Hidalgo (La Silla Rota).- Por obras inoperantes y que fueron pagadas, mas no ejecutadas, así como retenciones improcedentes de Impuestos Sobre la Renta (ISR); la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demanda 31 millones 299 mil 804 pesos a cinco demarcaciones de Hidalgo.
El monto, cuyo reintegro exige el ente autónomo, es parte de los mil 464 millones 657 mil pesos transferidos al estado durante el ejercicio fiscal 2016, a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).
La mayor cuantificación monetaria por observaciones, que asciende a 26 millones 803 mil 700 pesos, corresponde a San Felipe Orizatlán, donde 81.6 por ciento de los 39 mil 181 habitantes viven en condición de pobreza, moderada o extrema, según la medición multidimensional que hizo el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
En la inspección financiera 16-D-13046-14-1040, que integra el segundo informe de la Cuenta Pública 2016 entregado el 31 de octubre a la Cámara de Diputados, la Auditoría expuso que 24 millones 140 mil 500 pesos corresponden a obras concluidas que no operan, mientras que un millón 50 mil pesos son por estudios y proyectos sin documentación justificativa y comprobatoria.
Exige, además, otros 900 mil pesos por la realización del estudio de una obra que no se ha realizado, 45 mil 400 pesos por la retención improcedente del ISR y 667 mil 800 pesos por penas convencionales.
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Aunado a ello, la demarcación, gobernada por el priísta Manuel Rivera Fernández hasta el 5 de septiembre, cuando fue sustituido por Raúl Valdivia Castillo, emanado de Acción Nacional (PAN), tuvo un subejercicio de un millón 154 mil 900 pesos.
En su dictamen, el organismo fiscalizador dio a conocer que el municipio destinó recursos de gastos indirectos para realizar estudios y evaluar proyectos que no realizados, y que 22 obras no operan debido a que no hay conexión con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aunque ya están concluidas.
Por ello emitió 14 observaciones, de las cuales siete no fueron solventadas y generaron una recomendación y seis pliegos de aclaraciones.
Reclama ASF a exedil acusado de peculado
En Mineral de la Reforma, cuyo exalcalde Filiberto Hernández Monzalvo enfrenta dos procesos penales por falta de comprobación de recursos y posible uso indebido del erario, que ascienden a 50 millones 33 mil 688 pesos, la ASF reclama un millón 531 mil 900 pesos por irregularidades en su manejo, de los cuales 602 mil 700 pesos, que son de la nómina de Seguridad Pública, no cuentan con documentación justificativa, y 751 mil 800 pesos son por obras ejecutadas sin archivos de soporte (auditoría 16-D-13051-14-1034).
De los 45 millones 829 mil 600 pesos que revisó de trasferencias a Huehuetla, el organismo federal reclama un millón 903 mil 900 pesos por intereses no reintegrados (62 mil 400 pesos) y por una obra que no opera (un millón 583 mil 700 pesos).
El recurso que exige también se conforma por 212 mil 700 pesos por penas convencionales, y por 45 mil 100 pesos de conceptos de obra no ejecutados. Adicionalmente, el ayuntamiento subejerció 23 millones 621 mil 800 pesos, de acuerdo con la auditoría 16-D-13027-14-1029.
Tras examinar el manejo presupuestal del FISMDF que hizo Tlanchinol, el ente fiscalizador fijó en 973 mil 500 pesos las recuperaciones probables por pagos erróneos (228 mil pesos), por no haber solicitado el reintegro del ISR (51 mil 600 pesos), por penas convencionales (188 mil 500 pesos), y por conceptos de obra no ejecutados (503 mil 100 pesos). Además, en la inspección 16-D-13073-14-1044 reportó un subejercicio de 16 millones 803 mil 700 pesos.
En Tepehuacán de Guerrero cuantificó en 86 mil 800 pesos las recuperaciones probables, debido a que el gobierno local, que tuvo un subejercicio de 2 millones 594 mil 400 pesos, no solicitó el reintegro del ISR. En tanto que en Tepeji detectó que no se ejercieron 2 millones 81 mil 900 pesos (auditorías 16-D-13062-14-1041 y 16-D-13063-14-1042).
Opacos, pero sin deudas
En el informe del gasto federalizado, la ASF afirmó que Tizayuca, que estuvo a cargo del priísta Juan Núñez Perea, no utilizó una cuenta bancaria específica y en transparencia para el manejo de 53 millones 563 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF); sin embargo, no pidió reintegro de recursos a la Tesorería de la Federación (auditoría 16-D-13069-14-1043).
Mientras que en Ixmiquilpan, aunque se determinaron incumplimientos de las obligaciones de transparencia, ya que la información reportada en el Sistema de Formato Único no coincidió con la información financiera, no determinó posible daño a la hacienda pública en el dictamen de la inspección 16-D-13030-14-1032.