Xalapa, Ver.- Grupos feministas tienen en jaque a diputados conservadores del Congreso del Estado que se oponen a legislar para permitir en Veracruz la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) hasta las 12 semanas de gestación, y que podrían ver truncadas sus carreras políticas por procesos administrativos y penales en su contra.
Esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó revisar un amparo promovido por estas organizaciones de la Sociedad Civil ante la negativa de los legisladores locales de llevar este asunto ante el pleno y aprobarlo modificando el Código Penal de la entidad.
En los próximos meses el máximo tribunal del país determinará si existe una omisión de los diputados para acatar recomendaciones de instancias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM); la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas; la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de la misma Suprema Corte, para permitir el aborto.
De ser así los grupos feministas advirtieron que buscarán proceder administrativamente e incluso por la vía penal en contra de los legisladores que se opusieron y que todavía se oponen al aborto legal, al considerar que anteponen sus intereses personales a un reclamo social y un problema de salud pública en Veracruz ante los elevados índices de muertes maternas.
Señalan especialmente al coordinador de los diputados del PAN, Sergio Hernández Hernández, así como el ex presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina, como responsables de frenar el dictamen para permitir la ILE en Veracruz desde la pasada LXIV Legislatura y hacerlo en la actual al repetir en el cargo.
No obstante, las acciones legales se promoverán en contra de todos los legisladores que rechazaron el proyecto legislativo y que siguen negándose a avalarlo tras ser reelectos en el cargo, advirtió la abogada especialista en Derechos Humanos Esmeralda Lecxiur Ferreira, quien sostiene que están negando a las veracruzanas el derecho a decidir sobre su cuerpo.
De ser procedentes dichos recursos los legisladores podrían ser sancionados de forma administrativa con una inhabilitación al incurrir en omisión de funciones y negarse a cumplir con su trabajo según las recomendaciones de la CONAVIM.
Es decir que podrían ver truncadas sus carreras políticas y el derecho que tienen de repetir como diputados locales durante cuatro periodos de forma consecutiva o de buscar otro cargo público, afirmó la ex diputada local por Morena en la LXIV Legislatura, Tanya Carola Viveros Cházaro.
La morenista, quien presentó e impulsó la iniciativa para la despenalización del aborto en la pasada Legislatura, añadió que aunque actualmente gozan de fuero también se podrían buscar acciones penales en contra de “los legisladores conservadores”, ya que además de ser omisos están fomentando la violencia de género en Veracruz al no permitir un derecho adquirido en otras entidades como la Ciudad de México.
En ambos casos, coincidieron Lecxiur Ferreira y Viveros Cházaro, las posibles sanciones a los legisladores dependerán del fallo que den los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los próximos meses ante la revisión del amparo 1191/2017 promovido ante el juzgado décimo octavo de Distrito por la parálisis del Congreso para despenalizar el aborto.
Diputados podrían truncar sus carreras políticas
De forma breve, la lucha de organizaciones civiles feministas en Veracruz para permitir la Interrupción Legal del Embarazo comenzó en enero de 2016, cuando diputados del PRI y del PAN aprobaron en primera instancia y de forma “fast track” la iniciativa del entonces gobernador, Javier Duarte, para proteger la vida “desde la concepción hasta la muerte natural de una persona”.
Esta reforma al artículo 4 de la Constitución estatal canceló la posibilidad de que en la entidad se practique la Interrupción legal del Embarazo. La iniciativa se presentó al Congreso, entonces con mayoría priísta, para ser avalada con menos de 72 horas de análisis.
Posteriormente en julio de 2016 fue aprobado en segunda vuelta, trámite necesario al ser una reforma a la Constitución local.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos promovió una Acción de Inconstitucionalidad contra la reforma argumentando que no solo se establece la “protección” de la vida desde el momento de la concepción, también se pone al derecho a la vida por encima de otros derechos humanos al reconocerlo como “valor primordial”, recurso que fue admitido a finales de septiembre de 2016 y sigue en análisis.
Además, organizaciones civiles comenzaron a actuar en pro de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y dicha iniciativa fue retomada prácticamente un año después, el 27 de julio de 2017, por la bancada de Morena en la LXIV Legislatura a través de la diputada local Tanya Carola Viveros Cházaro.
Lo anterior partir de una serie de recomendaciones de la CONAVIM para permitir la Interrupción Legal del Embarazo como parte de una solicitud de alerta de violencia de género por agravio comparado hecha por otros grupos feministas de la entidad.
No obstante, en septiembre de ese mismo año la comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, entonces a cargo de Bingen Rementería Molina determinó como improcedente el dictamen, argumentando que el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que no era factible modificar una norma secundaria como es el Código Penal.
Los diputados del PAN también tenían mayoría en las comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, a cargo de Gregorio Murillo, así como en la Comisión para la Igualdad de Género, presidida por Teresita Zuccolotto Feito, determinando como no inviable el proyecto de la morenista.
