 27 años por aborto. Sin embargo, tras el apelo, la sentencia se redujo a 22 años.

Adriana es originaria de El Camalote, municipio de Ayutla de Los Libres, Guerrero.

En 2006, tras el abandono de su esposo, quien migró a los Estados Unidos, la joven inició una relación con otra pareja con la que se embarazó. Cuando su esposo regreso, al enterarse de su embarazo la golpeó y la dejó. Los padres de la joven la rechazaron y le reclamaron su infidelidad.

La madrugada del 18 de abril del 2006 la joven sufrió un aborto fortuito y, aunque intentó salvar al bebé, este falleció. 

Sin saber qué hacer, sangrando y con fuertes dolores de vientre, la joven optó por enterrar al bebé.

Tras la denuncia de su propio padre, Adriana no sólo fue detenida, fue exhibida y apedreada por los habitantes de la comunidad. 

Aunque fue detenida junto con su esposo, él quedó libre. Ella pasó siete años en prisión.

El mapa de la criminalización del aborto

Fue hasta enero del 2014 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata liberación de Adriana Manzanares. La Primera Sala de la SCJN determinó que en el caso de Manzanares se violó el debido proceso. En los juicios, ni si quiera contó con traductor a pesar de no hablar español.

REINA PANZO

Reina Panzo, indígena nahua, es originaria de Zangolica, Veracruz, a sus 22 años fue acusada de homicidio agravado tras sufrir una emergencia obstétrica fortuita en la que perdió al producto de su embarazo.

La mujer estuvo presa 11 años en el penal de aquel municipio por este delito. 

En 2006 en la comunidad de Tzacuala, en el municipio de Tejuipango, en la zona centro del estado, presentó una emergencia obstétrica fortuita durante el parto, que enfrentó sola en su casa.

Aunque su pareja la abandonó al enterarse que estaba embarazada, la familia de su esposo la acusó de haberse practicado el aborto, por lo que se le dictó 35 años de prisión, que con una apelación, se redujo a 20 años. 

El proceso de Reina estuvo plagado de inconsistencias. Igual que en el caso de Adriana, solamente hablaba náhuatl y en ningún momento se le asignó un traductor en el juicio. Tampoco se le hicieron pruebas médicas periciales para determinar si el producto nació muerto o vivo.

Fue apenas en junio de 2017 cuando un juez dictó su libertad inmediata por falta de pruebas.

MIRIAM HERNANDEZ

Miriam pasó 8 años en prisión preventiva tras ser acusada por el homicidio de su hijo, provocado por un aborto accidental.

En 2008, la joven sufrió una fuerte caída teniendo siete meses de embarazo, lo que le provocó un parto fortuito en su domicilio. 

Cuando el producto salió, se golpeó en la cabeza y falleció. Miriam fue trasladada al Hospital General de Acapulco. Mientras su familia cubrió al bebé.

Los familiares llevaron el cuerpo del bebé al hospital, por lo que los doctores dieron aviso a las autoridades.

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Desde ese momento el Ministerio informó que la mujer estaba siendo investigada por el delito de homicidio, por lo que fue dada de alta para que rindiera su declaración, sin que hubiera recibido la atención médica necesaria. 

La familia de su concubino fue quien inicialmente la acusó de ser culpable de la muerte de su hijo.

Fue en noviembre de 2008 cuando se inició el juicio en su contra por homicidio calificado en agravio de un recién nacido.

Su proceso también estuvo lleno de inconsistencias, además, desde su ingreso al Penal de Las Cruces en Acapulco, sufrió agresiones por parte del personal e incluso fue amenazada de muerte por “asesinar a su propio hijo”.

El 16 de agosto de 2016 Miriam pudo conseguir su absolución. 

BIANCA 

Originaria de Mexicali, Baja California, Bianca fue sentenciada a 23 años de prisión por un aborto del cual, no sabía que estaba embarazada.

Fue en 2012, un día que se encontraba bañando, cuando sintió que algo se le desprendía. Posteriormente supo que tenía siete meses de embarazo. 

Dos semanas antes, se le inyectó un medicamento al que ella le adjudica el aborto.

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Días más tarde, la policía acudió a su casa con una orden de aprehensión por lo que la llevaron al ministerio público.

Ahí, fue víctima de comentarios despectivos y constantes cuestionamientos por parte de la policía y de los agentes ministeriales.

Fue condenada a 23 años de prisión por el delito de homicidio agravado en razón de parentesco.

En su estancia en el Centro de Reinserción Social de Mexicali, Bianca ha tenido un trato despectivo y discriminatorio, derivado del delito por el que fue sentenciada. Además de sufrir violencias y amenazas.

Bianca lleva 6 años en prisión por este delito, y aún le faltan 17 para cumplir su condena.

CARLA

Carla, madre soltera de dos niñas, de once y trece años de edad, es originaria del Ejido, Nayarit. 

Fue en 2015 cuando tenía 35 años de edad, se practicó una prueba de embarazo que salió positiva, pero al mes siguiente comenzó a menstruar con regularidad, por lo que se hizo una segunda prueba que salió negativa.

Fue una noche que sintió ganas de ir al baño, y en la letrina, expulsó al producto. Por la profundidad, Carla no se percató de que era, sin embargo, a la mañana siguiente su mamá lo encontró, por lo que fue a denunciarlo a la policía.

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Carla fue trasladada al hospital donde se le realizó una esterilización sin su consentimiento y posteriormente fue trasladada a la procuraduría en calidad de detenida, aunque nunca le mostraron una orden de aprehensión. 

En el lugar, le informaron que a través de una prueba de ADN se confirmó que el producto era suyo y que estaba siendo acusada de homicidio. 

Desde un inicio, Carla no contó con una defensa adecuada.

Sus abogados le recomendaron que aceptara la responsabilidad de los hechos, para seguir con un procedimiento abreviado, con lo que su sentencia sería de 18 años, por lo contrario, se iría a juicio y la sentencia sería de 32 años. 

Fue en septiembre de 2016 cuando se le dictó una sentencia de 18 años, además, tuvo que pagar más de 700 mil pesos a favor del padre del producto, quien no la apoyó durante el proceso. 

LA PENALIZACIÓN DEL ABORTO EN LOS ESTADOS

La legislación en el país respecto al aborto varía según los Códigos Penales de las 32 entidades de la República. Aunque en todas se cuenta con un marco jurídico que permite la interrupción de un embarazo en caso de violación sexual, las posibilidades son limitadas en algunos estados.

En 12 de los 32 Códigos Penales, se establece un plazo límite para acceder al aborto en caso de violación -generalmente es durante el primer trimestre del embarazo-; también, en 10 de los códigos refieren algún tipo de autorización para llevar a cabo el procedimiento; mientras que en 11, se establece el requisito de presentar una denuncia para acceder al servicio.

(AP)

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GIRE, informó que el aborto inseguro sigue siendo la cuarta causa de muerte materna en país y a pesar de que actualmente en todos los estados existen diferentes motivos por los cuales las mujeres pueden interrumpir un embarazo, hay muchos casos donde siguen señalándolas y encarcelándolas.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado a favor de la despenalización del aborto, por lo que se buscará que esta práctica no tenga condena en ningún estado del país.

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