A casi nueve meses de que organizaciones de la sociedad civil solicitaran la declaratoria de la Alerta de Género en la Ciudad de México, ya que continúa el aumento de la violencia contra las mujeres, la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y el Poder Judicial capitalinos, son las dependencias que cometen más prácticas que ocasionan un ambiente de impunidad y revictimización.
Estas conclusiones forman parte del informe “Implementación del tipo penal de feminicidio en México”, que además refiere que de enero al 31 de abril de 2018, la activista y creadora del mapa de Feminicidios en la CDMX, María Salguero, reportó que en el periodo se han registrado 38 asesinatos violentos de mujeres.
En tanto, la PGJ local informó que entre el 1 de noviembre de 2016 y el 30 de junio de 2017, es decir, en sólo siete meses, se registraron 101 casos atendidos por el laboratorio de genética forense.
De 2012 a 2016, la Procuraduría capitalina reconoció como feminicidios 260 casos en las siguientes delegaciones: 17 en Álvaro Obregón; 3 en Azcapotzalco; siete en Benito Juárez; 18 en Coyoacán; seis en Cuajimalpa; 24 en Cuauhtémoc; 29 en Gustavo A. Madero; 9 en Iztacalco; 59 en Iztapalapa; 5 en Magdalena Contreras; 12 en Miguel Hidalgo; seis en Milpa Alta; 16 en Tláhuac; 22 en Tlalpan; 11 en Venustiano Carranza y 16 en Xochimilco.
El pasado 7 de septiembre, las organizaciones Justicia Pro Persona y el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria”, acompañadas por el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF) solicitaron al gobierno federal la declaratoria de Alerta de Género en la CDMX debido al incremento de la violencia contra mujeres en la capital del país.
En el documento de la solicitud, las organizaciones peticionarias expusieron 10 casos en los que observaron diversas irregularidades que van desde la resistencia a reconocer razones de género en asesinatos violentos de mujeres, pese a las pruebas evidentes, la difusión de información e imágenes que las revictimizan, así como fallas en las diligencias, entre otros.
Son casos que en su mayoría permanecieron en el anonimato, pero hay otros que tuvieron una gran exposición mediática y reacción en redes sociales. Todos tienen el común denominador que la justicia no se impartió o se hizo a medias.
Apenas seis meses después de la solicitud de la Alerta de Género, el 2 de marzo de 2018 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) notificó al jefe de Gobierno seis medidas de carácter urgente.
Para el 26 de marzo se presentó el informe del grupo de trabajo de la Alerta, en el que se realizó un diagnóstico y recomendaciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Después de la notificación de estas medidas, el Gobierno capitalino tiene seis meses para acatar las recomendaciones. Se hará un análisis para ver si se cumplió lo instruido, y entonces se determinará si es necesario declarar la Alerta de Género en la CDMX.
LA SILLA ROTA presenta los casos donde estas 10 mujeres, que fueron violentadas en la ciudad en los últimos años, generaron la solicitud de la Alerta de Género. Sin embargo, fallas y omisiones de la PGJ, así como del Poder Judicial ocasionaron reine la impunidad, irregularidades que evidencian la falta de perspectiva de género y de una efectiva aplicación de la normatividad vigente en la CDMX.
Para evitar la revictimización de las mujeres asesinadas y violentadas se utilizaron sólo las siglas de su nombre completo, tal como aparecen en el documento de la solicitud de la Alerta. En el caso de mostrar los nombres de las víctimas, es porque sus feminicidios se hicieron virales.
LESVY BERLÍN OSORIO
En este caso, donde la joven fue encontrada sin vida a un lado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en Ciudad universitaria, amarrada a una caseta telefónica, las autoridades de la PGJ sólo contaban con la información que les había referido el novio, hoy imputado, sin que siquiera hubieran notificado a la madre del fallecimiento de su hija. Lo primero que señaló la dependencia fue que él tenía calidad de víctima y no de probable responsable, y que Lesvy probablemente se había suicididado.
Luego de la presión por parte de la familia y organizaciones civiles, así como una pelea en juzgados, la Procuraduría capitalina recatalogó el delito de homicidio culposo a feminicidio en contra del novio de la joven, quien está recluido en Reclusorio Varonil Preventivo Oriente. El juicio todavía continúa en la etapa de desahogo de pruebas.
W.H.G
Esta chica fue asesinada en Xochimilco. Al inicio de la investigación, las autoridades judiciales afirmaron a los familiares que el novio no tenía nada qué ver. Sin embargo, él fue el último que la vio con vida y testigos refirieron que previo al crimen, discutieron. Esto evidenció que la PGJ no aplicó en las primeras actuaciones el Protocolo para investigación del delito de feminicidio y ocasionó se perdieran datos de prueba.
