TUXTLA GUTIÉRREZ.- Claudia Matilde era ministerio público en Puebla, pero en diciembre pasado viajó a Jiquipilas, municipio de Chiapas, su tierra natal, para descansar unos días en una casa que construyó ahí; sin embargo, ese paseo acabó en tragedia: su esposo la asesinó a golpes.
También lee: Top nacional de estados con más feminicidios; Veracruz segundo lugar
Casi cuatro días después y tras confirmarse que ella murió por traumatismo craneoencefálico, la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio en contra de Jesús Humberto “N”, marino de profesión, quien desde hace 11 meses, “se le hizo ojo de hormiga” a la justicia.
Sin embargo, el presunto feminicida escapó antes de ser aprehendido; supuestamente su madre lo ayudo a huir en un vehículo blanco marca Tracker, modelo 2003.
En el estado, la violencia en contra de las mujeres, a un mes de que cierre este 2021, es cada vez más preocupante. En lo que va del año, las muertes violentas de mujeres alcanzaron la cifra total del año pasado, es decir 176 casos documentados por el Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas.
El último informe de octubre reportó 15 muertes violentas de mujeres: cinco homicidios, un suicidio, cinco casos por muerte accidental, un posible feminicidio, tres feminicidios y tres feminicidios en grado de tentativa. Del 1 al 31 de octubre se documentaron tres feminicidios consumados que se suman a 57 registrados hasta septiembre y hacen un total de 61 en lo que va del 2021.
HAY INCERTIDUMBRE
En entrevista con La Silla Rota, Itzel Farrera advierte que, a casi un año del feminicidio de su tía Claudia Matilde, el dolor, la angustia y el coraje se combinan porque quieren ver tras las rejas al feminicida.
Aunque está consciente de que no puede ofrecer muchos detalles porque entorpecería el proceso legal, lamenta que hasta el momento no haya “ni una sola señal” del sujeto, quien inclusive podría estar fuera del país.
Después de un suceso como ése, “que maten a una persona tan querida como ella”, acepta que se sienten traicionados por quien, de alguna manera, se había ganado la confianza de la familia.
Cuestionada sobre si le tienen confianza a la justicia chiapaneca, Itzel, quien vivió con Claudia en Puebla, externa que siente incertidumbre, pero a la vez piensa que “todo está en manos de las autoridades, y solo queda esperar”.
“Soy abogada, mi tía era abogada, me tocó estar con ella también como becaria, y recuerdo que siempre luchó por la justicia, le apasionaba lo que hacía, y me lo transmitió mucho”, revela la profesionista quien, a la vez, intuye que Claudia estuvo envuelta en un círculo de violencia del que “nunca se dio cuenta” durante su relación con el agresor.
LEGISLACIÓN NO ESTÁ EMPATADA CON LA REALIDAD
En entrevista por aparte, Claudia Trujillo Rincón, dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Chiapas, advierte que, pese a los avances para visibilizar la agenda de género, el tema de la violencia hacia las mujeres va en crecimiento.
Claudia Trujillo Rincón, dirigente estatal de MC
Basada en la estadística de que en México ocurren 11 muertes al día por razón de género, criticó cómo la directora del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) manifestó, hace como dos semanas, que de 10 niñas que sufren abuso sexual, nueve lo son en su hogar, “donde debería ser un remanso de tranquilidad, ¡no es posible!”.
Lo más lamentable, agrega, es que la legislación actual no obedece a las circunstancias reales, “porque el tutor, que puede ser el padre o un hermano o un abuelo, son los que en muchas ocasiones las violentan en el hogar… y las madres callan”.
Ese estado de indefensión, argumentó, se perpetra todos los días, y a raíz de la pandemia por el covid-19, asevera, se agudizó aún más por el mismo confinamiento producto de la pandemia.
“No es posible que una maestra esté dando clases y llegue un alumno y la agreda nada más porque sí (…) Pero el feminicidio empieza con una serie de violencias”, advierte la política, quien reprueba que, solo por el hecho de ser mujeres, “tengan que amanecer arrumbadas en el fango”.
VIOLENCIA INSTITUCIONAL
Un 21 de octubre de 2019, Asunción Gómez Sánchez acompañaba a su esposo Venturino Torres Escobar a su milpa cuando, de pronto, policías los detuvieron en Chiapa de Corzo, donde residen con su familia desde hace varios años. Los acusaban del delito de despojo con violencia agravado.
Aunque estarían al menos una década en prisión, el juez determinó que no había pruebas fehacientes de lo que a ella y a su cónyuge los acusaban, para mantenerlos encerrados en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 14, con sede en Cintalapa.
El 21 de octubre de 2019, Asunción Gómez Sánchez fue detenida sin una orden de aprehensión.
Como en decenas o cientos de casos, a la mujer de 44 años de edad no le presentaron una orden de aprehensión, sino que la llevaron “porque ella y su marido ya sabían qué onda”.
“Pasé una injusticia, fueron dos años de pagar por algo que ni yo ni mi esposo cometimos; me torturaron sicológicamente, se violaron, se vulneraron mis derechos”, confiesa la madre de tres hijos que, en ese entonces, quedaron en el desamparo.
Foto Cuartoscuro.
Tras recuperar su libertad dos años después (en fecha similar en la que la detuvieron), Asunción se para frente al Palacio de Gobierno para denunciar que las autoridades chiapanecas le “sembraron” el delito solo porque pertenece a una organización campesina que lucha por sus derechos como mujer, como ama de casa.
De nueva cuenta, Claudia Trujillo, dirigente de MC, advierte que, en este tipo de casos, desde los feminicidios o abusos contra el género femenino, el principal responsable es el Estado mexicano.
Otra cuestión que evidenció y que ha abonado a que no haya de cierta manera justicia para las mujeres, es el obsoleto Sistema Nacional de Seguridad Pública que, desde hace décadas, ha invertido “millonadas de dinero” en los procesos de seguridad, “sin que en realidad veamos un proceso real”.
“Les han cambiado de nombre, de uniforme, pero la certificación de esos cuerpos de seguridad aún nos queda a deber, y prueba de ello es lo que sucede incluso hace poco en Tapachula”, donde policías municipales estuvieron involucrados en el feminicidio de una migrante haitiana, reveló.
esc