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Otomíes con discapacidad no tienen acceso a médicos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos documentó casos de nueve hidalguenses con discapacidades físicas e intelectuales que viven en San Bartolo

Escrito en HIDALGO el

PACHUCA.– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó nueve casos de personas con discapacidad física, intelectual, visual y auditiva que habitan en siete comunidades otomíes de Hidalgo, donde encontró que carecen de médicos y en consecuencia diagnósticos precisos sobre sus casos.

Así se desprende del estudio sobre Protección de los derechos de las personas indígenas con discapacidad en las comunidades Maya, Otomí y Tarahumara, publicado por el organismo el pasado 5 de marzo.

El estudio se aplicó en comunidades del norte, centro y sur del país para obtener el testimonio de 22 personas, de las cuales nueve pertenecen a la población otomí de Hidalgo; ocho a la comunidad maya de Yucatán y cinco más a la población rarámuri de Chihuahua.

En Hidalgo las visitas se efectuaron en Xuchitlán, Chicamole, La Venta, Pueblo Nuevo, Tenatitlán, Piedra Blanca y Mahuaquite, todas localidades de San Bartolo Tutotepec, las cuales presentan alto grado de marginación y en su mayoría tienen población otomí.

En dicha zona, la CNDH halló que nueve personas que presentan discapacidad auditiva, visual, física o intelectual carecen de atención médica. De los entrevistados cinco son mujeres, entre ellas una menor de edad, y cuatro hombres.

ABANDONO Y POBREZA


En una de las siete comunidades, el organismo encontró que un hombre de 64 años hablante de lengua indígena tiene discapacidad visual a causa de la diabetes. El sexagenario recibe apoyo económico de uno de sus siete hijos, y en cuestiones de salud acude a un curandero.

La CNDH detectó a una mujer con discapacidad intelectual y a un hombre con aparente discapacidad visual y auditiva, ambos con 85 años de edad, sin familia, carecen de acceso a servicios de salud o rehabilitación.

El diagnóstico detectó a un hombre de 34 años de edad con discapacidad intelectual, convulsiones desde la infancia, lo que ocasionó que no concluyera su educación básica.

El hombre, cuya lengua originaria es el otomí, vive con sus padres pues no puede trabajar. Su salud se ve mermada ya que no toma los medicamentos adecuados lo que impide su estabilidad y autonomía.

Otro caso es el de una mujer de 70 años con discapacidad motriz, que tiene casa propia con servicios de luz y agua, además es auxiliada por uno de sus hijos con quien vive.

En San Bartolo Tutotepec, la CNDH encontró a una menor de tres años con luxación de cadera, a diferencia de los casos anteriores, la niña fue operada en Pachuca; no obstante, su problemática radica en baja adquisición económica de su familia, ya que su padre trabaja en obras de construcción y únicamente cuando hay empleo en comunidades cercanas.

La discapacidad intelectual de una mujer de 30 años y hombre de 33 años que son hermanos fue documentada por el organismo, ambos recibieron violencia física y psicológica de parte de su padre, quien se suicidó. Cuando la CNDH documentó el caso, ambos vivían con su madre de 65 años, cuyo trabajo era el campo y las milpas.

El último de los casos es el de una mujer de 23 años que nació prematura y no habla; sin embargo, “cuenta con autonomía e independencia”, según el organismo de derechos humanos, quien, a su vez, precisó que en sus años iniciales la mujer estudió en una escuela especializada, pero por carencias económicas de la madre dejó de pagar los niveles de estudio subsecuentes.

A FALTA DE MÉDICOS, ACUDEN A CURANDEROS

En la visita a las comunidades de San Bartolo Tutotepec, la CNDH encontró que hay clínicas como la de Xuchitlán que no tiene médicos, solo una enfermera de base y estudiantes que realizan prácticas o servicio social.

A diferencia de la comunidad de Pueblo Nuevo, cuya clínica cuenta con un solo médico para la atención, por tal motivo, la Comisión encontró que la población otomí acude a los curanderos que existen en la región, incluyendo a las personas con algún tipo de discapacidad cuyos diagnósticos no son certeros y en consecuencia no hay atención especializada.

Aun cuando el marco jurídico estatal a través de la Ley de Asistencia Social; Ley de Derechos y Cultura Indígena, así como la Ley de Desarrollo Social, todas de Hidalgo, contemplan acciones de asistencia o rehabilitación de personas con algún tipo de discapacidad sin discriminación.

Mientras que a nivel nacional la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, a través del artículo cuarto indica “el reconocimiento, respeto y protección de las niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos, personas mayores, personas con discapacidad”.

En tanto la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece en su numeral siete que es la Secretaría de Salud quien debe promover “el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad”.

Por ello, la CNDH puntualizó que el estudio enunciado busca analizar la protección de derechos de personas indígenas y reflejar lo que viven las personas con discapacidad y su vez, “coadyuvar en el diseño de futuras acciones con la finalidad de identificar problemáticas generales y particulares en aras de reducir la brecha existente de desigualdad y desventaja en que se encuentran las personas indígenas con discapacidad en el país”.

DATO

De acuerdo con las numerarias de la CNDH, 624 de 2 mil 456 municipios en el país son de composición indígena y se concentran en nueve estados, siendo estos: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

sjl