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Acusan inacción en posible desfalco exoperador de Fayad

El exdiputado federal Juan Carlos Pérez Góngora acusó “tendenciosa lentitud” en la integración de pruebas por posible conflicto de interés

Escrito en ESTADOS el

Hidalgo (La Silla Rota).- El exdiputado federal Juan Carlos Pérez Góngora acusó “tendenciosa lentitud” en la integración de pruebas a la carpeta de investigación por posible conflicto de interés y malversación de fondos que involucra a Juan Carlos Martínez Domínguez, excoordinador del equipo de transición del gobernador Omar Fayad Meneses, debido a que después de cuatro meses de presentar la denuncia no existe avance en el proceso.

El posible desfalco en el que, aseguró, también participa Enrique Solana, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), asciende a 51 millones 45 mil pesos, y presuntamente se llevó a cabo mediante la compra a la empresa Celular Milenium de 15 mil tabletas de origen chino a sobreprecio, sin someterlas a concurso y, en su mayoría, con recursos del Fondo Nacional del Emprendedor (Inadem).

En conferencia de prensa, Pérez Góngora y Guillermo Romero, integrantes de la corriente Nueva Visión Concancaco, denunciaron que no solamente existe el caso de las tabletas del INADEM, sino que también Enrique Solana se beneficia económicamente con el uso de prestanombres que laboran como asesores externos que hacen labor de representaciones ante organismos públicos como el IMSS.

Los ingresos por esto, señaló, “suman más de 12 millones de pesos al años” y, según él, son para beneficio del presidente de la Concanaco. No obstante, no mostró pruebas de ello.

El exlegislador priísta, quien disputó la presidencia de la Confederación, expuso que la Oficialía de Partes de la PGR recibió la denuncia el 21 de febrero, pero, aunque el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia. Sergio Antonio Martínez Escalante, instruyó que se integrara, “con prontitud”, la carpeta correspondiente, “esto no ha ocurrido, ya que hasta la fecha no se han recabado todos los datos de prueba” solicitados al ministerio público.

Esto, consideró, “denota una manifiesta y tendenciosa lentitud (…) creando con ello los espacios de impunidad que perjudican a la sociedad y que demeritan la credibilidad de los organismos empresariales, que se allegan recursos públicos en su beneficio personal, sin que les genere repercusión penal alguna”.

De acuerdo con el abogado Khristian Gutiérrez, la adquisición se hizo mediante una triangulación entre empresas propiedad de Enrique Solana y Martínez Domínguez: de Unicar Plastic S.A. de C.V. a Celular Milenium. Cada tableta tuvo un precio de 5 mil 800 pesos, pero “en una investigación, en un muestreo, arroja que el precio es de 800 pesos máximo”, explicó el litigante en una entrevista para Diez en punto, de Televisa.

En este proceso, pese a que se dispusieron recursos de Inadem, no hubo una licitación; el contrato se adjudicó directamente sin valorar otras propuestas, indicó.

En un documento enviado al procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, Juan Carlos Pérez, quien fue secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados de 2003 a 2006, insistió en que los empresarios “sobrevaluaron el costo real de los dispositivos electrónicos y violaron las reglas de operación del Inadem, ya que de acuerdo con la regla 28 F.VI por ningún motivo debieron participar al ser miembros de Concanaco”.

Con ello, remarcó, “obtuvieron un lucro indebido”, a través de recursos públicos.

En el caso de las tabletas, aseguró, también están posiblemente involucrados Jorge Abularach, extesorero; Ricardo Mauricio Navarro Benítez, tesorero, y Virginia Mónica Ortega, contadora de la Confederación.