La Clínica Higinio G. Pérez, donde el pasado 5 de septiembre una paciente murió por negligencia médica, acumula desde hace dos años denuncias y juicios que exponen diversas irregularidades en su funcionamiento e incluso la expulsión de cuatro de sus fundadores.
La Silla Rota obtuvo documentos donde se detalla que la clínica fue denunciada, el 19 de septiembre de 2017, ante la Junta de Asistencia Privada, que es el órgano gubernamental regulador, por supuestamente no contar con certificado de uso de suelo ni inscripción al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social, entre otras cosas.
Además, mediante el oficio 5,488 se señaló que al parecer no existe un control sobre la población que es tratada allí, no tiene documentación de Protección Civil ni reglamentos claros para la prestación de servicios médicos.
“Se hacen del conocimiento las siguientes observaciones derivadas de la revisión realizada, que son población asistida, certificado de Protección Civil, certificación de uso de suelo; programa interno de Protección Civil, modelo de atención, reglamento para la prestación de servicio, instalaciones”, se lee en el oficio 5488 del 19 de septiembre de 2017.
Pese a que la Junta de Asistencia Privada ha investigado, uno de los fundadores de la clínica y de la Escuela Libre de Homeopatía, Héctor Carlos González Landetta, acusó que hasta ahora no se ha sancionado a nadie ni se ha determinado si la clínica está en regla, aunado a que junto con otros tres fundadores mantienen un juicio para recuperar el control de la clínica.
“Hay tantas irregularidades que no nos sorprendió lo que ocurrió con la paciente Diana Ramírez Polanco; es una atrocidad que debe sancionarse porque los seudo médicos que hay, entre ellos el señalado por ese caso, Pedro Samuel Infante León, no tiene la preparación adecuada, no sabemos si tiene cédula porque usa la de otro doctor”, refirió en entrevista.
Pedro Samuel Infante León.
Agregó que existe un juicio de Amparo para que al tesorero original de la institución lo restablezcan en su cargo, ya que se presume también hubo malos manejos en las finanzas por parte de algunos trabajadores y miembros del patronato.
“Desde hace cinco años empecé a denunciar esta serie de irregularidades, es verdaderamente escandaloso que ya se ha denunciado, hay malos manejos, pero tal parece que la Junta de Asistencia Privada no hace el menor caso y la muerte de Diana es el colofón de lo mal que está la institución, con todo y la Escuela Libre de Homeopatía.
“Samuel Infante se ostenta hasta como cirujano plástico y no lo es; hay muchas quejas a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, precisamente por las malas prácticas, lo que pasa es que el padre de Samuel ha parado los problemas con dinero, jamás debieron dejar que operara a Diana, ni a Apolinar, que es un hombre de casi 80 años de edad, que no es ni ginecólogo”, acusó el doctor González Landetta.
Otras acusaciones contra la clínica recaen en el juicio de amparo 1177/2017, resuelto en febrero del año pasado a favor de los cuatro fundadores que lo tramitaron y en una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local.
Tras la muerte de Diana Ramírez Polanco, aparentemente porque le perforaron el útero al dar a luz, la Procuraduría capitalina mantiene también cierta la indagatoria penal contra al menos 9 trabajadores de la clínica, imputados por homicidio culposo -no intencional-.
No solo eso, investiga las amenazas de las que ha sido objeto Jonathan Peñaflor, esposo de Diana, a quien presuntamente ofrecieron 200 mil pesos para que desistiera de señalar pública y penalmente a la clínica.
Por su parte, la Junta de Asistencia Privada, del gobierno capitalino, afirmó en una tarjeta informativa que su función es solamente de carácter administrativo, financiero y jurídico-corporativo.
Informó que desde 2015 ha hecho visitas periódicas tanto a la clínica Higinio G. Pérez y la Escuela Libre de Homeopatía, las cuales cuentan con permisos y licencias para operar como hospital.
Aclaró que es la Agencia de Protección Sanitaria la encargada de revisar si hubo irregularidades en el parto de Diana Ramírez Polanco y que ya está avisada de los hechos.
Mientras esto sucede, la Procuraduría de Justicia espera los resultados de la necropsia de la joven de 28 años de edad, con el fin de poder fincar responsabilidades penales contra los médicos que la atendieron.
dj