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Acusaciones de corrupción persiguen a funcionarios del ayuntamiento de Tuxpan

Además de los escándalos y señalamientos de corrupción contra el alcalde, Juan Antonio Aguilar Mancha, sus funcionarios destacan por los mismos motivos

Escrito en VERACRUZ el

El Ayuntamiento de Tuxpan, gobernador por el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha, sigue destacando no por sus logros en la administración pública, sino por los escándalos de sus ediles en este bastión de familiares del exlíder del partido blanquiazul, José de Jesús Mancha Alarcón.

Apenas iniciado este 2020, se dio a conocer que el tesorero municipal, Pedro Benítez Domínguez, fue suspendido del cargo temporalmente por un juez local de Pacho Viejo, en Coatepec.

Al funcionario municipal se le imputan los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal; derivado de una investigación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ahora a cargo de José Alfredo Corona Lizárraga.

Como parte del procedimiento, la Fiscalía solicitó la superación del funcionario, a quien se le señala de un presunto daño patrimonial por 15 millones de pesos cuando fungió como tesorero en Actopan, en 2018.

Según se sabe, el extesorero es hermano de Javier Enrique Benítez Domínguez, director de Seguimiento de Auditoría Municipal del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), pero eso no le valió para librarse de la determinación del juez de presentarse de manera periódica en los juzgados, así como el pago de una garantía económica de 40 mil pesos y la prohibición de salir de la entidad.

DIRECTOR DE TRÁNSITO ACUSADO POR DESPOJO

Sin embargo, el caso del extesorero no es el único en el Ayuntamiento de Tuxpan, ya que en noviembre de 2018 el director de Tránsito Municipal, Miguel Cruz Reyes, fue detenido por el delito de despojo, de un hecho ocurrido en 2014.

Los elementos de la policía ministerial lo detuvieron cuando salía de su oficina a las 10 de la noche del 11 de noviembre de 2018; sin embargo, no se dio más información sobre este proceso.

Hay que destacar Cruz Reyes fue delegado de Transporte Público hasta el 31 de diciembre de 2017, cuando renunció para adherirse a la plantilla del alcalde de Tuxpan.

AUDITORÍA REVELA IRREGULARIDADES EN TUXPAN

 

En julio del año pasado, la Secretaría de Fiscalización del Congreso local inició una auditoría en el Ayuntamiento de Tuxpan, debido a las denuncias por la existencia de una cuenta bancaria abierta con carácter de mancomunada a nombre del Ayuntamiento y de una persona que no es servidor público municipal.

En diciembre de 2019, el presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso local, Eric Domínguez Vázquez, informó que de la auditoria en tiempo real que se hizo al municipio se desprendieron observaciones que están en periodo de solventación.

No obstante, advirtió que de no comprobarse o justificar el gasto, los diputados locales solicitarán al Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que presente las denuncias penales correspondientes.

Esto se suma a que durante la revisión de la Cuente Pública de 2018, misma que será revisada nuevamente, el Orfis reportó presunto daño patrimonial por 5 millones 905 mil 402 pesos, ya que las pruebas aportadas por el Ayuntamiento no fueron suficientes para solventar las observaciones que hacen presumir faltas administrativas y/o la existencia de un daño patrimonial a la Hacienda Pública Municipal.

En las observaciones se señala un daño patrimonial por el cual el Orfis promoverá el fincamiento de responsabilidades y determinación de daños y perjuicios.

GOBIERNO “MANCHADO” POR ACUSACIONES

Prácticamente desde el inicio de la administración municipal, el alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha ha sido señalado por irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

Una de sus principales detractoras es la síndica Arely Bautista Pérez, que denunció al edil por malos manejos ante el Congreso local, lo cual derivó en la auditoría en tiempo real que se le realizó a su gobierno.

Como respuesta, Aguilar Mancha presentó una denuncia penal en contra de la síndica ante la Fiscalía General del Estado, por los delitos de extorsión, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, coalición y cohecho.

El alcalde acusó que la síndica y cinco regidores cometieron el delito de extorsión, cuando le solicitaron que les entregara 2 millones de pesos a cambio de que se presentaran a la sesión de cabildo para la discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el presupuesto del año 2019.

En octubre del 2018 el alcalde fue criticado en redes sociales por una fotografía en la que se ve abordo de una lancha mientras pobladores de la localidad La Joya, lo empujaban en medio de una severa inundación.

Meses antes, los ciudadanos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador “regañarlo” por no cumplir con una obra e incluso pidieron que se le retirara el reconocimiento Ángel de Paz, que entrega la Fundación Sedientos de Paz, por ser “el mejor alcalde”.

En ese municipio del norte del estado han aparecido lonas en las que supuestos grupos delincuenciales acusan al alcalde de brindarles protección a otro grupo.

En 2019, el polémico alcalde se hizo viral por un video de una fiesta realizada en un hotel de lujo en Monterrey, en donde se le observa tomando de una botella de licor, con mujeres al lado que lo alientan a ingerir la bebida.

Se dijo que el alcalde había salido de viaje a esa ciudad con motivos de negocios y se realizó todavía con la auditoría del Congreso local y la del Orfis sobre su municipio a cuestas.

ygr