PACHUCA.- Además de los hermanos del presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) Gerardo Sosa Castelán, vinculado a proceso por delincuencia organizada y lavado de dinero, el rector de la casa de estudios, Adolfo Pontigo Loyola, y un funcionario de la misma institución, de nombre Adrián Cordero Vyeira, tramitaron amparos ante posibles ordenes de aprehensión en su contra.
Pontigo Loyola busca la protección por la causa penal 263/220, la misma por la que Gerardo Sosa y tres personas más fueron vinculadas a proceso con prisión preventiva. Además, hay tres ordenes de aprehensión por cumplimentarse, entre ellas, las hijas del imputado.
Cabe mencionar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene el bloqueo de las cuentas personales del rector.
Asimismo, Adrián Cordero, quien se desempeña como director de obras de la institución educativa, solicito un amparo con el número de expediente 626/2020.
LOS HERMANOS
Los hermanos Sosa Castelán, Damián y Agustín, tramitaron demandas de amparo en el Poder Judicial de la Federación (PJF). El listado de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal de este miércoles muestra que Damián Sosa, candidato a presidente municipal de Tulancingo por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó e ingresó su demanda el pasado 7 de septiembre en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo.
De acuerdo con el expediente 637/2020, el quejoso reclamó una orden de aprehensión; sin embargo, no señaló el nombre correcto de las autoridades a quien responsabiliza de los actos reclamados, por lo que el juzgado federal indicó que Damián Sosa “deberá precisar la denominación correcta y completa de las autoridades responsables”.
Mientras que Agustín Sosa, actual secretario general de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reclamó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo actos privativos de la libertad, de los cuales señaló como responsable al juez primero de control del distrito judicial de Pachuca, como consta en el expediente 625/2020.
En este último caso, el Juzgado de Distrito concedió la suspensión de manera provisional de los actos reclamados y especificó que, en un lapso de cinco días, Agustín Sosa deberá presentar una garantía por 10 mil pesos.
“Se concede la suspensión provisional para el sólo efecto de que las cosas permanezcan en el estado que actualmente guardan y no sea privada de su libertad personal con motivo de la orden de aprehensión, citación, comparecencia y/o presentación, hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva”.
La petición de la protección de la justicia federal del círculo cercano a Gerardo Sosa ocurre días después de que el presidente del Patronato fue vinculado a proceso por los delios de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 58 millones de pesos.
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