PACHUCA.- El Poder Judicial de la Federación (PJF) otorgó la suspensión provisional contra una posible orden de aprehensión en contra del alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl C. B., a quien se le acusa por el presunto delito de uso indebido de atribuciones.
Las consultas por expediente del Portal de Servicios en Línea del PJF muestran que la demanda de amparo fue radicada con número de expediente 640/2020 e ingresó el pasado 31 de agosto a la mesa 7 del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo.
El presidente municipal quien asumió el cargo en 2016 bajo el Partido Acción Nacional (PAN) reclamó actos privativos de la libertad, específicamente una orden de aprehensión.
Señaló como autoridades responsables a los jueces de Control adscritos al Juzgado Penal del Sistema Acusatorio del Primer Circuito Judicial, con sede en Pachuca, así como al director general de la Policía Investigadora, ambos del estado de Hidalgo.
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El Poder Judicial de la Federación otorgó la suspensión provisional de los actos que reclamó el edil y señaló el próximo 8 de septiembre para la audiencia incidental.
Sin embargo, como medidas de aseguramiento, el Juzgado de Distrito estableció que el alcalde -cuyo cargo culmina el 5 de septiembre- no podrá ausentarse del municipio de su residencia y se le obligó a informar su domicilio personal y en su caso, notificar cualquier cambio de residencia al PJF.
De igual manera, se le solicitó presentarse ante la autoridad judicial responsable cuantas veces se les requiera.
Lo anterior para efecto de evitar que el promovente evada la acción de la justicia, se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelto a las autoridades responsables en caso de que no obtengan la protección de la Justicia Federal”.
Esta demanda de amparo es la segunda que promueve el alcalde para buscar la protección de la justicia federal, pues el 28 de agosto ingresó el primer juicio ante el Juzgado Segundo de Distrito.
En dicha demanda alegó privación ilegal de la libertad, específicamente señaló que se violentó el artículo 16 constitucional, el cual indica que "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
EN UN MES, AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
El PJF estableció la celebración de la audiencia constitucional para las 10:33 horas del próximo 8 de octubre.
Por lo que las autoridades que fueron señaladas como responsables dentro del juicio de amparo tendrán 15 días para rendir un informe en el que expongan las razones “que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados”.
En caso de no rendir el informe, el Poder Judicial Federal los apercibió con imponer una equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMA) lo que significarían 8 mil 688 pesos, toda vez que el valor actual de UMA es de 86 pesos con 88 centavos.