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Adolfo, el indígena asesinado en prisión por un delito que no cometió

Tras el secuestro del niño Dylan Esaú, la fiscalía de Chiapas aprehendió “por error” a una familia indígena ajena a una banda de trata de personas

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Escrito en ESTADOS el

TUXTLA GUTIÉRREZ.- Adolfo Gómez fue llevado a prisión en julio de 2020 luego de ser vinculado a una supuesta banda de tratantes de infantes en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas; pero días después, se reveló que el indígena tsotsil habría muerto dentro del Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, con sede en esa misma ciudad.

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Al principio, la fiscalía de Chiapas reveló que el comerciante se había suicidado, pero, tras la necropsia, se descubrió que él sufriría maltrato físico durante su encierro, hasta causarle la muerte.

Colectiva Cereza explicó que el 27 de junio de este año ganaron el amparo contra la determinación de no acción penal por homicidio en la causa de Adolfo quien, mientras estuvo encerrado, había solicitado dinero a sus familiares debido a que era víctima de extorsión en ese inmueble penitenciario, pues solo de esa manera no sería “tocado”.

Para lograr todo esto, Colectiva Cereza advirtió que primero acudieron a la impugnación en contra de la FGE, ante un juez de control de San Cristóbal de Las Casas, quien apoyó la determinación de no acción penal de esta dependencia, “pero nos fuimos al amparo por esa resolución”, lo que obligará a la Fiscalía a ahondar más en las pesquisas de lo que, se presume, fue un asesinato.

De acuerdo con la Colectiva Cereza, misma que funge como asesora del caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 51/2022 por haber recluido a cuatro mujeres, durante cinco meses, en distintos penales de Chiapas, acusadas de pertenecer a la red de trata.

CASO DYLAN, LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Sin embargo, el destino al parecer estaba escrito para Adolfo. Tras al secuestro del niño indígena Dylan Esaú, en un hecho registrado el 30 de junio del año 2020 en el Mercado Popular del Sur (Merposur) en San Cristóbal de Las Casas, la presión era cada vez más fuerte para la justicia chiapaneca, pues el caso saltó a nivel no solo nacional, sino mundial.

De hecho, la madre del niño, Juanita, no descansó ni un minuto, e inclusive viajó a la Ciudad de México, donde se plantó varios días, para que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador la volteara a ver. Su tesón surtió un efecto positivo.

En un operativo implementado el 21 de julio de 2020, como parte de la supuesta desarticulación de una banda dedicada a la trata de menores, elementos de la FGE detuvieron a una familia indígena dedicada al comercio ambulante.

De una vivienda del barrio de Tlaxcala, en San Cristóbal de Las Casas, los agentes se llevaron a Adolfo y a otras cuatro indígenas tsotsiles, todos originarios del municipio de Ixtapa; además había ordenes de aprehensión por delitos que no cometieron.

Pero el daño fue mayor, pues el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal retuvo a 23 niños, niñas y adolescentes (incluidos recién nacidos), hijos y nietos de esas personas, mientras se efectuaba el proceso penal.

La situación se complicó, como lo documentaron varios periodistas, porque algunas madres aún no contaban con las actas de nacimiento de sus hijos; no obstante, como lo expuso en su momento la organización Melel Xojobal, el que las familias indígenas muchas veces no cuenten con ese documento, se debe a su situación de pobreza.

De acuerdo con la Colectiva Cereza Chiapas, con argumentos legales y las pruebas suficientes, logró que se anularan esas órdenes de detención, la libertad de los menores y de las mujeres, así como el sobreseimiento y la sentencia absolutoria, “pero a Adolfo lo mataron bajo la custodia de las autoridades”.

De hecho, el niño Dylan Esaú fue recuperado el 14 de agosto de ese mismo año, en una comunidad del municipio de Cintalapa, donde una mujer, identificada como Margarita, lo mantenía secuestrado. De hecho, ya recibió una sentencia de 36 años y seis meses de prisión, más una multa de poco más de 521 mil pesos.

DATOS NO CONFIRMADOS

De manera extraoficial, La Silla Rota fue informada que Adolfo presentaba un golpe contuso en la cabeza, lo que, se presume, provocaría su muerte. Es decir, lo habrían asesinado.

Algunos medios informativos revelaron ese dato el mismo día en que a Adolfo lo sacaban del penal. Esta información, incluso, fue revelada por allegados a la víctima.

Sin embargo, se advirtió, también extraoficialmente, que el médico legista argumentó en su momento que esa herida en la cabeza fue parte de la necropsia al cadáver. No obstante, aceptaba que el indígena presentaba golpes en otras partes de su anatomía, dato que aún tendrá que ser oficializado por la misma autoridad.

Lo que faltaría en este caso, según la Colectiva Cereza, es que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) también emita su respectiva recomendación por la muerte de Adolfo.

Asimismo, confirma que hace falta que se celebre la audiencia, pues el juez federal le ordenó al juez de Control que tiene que desarrollarla, para luego reanudar la investigación.





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