PACHUCA.- Ricardo Rivera Barquín, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Hidalgo, señaló que la aprobación de la defraudación fiscal además de ser un "exceso", provoca "incertidumbre jurídica" entre los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, tras argumentar que un "simple error" o "datos erróneos asentados en la declaración de impuestos" podría traer consigo la prisión preventiva oficiosa.
Durante la emisión de su mensaje mensual, el representante empresarial evocó las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la de Seguridad Nacional; el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el Fiscal y Penal Federal, que equiparan la defraudación fiscal o emisión de facturas falsas con la delincuencia organizada.
El titular de la Coparmex cuestionó dichas reformas avaladas por la Cámara de Diputados el 18 de octubre, tras argumentar que a pesar de las propuestas de la Confederación Patronal "no fue posible modificar" las propuestas votadas por los legisladores federales.
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Rivera Barquín indicó que Coparmex Hidalgo apoya las iniciativas contra esquemas simulados de la defraudación fiscal porque afectan la recaudación en el país y generan competencia inequitativa entre aquellos empresarios que sí cumplen con el pago de contribuciones lícitas.
No obstante, calificó como "un exceso" equiparar este tipo de defraudación con el narcotráfico, trata de personas y "terrorismo en general".
La obtención de un beneficio indebido de ninguna manera debería ser considerado una amenaza a la seguridad, porque, aunque puede afectar de manera considerable a las contribuciones, no pone en riesgo la estabilidad financiera del Estado Mexicano".
Con posterioridad, dijo el empresario, dichas reformas serán cuestionadas entre los contribuyentes que sí cumplen con sus obligaciones fiscales.
"Los buenos contribuyentes, particularmente los emprendedores y dueños de empresas que cumplen oportunamente con el pago de impuestos están sufriendo el impacto negativo", apuntó.
CASO SINALOA
A una semana del operativo que implementó el Ejército y la Guardia Nacional el 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa, para el aseguramiento de Ovidio Guzmán López, el representante de Coparmex Hidalgo realizó un llamado al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para reevaluar la estrategia de seguridad nacional y "hacer ajustes adecuados para aplicar la ley".
Esto, luego de que el titular del ejecutivo federal avaló la liberación del hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, tras argumentar que la vida de los ciudadanos estaba en peligro.
Al respecto, Rivera Barquín indicó que el uso legítimo de la fuerza es un derecho irrenunciable de la autoridad, siempre acompañado de los protocolos adecuados para preservar la seguridad ciudadana, concluyó.
jgp