Al respecto en entrevista la ahora ex diputada local Viveros Cházaro recordó que el artículo 4 de la Constitución establece que el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural “salvo las excepciones previstas en las leyes”, de ahí que no existe problema en permitir la ILE sin modificar la Constitución local.
Por lo anterior organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, Justicia, Derechos Humanos y Género; el Colectivo Feminista de Xalapa y el Colectivo Akelarre, interpusieron el amparo.
La morenista recordó que a partir de la negativa del Congreso en la LXIV Legislatura, con mayoría del PAN, para acatar las recomendaciones de la CONAVIM se terminó por decretar la Segunda Alerta de Violencia de Género en Veracruz el 13 de diciembre de 2017, en esta ocasión por agravio comparado después de que se decretó por violencia feminicida en 11 municipios a finales de 2016.
Así el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación instruyó a legislar para cambiar el artículo 149 del Código Penal permitiendo el aborto legal, así como reformar los artículos 150 y 154 del Código Penal en el mismo sentido.
Posteriormente en julio de 2018 el amparo tramitado ante dicha negativa del Congreso fue concedido según el expediente 1191/2017 del juzgado décimo octavo de Distrito.
La morenista recordó que a la par el encargado de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la representante de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y ONU-Mujeres, hicieron pública su inconformidad por las trabas legislativas, ya que la misma SCJN exhortó a las entidades a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
“Pese al amparo y la alerta de violencia de género el Congreso con mayoría panista terminó por impugnar el fallo del juez federal y llevar este asunto ante un Tribunal Colegiado y ahora llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la presión de los grupos feministas, instancia que lo sometió a análisis (…).
“En la pasada legislatura el coordinador de los diputados del PAN y presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, argumentó que son un poder autónomo y no se les puede obligar a actuar en un sentido, aunque se trata de una concepción mal entendida porque la reforma tenía que haberse realizado”.
La ex legisladora resaltó que a partir del fallo que den los ministros en torno a una posible omisión del Congreso se puede determinar que las recomendaciones y declaratorias de la CONAVIM son vinculantes para las Legislaturas locales; además si se determina una omisión se estaría en vías de proceder de forma administrativa o penal en contra de los responsables.
“Veracruz sería el detonante para que en el resto del país exista un avance real en los derechos de las mujeres (…); estamos seguros de que se sentará precedente porque los legisladores y las legisladoras omisos podrían ser sancionados.
“Está Sergio Hernández, Bingen Rementería, diputados como María Josefina Gamboa Torales, quienes repitieron en el cargo pero podría haber hasta una inhabilitación y de ser así no estarían en la condición de ni siquiera buscar la reelección por otro periodo como les permite la Ley, esas podrían ser las consecuencias de la determinación de la Corte”.
Diputados conservadores todavía pueden rectificar
Esmeralda Lecxiur, abogada de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), una de las impulsoras del amparo que se encuentra en análisis de los ministros, manifestó que los diputados conservadores todavía pueden rectificar e impulsar la Interrupción Legal del Embarazo en la actual LXV Legislatura veracruzana.
En entrevista explicó que el análisis que comenzó la SCJN no impide que el Poder Legislativo, ahora con mayoría morenista, discuta el aborto legal y modifique el Código Penal bajo los parámetros emitidos por la CONAVIM.
“Cuando tomaron protesta juraron que harían cumplir la Constitución y las leyes y tratados internacionales y que si no lo hacen que los demanden. Esto no es un juramento frío, es una obligación (…).
Añadió que de aprobarse la reforma al Código Penal el análisis del amparo en la Suprema Corte se podría terminar con la implementación de la reforma el Congreso local. En caso contrario sustentarán sus procedimientos ante los legisladores omisos con lo estipulado en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.
En su opinión son más las personas de acuerdo con la interrupción legal del embarazo en Veracruz que las que están en contra, no obstante existe resistencia principalmente por temor a la iglesia católica en Veracruz.
“Francamente que una Legislatura o un gobierno piense que si la iglesia se molesta tiene perdida una elección esto es una falacia, la historia reciente está demostrando que la iglesia en Veracruz no ha llevado a ganar una elección, lo ha hecho la sociedad civil que está pidiendo un cambio en todos los sentidos”.
Panista no cambian discurso e iglesia arremete contra SCJN
A partir de la atracción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la iglesia católica ha arremetido contra la posibilidad de permitir la Interrupción Legal del Embarazo en Veracruz. Mediante sus desplegados el vocero de la arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo, calificó como “diputados de la muerte” a los legisladores proabortistas.
“Y todavía más grave, están haciendo una opción por el asesinato de niños indefensos en el vientre materno”, publicó en un desplegado a finales de 2018.
Por su parte, el diputado del PAN Sergio Hernández aseguró que hay temas “mucho más importantes” en Veracruz con atender el problema de la inseguridad que legislar en torno al aborto legal o discutir temas como los matrimonios igualitarios.