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Ante posibles detenciones, exalcaldes buscan protección de la justicia

Los ahora expresidentes municipales tramitaron demandas de amparo ante el Poder Judicial Federal

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.- Días antes de concluir su administración, cuatro exalcaldes de Hidalgo, que estuvieron en el cargo de 2016 a 2020, interpusieron amparos ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) contra posibles órdenes de aprehensión.

El viernes 28 de agosto, ocho días antes de dejar la presidencia municipal de Mineral de la Reforma, el hoy exalcalde Raúl C. B. promovió ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo una demanda de amparo en la que señaló privación ilegal de la libertad. 

Toda vez que ese mismo día fue detenido por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y trasladado al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca. 

En su demanda el exedil panista argumentó que se violentó el artículo 16 constitucional, el cual indica que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".

El 31 de agosto ingresó un nuevo amparo, esta vez a la mesa 7 del Juzgado Primero de Distrito contra una posible orden de aprehensión; en ambos juicios se le otorgó la suspensión provisional. 

No obstante, el edil tiene como medida cautelar la prisión preventiva en tanto un juez de control lo vincula o no a proceso por el delito en mención. 

En la última semana de agosto fue Humberto Pacheco Miralrio, el expresidente municipal de Mixquiahuala postulado bajo el Partido del Trabajo (PT), quien que promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Hidalgo por posibles actos privativos de libertad.

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En el segundo semestre de 2017, dicho alcalde informó sobre un robo cibernético de 3 millones 220 mil pesos en una de las cuentas del municipio radicada en la institución financiera Bancomer, cuyo método presuntamente se realizó mediante transferencia al Banco Actinver en la Ciudad de México. 

El dinero que se transfirió en el presunto hackeo pertenecía a las aportaciones del Fondo Federal para el Fortalecimiento Financiero (Fofin) que servirían para pavimentaciones asfálticas de la comunidad El Cerrito y otras calles principales de Mixquiahuala. 

Para el 31 de agosto, la expresidenta municipal de Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, ingresó una demanda de amparo ante del PJF contra una posible orden de aprehensión en su contra, recurso que fue asentado en el expediente 650/2020 del Juzgado Primero de Distrito. 

Finalmente, el exalcalde de Tlaxcoapan, Jovani Miguel León Cruz tramitó el 2 de septiembre una demanda de amparo contra una posible orden de aprehensión, detención, citación, presentación o comparecencia.

En contra de dicho exfuncionario de extracción panista hay una denuncia por peculado ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH), la cual tramitaron integrantes de la asamblea de Tlaxcoapan desde el pasado 6 de junio del año en curso.

Los regidores de aquel municipio acusaron que el exedil realizó presuntamente modificaciones en actas de presupuestos de egresos sin aval del ayuntamiento y mediante la falsificación de las firmas de los ocho integrantes de la asamblea.

Aunque esta no es la primera acusación contra León Cruz, pues en 2019 comerciantes de Tlaxcoapan lo acusaron de fraude, negociaciones indebidas y abuso de autoridad, asunto asentado en la causa penal 1155/2019. Lo anterior, tras señalar que el exalcalde le pidió más de 60 mil pesos para gestionar equipamiento en sus locales sin recibir el mobiliario.

La demanda promovida por el panista León Cruz fue presentada ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo y señaló como responsables a los Jueces Penales de Control con sede en Pachuca, Actopan, Mixquiahuala, y Tula.



emh