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Aprueba Congreso que Fayad pueda ser sujeto a juicio político

Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso local aprobaron que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, sea sujeto a juicio político.

  • GIOVANNY FLORES
  • 02/07/2019
  • 14:14 hrs
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Aprueba Congreso que Fayad pueda ser sujeto a juicio político
El proyecto de decreto contempla reformar el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo. (Foto: Especial)

PACHUCA.- Diputados de la LXIV Legislatura del Congreso local aprobaron que el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, sea sujeto a juicio político.

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Por unanimidad, la iniciativa presentada por los legisladores de Morena Doralicia Martínez Bautista, Lucero Ambrocio Cruz y Armando Quintanar Trejo fue aprobada. 

El proyecto de decreto contempla reformar el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el cual establece a los funcionarios públicos que están sujetos a juicios políticos y no contemplaba al gobernador.

Por lo que Fayad Meneses podría enfrentar un juicio político en caso de incurrir en un acto u omisión que perjudique los intereses públicos fundamentales. 

Durante la lectura de la iniciativa, la diputada de Morena Rosalba Calva García recordó que en septiembre de 2017 se derogó el fuero constitucional a los servidores públicos como diputados, presidentes municipales, el gobernador, entre otros. 

Víctor Osmin Guerrero Trejo, del grupo legislativo de Morena, consideró que era de trascendencia política y jurídica que el gobernador se encuentre incluido en el listado de servidores públicos sujetos de juicio político. 

Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRI —partido político del cual es emanado Fayad Meneses—, María Luisa Pérez Perusquía, cuestionó que si el fin de la iniciativa era utilizar el juicio político como un instrumento para “revanchismos políticos” o una herramienta “perversa de presión” para atender intereses de “grupúsculos políticos” o como un arma de “persecución y presión contra el gobernador”. 

En los últimos meses el presidente de la Junta de Gobierno, Ricardo Raúl Baptista González, y el gobernador Omar Fayad, se han hecho una serie de señalamientos y descalificaciones. 

Baptista González acusa al mandatario estatal de “entrometerse” en las actividades del Poder Legislativo y el líder del Ejecutivo señala al presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local de atender los intereses de Gerardo Sosa Castelán, líder del Grupo Universidad, quien hizo un pacto con Morena en los anteriores comisión electorales y obtuvo nueve curules por el partido político que fundó el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En caso de que la propuesta sea aprobada por la mayoría de los cabildos de los 84 municipios, el decretó entraría en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH).

ASÍ QUEDA LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO

Artículo 150.-  Serán sujetos de juicio político: El Gobernador del Estado, las Diputadas y los Diputados del Congreso Local, el Auditor Superior, las y los titulares de la administración municipal, las y los Síndicos, las Regidoras y los Regidores, las Magistradas y los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral, las Secretarias y los Secretarios del despacho del Poder Ejecutivo, la o el titular de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y quienes tengan a su cargo las Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, las y los directores generales o sus equivalentes de los organismos públicos autónomos y descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a estas, fideicomisos públicos de esta entidad federativa y las y los titulares de los juzgados de primera instancia por las acciones u omisiones indebidas en que incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la Comisión de los delitos del orden común y de las violaciones graves a derechos humanos que se cometan durante su gestión.