Beatriz y Leobardo, los rostros que exhibieron las deficiencias policiacas

Beatriz y Leobardo, los rostros que exhibieron las deficiencias policiacas

En el último año y medio, el IFP de Hidalgo capacitó a 11 mil elementos de seguridad, mientras que la CDHEH hizo lo propio con 2 mil 8 policías

ESTADOS
  • LORENA ROSAS
  • 24/06/2021
  • 10:05 p.m. hrs
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Pachuca. - Las deficiencias que cargan las policías de Hidalgo fue el parteaguas de la muerte de dos personas en menos de 15 días; Beatríz, una médica originaria de Progreso de Obregón y Leobardo, un indígena de San Salvador. La vida de ambos jóvenes no coincidía en absoluto, pero hoy, su muerte exhibe la necesidad de más protocolos y capacitaciones para las policías.

La muerte de Beatriz y Leobardo no se evitaron pese a que, de enero de 2020 a junio de 2021, 13 mil 8 policías estatales y municipales de Hidalgo recibieron capacitaciones teóricas y prácticas en materia de derechos humanos, uso de la fuerza y contención de siniestros por parte del Instituto de Formación Profesional (IFP) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPH) y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHEH).

A pesar de las enseñanzas, ocho cuerpos policiales están vinculados a proceso por homicidio culposo tras verse involucrados ambas muertes.

La muerte de los dos jóvenes ocurrió en la primera quincena de junio, aunque en hechos y lugares distintos de Hidalgo, pues Leobardo Hernández Regino, oriundo del municipio indígena de Xuchitlán, San Salvador, fue uno de los manifestantes que acudió el primer día de este mes a las instalaciones del Poder Ejecutivo estatal para exigir obra pública y, tras un enfrentamiento con los uniformados, resultó golpeado en la cabeza por un proyectil de gas que disparó A.B.R., un policía estatal que enfrenta su proceso penal en libertad.

Por este hecho, la CDHEH emitió la recomendación específica RVG-0002-21, que involucra a Uriel de Jesús Moreno Castro, comisario de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo (ASEH), tras resolver que los policías excedieron su fuerza al disuadir a los pobladores con armas químicas, lo que le provocó a Leobardo un traumatismo craneoencefálico severo y su posterior muerte tras dos semanas de internamiento en el Hospital General de Pachuca.

Nueve días después de la lesión contra Leobardo, Beatriz Hernández Ruiz fue localizada sin vida al interior de la barandilla de Progreso de Obregón, donde fue remitida por policías municipales tras un incidente automovilístico.

La mujer murió debido a una asfixia mecánica por suspensión incompleta, pues del dictamen pericial se desprendieron indicios que usó una tela blanca de 37 por 40 centímetros que presuntamente se colocó en el cuello.

En consecuencia, siete elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Progreso fueron vinculados a proceso por homicidio culposo el 17 de junio y están recluidos en la penitenciaria de Mixquiahuala, pues la autoridad judicial determinó que fueron omisos en preservar la vida e integridad de la mujer de 29 años.

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POLICÍAS DEBEN CONOCER LEYES Y PROTOCOLOS: ESPECIALISTA 

Ante la muerte de Beatriz, la jueza de control Rosa María López Aguilar señaló omisión de los policías de Progreso de Obregón por no llevar a la mujer a una clínica para ser valorada de heridas internas tras el impacto automovilístico que sufrió y porque tenían la obligación de vigilar la barandilla durante sus horas laborales.

Sin embargo, el 23 y 27 de febrero de 2020, año previo al incidente, 23 policías de Progreso fueron capacitados sobre sus derechos y obligaciones, principios de actuación policial, dignidad humana y no discriminación, informó Javier Jair García Soto, titular de la Secretaría Ejecutiva de la CDHEH, en entrevista con La Silla Rota Hidalgo.

"El marco jurídico es importante para el personal de seguridad pública, tienen que conocer las leyes nacionales y estatales que los rigen, los principios rectores como legalidad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos", dijo.

Sin embargo, de acuerdo con las numerarias proporcionadas por García Soto, también Acatlán, Ajacuba, Atitalaquia, Atotonilco El Grande, Atotonilco de Tula, El Arenal, Emiliano Zapata, Epazoyucan, Omitlán, Mineral de la Reforma, Mineral del Monte, Pachuca, San Salvador, Tepeji del Río, Tolcayuca y Zempoala, recibieron cursos en materia de derechos humanos a través de 27 pláticas dirigidas a 417 elementos municipales de enero de 2020 a mayo de 2021.

En este mismo periodo, mil 591 policías de la Agencia de Seguridad del Estado de Hidalgo (ASEH), obtuvieron capacitación por la CDHEH mediante 44 cursos que contemplaron temas de legítima defensa, el principio del uso de la fuerza, cuándo y por qué deben usar armas de fuego y no letales, así como los delitos derivados como lesiones, pues García Soto puntualizó que corporaciones policiales deben conocer las leyes y protocolos que los rigen.

