PACHUCA.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), a cargo de Alejandro Habib Nicolás, tendrá que reabrir un expediente de tortura de agentes ministeriales contra tres hombres sentenciados por secuestro, debido a que la CNDH determinó que el organismo estatal no realizó adecuadamente la investigación que se abrió y cerró cuando José Alfredo Sepúlveda Fayad era el ombudsman.
Lee también en LSR Hidalgo: Tras renuncias, deben emitir convocatoria para Consejo de Búsqueda
La recomendación 25/2020, con fecha 3 de agosto de 2020, publicada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señala que además de reabrir el expediente, el órgano autónomo debe capacitar a su personal encargado de integrar casos de tortura.
Tendrá que solicitar la intervención de médicos y psicológicos especializados a fin de contar con elementos para emitir un pronunciamiento entorno a los actos de tortura que denunciaron tres personas, quienes tenían una denuncia por secuestro agravado en 2013 y que fueron detenidas el 10 de mayo de aquel año, a la altura de la autopista Arco Norte, con dirección a México-Querétaro, debajo del puente vehicular Tula-Tepetitlán.
Dichas personas recibieron sentencia condenatoria de 30 años en diciembre de 2014, la cual impugnaron ante la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y la pena se redujo a 25 años en prisión.
No obstante, en 2015 uno de los tres sentenciados por secuestro interpuso un amparo, en 2016 se ordenó la reposición del procedimiento y que se investigara la denuncia de tortura desde el punto de vista de violaciones a derechos humanos dentro del proceso penal.
EN 2017, INICIÓ QUEJA DE TORTURA ANTE CDHEH
La intervención de la CDHEH surgió luego de que el 6 de abril de 2017 el juez de la causa penal de secuestro le notificó al organismo defensor en Hidalgo las presuntas violaciones a derechos humanos en contra de las tres personas acusadas de secuestro, quienes señalaron haber sido torturadas por elementos de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).
De acuerdo con uno de los tres denunciantes, cuando fueron detenidos, mayo de 2013, los agentes les cubrieron el rostro y los golpearon en el cuerpo para después llevarlos a un lote baldío, desnudarlos y cachetearlos y patearlos.
Me pusieron una bolsa de plástico en el rostro para cortarme la respiración, eran aproximadamente siete agentes los que nos detuvieron y los que se turnaban para golpearme, también me apuntaban con un arma (sic) amenazándome que mi familia se las pagaría si es que yo hablaba y que me iban a matar, también recibí quemaduras con algo caliente en la parte del abdomen (…) me golpeaban con el tacón de un zapato en la cabeza (…)”
El segundo de los quejosos señaló que al momento de la detención lo desnudaron y dieron toques en los testículos. “Me amenazaron que si no confesaba iban a violar y matar a mi esposa y mis hijos y a mi mamá”, dijo.
El último testimonio refiere que debido a los golpes se le reventó el oído izquierdo.
Para el 21 de agosto de 2018, la CDHEH entonces a cargo de José Alfredo Sepúlveda Fayad, concluyó y archivó el caso sin adjudicar una probable responsabilidad a los servidores públicos involucrados, aun cuando en la recomendación se asentó que el organismo defensor de Hidalgo tomó fotografías a las presuntas víctimas de tortura y los entrevistó en más de una ocasión.
Ante la decisión de las Comisión estatal, los quejosos presentaron un recurso de impugnación el 12 de septiembre de 2018, asentado en el expediente CNDH/2/2018/526/RI; ya que las tres víctimas indicaron que el organismo no tomó en cuenta que especialistas del Tribunal de Justicia de Hidalgo (TSJH) les practicaron el Protocolo de Estambul –valoración médica y psicológica de una persona víctima de tortura- cuyo resultado fue positivo.
CDHEH NO INVESTIGÓ CASO DE FORMA “EXHAUSTIVA”
En su recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señaló que su homóloga estatal no investigó el caso de presunta tortura “de forma exhaustiva y profesional”, tras argumentar que, a pesar de testimonios y dictámenes periciales que mostraban afectaciones emocionales y físicas, desestimó que los tres denunciantes sufrieron actos de tortura.
No investigó diversos aspectos que resultaban primordiales para la acreditación de violaciones a derechos humanos, como las condiciones en las que permanecieron durante su arraigo, la justificación y necesidad de esa medida, así como la asistencia legal que recibieron al firmar sus declaraciones, procediendo, indebidamente, a archivar el expediente sin determinar la probable responsabilidad de los servidores públicos involucrados”.
De acuerdo con el organismo nacional, la recomendación enunciada fue notificada a su destinatario y puede ser consultada en la página www.cndh.org.mx.
Asimismo, precisó que la CNDH no se pronuncia respecto a la probable responsabilidad penal de las tres personas vinculadas a proceso.
sjl