A lo largo de 10 años el Ayuntamiento de Boca del Río, administrado por el panista Humberto Alonso Morelli, se ha negado a reinstalar y pagar más de 2 millones de pesos a un extrabajador municipal que fue despedido en 2009, por Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde en dos ocasiones de esa demarcación.
En el año 2009, el político panista determinó “cesar” del cargo a un inspector municipal por imponer una multa a un particular que había derribado al menos unos 20 árboles, en su intento por ampliar su casa en construcción. El extrabajador identificó a la persona como un político de la zona.
El hecho que era violatorio de ley llevó al funcionario a perder su trabajo, por el “influyentísmo” de quien identificó como el líder fundador del Verde Ecologista en la entidad, partido que promueve política pública del cuidado del medio ambiente, según consta en la recomendación 161/2020 emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en el mes de octubre.
En la narración de la queja, el extrabajador afirma que, al intentar imponer una multa, al entregar la notificación, “el infractor resultó ser […] dirigente fundador del PVEM quien de inmediato se dirigió a hablar con el presidente municipal […], quien sin mayor trámite ordenó mi cese. Desde luego, presenté mi denuncia por despido injustificado. Se abrió un expediente que lleva el número [...] en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado”.
El quejoso ganó un laudo laboral a su favor en el año 2010, por el que se obligaba a pagar salarios caídos, prestaciones y se ordenó su reinstalación.
Sin embargo, el panista Miguel Ángel Yunes Márquez se negó a acatar la sentencia; también incumplió Salvador Manzur, quien lo sucedió en el cargo para el periodo 2010-2013; y el propio Yunes Márquez, que repitió en la administración pública del 2013 al 2017.
La sentencia refiere que el Ayuntamiento ha sido requerido por ocho ocasiones, la última en octubre del 2019, cuando el panista Humberto Alonso Morelli, se negó a acatar la sentencia con el argumento que no tiene recursos para pagar. Ante la exigencia de la reinstalación, argumentó que el puesto ya no forma parte de la estructura municipal