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Club Pachuca no posee videos de escuela donde menor fue violado

La Universidad del Futbol no resguarda grabaciones del día en que un infante de 6 años fue, presuntamente, víctima de violación sexual dentro del plantel

  • ÁXEL CHÁVEZ / CORRESPONSAL
  • 08/02/2018
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Club Pachuca no posee videos de escuela donde menor fue violado
La madre del menor presentó la denuncia (Foto. especial)

Hidalgo (La Silla Rota).- La Universidad del Futbol y Ciencias del Deporte (Unifut), que pertenece a Grupo Pachuca, no resguarda grabaciones del día en que un infante de 6 años fue, presuntamente, víctima de violación sexual dentro del plantel, confirmó al ministerio público la defensa designada por el consorcio empresarial que dirige Jesús Martínez Patiño, dueño de los clubes Tuzos y León de la primera división profesional de México.

Las filmaciones de las cámaras de video de la escuela, de todos los lugares en los que opera el circuito cerrado, de las 8 a las 16 horas del 15 de noviembre de 2016, fueron solicitadas por la familia del menor para ubicar los sitios donde estuvo el imputado, de iniciales L.A.S.B., que se desempeñaba como entrenador de categorías infantiles, así como la víctima; no obstante, Julio César García Rodríguez, representante legal de la Unifut, respondió que no poseen ese registro, ya que sobre él fueron regrabadas otras imágenes seis días después.

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“Al día de hoy ya no se encuentran disponibles en el grabador de video digital, debido a la capacidad del mismo (6 días anteriores a la fecha solicitada), toda vez que cuando en su medio de almacenamiento alcanza su capacidad máxima, inicia sobre escribiendo las nuevas imágenes de video en las más antiguas existentes”, respondió el abogado a la agente del ministerio público Beatriz Vargas Alvarado, en un escrito requerido mediante el oficio SPP/UIMIV/00584/2017, por la carpeta de investigación 1-2016-1246, al que tuvo acceso La Silla Rota.

El litigante, además, señaló que no se pudieron resguardar dichas imágenes debido a que la institución no tuvo notificación o requerimiento alguno “ni por parte de las instancias oficiales y tampoco la familia notificó el suceso hasta dos semanas después”.

Sin embargo, personal de la institución tuvo conocimiento de un probable ilícito en ese lugar sólo 48 horas después, con base en el primer expediente, de 61 fojas, al que accedió La Silla Rota en mayo de 2017.

Juan Carlos Villeda Arteaga, agente de la Policía Investigadora Grupo Actopan, señaló en el oficio PGJH/DGPI/PI/GA/1258/2016 que el 17 de noviembre, aproximadamente a las 17:40 horas, acudió con la oficial Ana Laura Ángeles Reyes a la Universidad del Futbol e informaron sobre una indagatoria por un hecho posiblemente constitutivo de delito; no obstante, los guardias de la caseta de seguridad (que no proporcionaron nombres) condicionaron el acceso si daban a conocer quién era el probable responsable, y el crimen que se le imputada.

Por el “prestigio” de la institución, argumentaron, no podrían ingresar, según Villeda Arteaga, motivo por el cual se retiraron.

De acuerdo con el informe que presentó el abogado de la escuela, que atiende alumnos de nivel básico, medio superior y superior, LASB no se había visto involucrado en ningún hecho de similar naturaleza, ni como exalumno ni como empleado, y resaltó que, para su contratación, presentó en original carta de antecedentes no penales.

Asimismo, afirmó que no existía ninguna incidencia de abuso sexual en la institución, hasta esa.

El 27 de mayo de 2017 La Silla Rota publicó que siete test de psicología forense coincidían que S.O.M. fue afectado emocionalmente por el acto que “ejercieron en su contra”, una violación, según la madre del infante, Karina Oropeza Mendoza, quien inició en el distrito judicial de Actopan la carpeta de investigación 1-2016-1246 por la probable responsabilidad de un entrenador de la Universidad del Futbol en ese delito, el 16 de noviembre de 2016.

Una de las siete pruebas aplicadas fue el test de Joseph Sacks, el cual determinó que el menor tenía “sentimientos de inseguridad, miedo y temor focalizados al ambiente escolar, sensación de estar en riesgo; necesidad de seguridad…”, mismo que fue aplicado por la especialista Adriana Ávila Rodríguez en el Centro de Justicia para Mujeres de Hidalgo.

En la sesión de psicología forense, cuando fue cuestionado “por qué estás aquí”, respondió: “vengo porque en la escuela hice popó con sangre”. Reiteró, también, que sintió “algo” que entró y salió al tener contacto con L.A.S.B.

Los exámenes concluyeron que en el momento de ser valorado, S.O.M. “se encuentra afectado emocionalmente con relación a los hechos denunciados. Se percibe con amenaza a su seguridad e integridad corporal, situación que le provoca miedo y temor, además de tener sensación de estar en riesgo en el ambiente escolar (…)”

Aunque el infante testificó que cuatro de sus compañeros posiblemente habían padecido el mismo agravio, el exsubprocurador de Procedimientos Penales región Oriente Ricardo César González Baños confirmó, en mayo pasado, que estos casos no se investigan porque no existen denuncias.

“Es nada más el hecho de comentarlo o de decirlo, pero si a mí me dijeran: ‘sabe qué, el niño fulano de tal, hijo de fulana o zutana’, bueno pues vamos a hablar con los papás a ver si incluso quieren presentar la denuncia, en caso de que fuera lógicamente cierto”, expuso quien fue designado por el Congreso, de una terna enviada por el gobernador Omar Fayad Meneses, fiscal Especializado en Delitos de Corrupción, el 5 de octubre de 2017.

La violación que denunció la madre, que tiene una penalidad de 7 a 18 años de prisión, fue reclasificada por abuso sexual, que se sanciona de 5 a 9 años, por dos exámenes --médico proctológico, de integridad física, para clasificar las lesiones, y un exudado anal—que no coinciden con la prueba psicológica, ya que, según el exsubprocurador, no acreditaron “copula”, mismos que tampoco concuerda con la entrevista, y su ampliación, con el menor, quien narra, en un lenguaje infantil, la forma en la que fue atacado sexualmente, misma que no se reproduce en esta publicación en apego a los derechos de la víctima.

El presunto agresor laboró del 17 de septiembre de 2013 al 12 de diciembre de 2016, hasta que, no cesado, presentó su renuncia contractual a través de su abogado Ulises Hernández Ortega. En ese periodo tuvo a su cargo la categoría ART (Alto Rendimiento Tuzo) Pachuca 99 (ciclo 2013-2014), ART Pachuca 97-98 (2015-2016), así como Mineros UFD categoría 2002 y Escuela Filial Pachuca para nacidos en 2009 y 2010 en el semestre agosto diciembre 2016.