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El uso de la fuerza debe ser proporcional a la fuerza y resistencia de las personas detenidas, los elementos de seguridad publica deben saber cuáles son las leyes que les aplican en el ejercicio de sus funciones y los protocolos para evitar que una persona sea privada de la vida (...) es importante que identifiquen en qué momento deben hacer uso de la fuerza y de armas incapacitantes no letales como gas pimienta, bastones extensibles, lanzadoras o balas de pintura"

La CDHEH también capacitó a 70 elementos de la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia (PGJEH) y a mil 336 elementos de la Guardia Nacional (GN), aunque especificó que no puede intervenir en quejas iniciadas contra este último sector, ya que por ser autoridades federales le compete a su homóloga nacional.

García Soto agregó que todos los servidores públicos tienen por obligación constitucional garantizar y promover los derechos humanos en el ámbito de sus funciones y, en consecuencia, consideró relevante el tema de capacitación a cuerpos policiales municipales, estatales y federales.

CAPACITACIONES EN USO DE LA FUERZA

En el caso de Leobardo, fue vulnerado el derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública, según lo que determinó la Comisión de Derechos Humanos de Hidalgo que encabeza Alejandro Habib Nicolás.

Sin embargo, dichos temas son parte de las capacitaciones que otorga el Instituto de Formación Profesional (IFP) de la SSPH tanto a elementos de la policía estatal y municipales que así lo solicitan a través de sus alcaldes, como a personal de la Guardia Nacional (GN) que opera en la entidad.

De acuerdo con numerarias proporcionadas por Guillermo Alberto Hidalgo Montes, director general del IFP, 6 mil cuerpos se seguridad recibieron profesionalización durante 2020; debido a la pandemia, 800 tomaron cursos teóricos a través de plataformas digitales.

Mientras que, de enero a junio de 2021 van cinco mil policías capacitados. Entre las dos anualidades, suman 11 mil elementos de seguridad que tomaron cursos teóricos y prácticos, cuyos temas incluyen los protocolos de uso de la fuerza y su aplicación.

"Nosotros usamos la teoría de entrenamiento basado en la realidad, se hacen simulaciones y los ponemos en situaciones límite, es cierto que todas las intervenciones policiales son únicas e irrepetibles, con características propias, pero se les capacita a policías, es una recomendación que tenemos por parte de derechos humanos", señaló Hidalgo Montes.

En contraste, cuando el ombudsman Alejandro Habib emitió la recomendación por el caso de Leobardo Hernández, explicó que los elementos de la SSPH debieron actuar de acuerdo a los lineamientos de protesta emitidos por los organismos nacionales o internacionales, pero como no se apegaron a ellos, se ocasionó uso indebido de la fuerza.

Asimismo, explicó que las armas no letales como los químicos no se deben accionar directamente contra los manifestantes, tampoco de la cintura para arriba para evitar poner en riesgo la integridad de las personas y agregó que la protesta es un derecho humano y cuando alguna movilización se torna violenta, los policías deben estar capacitados para saber cómo reaccionar.

Los cursos impartidos por el IFP, también consisten en el llenado del Informe Policial Homologado (IPH), documento en el cual los policías de los tres órdenes de gobierno registran las acciones realizadas en un lugar de intervención.

Así como identificación de vehículos robados, manejo de incendios o situaciones de accidentes similares para la contención de siniestros, pues el director del IFP explicó que los policías son los que generalmente atienden primero las emergencias.

Por ello, el director general de la IFP, consideró que debido a la evolución de delitos y tecnologías el policía como servidor público debe tener la capacidad de controlar las situaciones de acuerdo a lo legalmente establecido.  

El policía debe tener la plasticidad mental para aprender y reaprender muchas veces a lo largo de su vida, porque lo que era legal ahorita probablemente no lo sea dentro de unos años, si el policía se queda estancado en el conocimiento que obtuvo alguna vez, estaríamos haciendo un servidor público incompleto", concluyó.

FUNCIÓN ESENCIAL DEL ESTADO

De acuerdo con la organización Causa en Común, en su estudio sobre "Lineamientos para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las policías", considera que La policía constituye la manifestación más visible y esencial de las funciones del Estado. Toda acción u omisión que realiza tiene consecuencias directas sobre las políticas de seguridad, así como en la forma en que se estructuran las relaciones sociedad-Estado. Por ello, contar con policías eficientes y profesionalizadas se ha vuelto un imperativo en la agenda de seguridad global.

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción del Inegi, arrojó que, de todos los cuerpos de seguridad en los tres niveles de gobierno, las personas confían menos en la policía municipal y la policía estatal. El 64 por ciento de los mexicanos considera que la policía estatal es corrupta, lo cual crece a 68 por ciento en el caso de la policía municipal.

Según la Encuesta "¿Qué piensa la policía?", de Causa en Común, el 88 por ciento de las y los policías estatales y federales ganan menos de 15 mil pesos mensuales.

Además, la organización señala que el gasto en seguridad pública ha ido disminuyendo en los últimos años, tanto en el ámbito estatal como en el municipal. A partir de datos obtenidos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se puede concluir que, en términos reales, las aportaciones federales han tenido en decremento en materia de seguridad para estados y municipios.


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