Otro de los obstáculos a los que se tienen que enfrentar las familias de las víctimas es que no sólo el Ministerio Público invisibiliza las razones de género en los asesinatos de mujeres, sino que ésta y otras prácticas son reiteradas por el Poder Judicial. Esta deficiencia se observó además en los casos:
K.J.S.G
En junio de 2012, K.J.S.G fue asesinada en un hotel de la Ciudad de México. Fue encontrada desnuda sobre la cama, con un golpe en la cabeza y con signos de asfixia. El sospechoso era conocido de la mujer, lo que agrava el delito.
Pese a los hallazgos y evidencias, la PGJ primero dijo que no había elementos para investigar el caso como feminicidio, después el juez 52º penal del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX se negó a considerar las pruebas ofrecidas por la defensa de la víctima para acreditar razones de género. En ese mismo sentido, la Segunda Sala Penal también invisibilizó la violencia de género.
K.A.C.C
Ella fue víctima de tentativa de feminicidio. En 2014, la mujer denunció al padre de sus hijos por violencia física y amenazas de muerte. La Procuraduría capitalina, en lugar de iniciar una averiguación previa, sólo le otorgó un acta de hechos y no le ofreció medidas de protección. Un día, K.A.C.C salía de trabajar y fue sorprendida en la calle por su expareja. La atacó con un cuchillo en repetidas ocasiones y debido a sus gritos, se acercaron vecinos. A ella la auxiliaron y él fue retenido por los colonos. La mujer sobrevivió con todas las secuelas que ello conlleva.
En su momento, el Ministerio Público acreditó el delito de feminicidio y así fue consignado. No obstante, el juez 38 Penal del TSJ de la ciudad reclasificó a tentativa de homicidio. Uno de los argumentos fue que “no existen las bases para corroborar que el inculpado sea una persona misógina, es decir, que demuestre odio o rechazo hacia las mujeres, y por ende, no se puede establecer que su conducta se deriva por discriminación, lo cual debe probarse”.
Luego de todos los recursos legales, el Poder Judicial se resistió a considerar la ilegalidad de la determinación del juez, en primera instancia, al reclasificar el delito. Esto tuvo como consecuencia que se dictara la pena más baja y se negó a establecer la reparación integral del daño a la víctima.
C.R.S.
También fue víctima de tentativa de feminicidio. A finales del 2014, estuvo en el hospital luego de un accidente cerebrovascular que sufrió. Al salir, el papá de sus hijos le dijo que cuidaría de ella, ya que tenía varios años que se habían separado y tenían poco que volvieron a frecuentarse. Mintió. La tuvo incomunicada y durante su cautiverio fue sometida a tortura y violencia sexual, además de que fue amenazada de muerte. La mujer, en un descuido de su agresor, contactó a su familia, fue rescatada, y él, detenido.
Igual que en el anterior caso, el MP acreditó razones de género para consignar al imputado, pero el Juez 15º Penal del DF reclasificó el delito a tentativa de homicidio calificado y sostuvo su negativa a juzgar con perspectiva de género, y estableció la pena más baja para el tipo de conducta. También se negó a dictar la reparación del daño.
S.C.A
Este caso se hizo viral en redes sociales y fue difundido por los medios de comunicación. Se trata del feminicidio de una joven de 17 años a manos de un estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), quien la contactó por Facebook y se quedaron de ver. Ya en el departamento del él, la asesinó, desmembró y esparció sus restos en la Unidad Habitacional Tlatelolco.
Los dictámenes establecieron como causa de muerte: traumatismo cráneo encefálico y asfixia por estrangulación, también concluyeron que el cadáver presentaba laceraciones genitales producidas por una agresión sexual. Pese a esto, elementos que cumplen con los estándares para calificar el caso como feminicidio, el juez 7º Penal determinó que se trataba de un homicidio calificado.
MULTIHOMICIDIO EN NARVARTE
Este caso tuvo mucha exposición en la prensa, debido a que entre los asesinados, estaba Rubén Espinosa, fotoperiodista que huyó de la violencia de Veracruz y Nadia, una defensora de derechos humanos, también de ese estado de la República. Entre las víctimas habían otras tres mujeres. De las irregularidades se encuentran: no dar aviso a la Agencia Especializada para indagar los hechos con perspectiva de género, y “eludieron tipificar desde un inicio los hechos como feminicidio”.
Además, hubo revictimización tras la difusión de imágenes e información personal de las víctimas, que ocasionó se presumiera que dos de ellas ofrecían servicio sexual.
De las inconsistencias, las organizaciones detectaron una revictimización a partir de la difusión de imágenes e información sobre las víctimas en medios de comunicación, donde se expone cómo fueron encontradas y las criminaliza a través de estereotipos de género.
Como ejemplo de estas prácticas es precisamente este multihomicidio de la Narvarte y de nuevo, el feminicidio de Lesvy.
LIVERPOOL
Este caso también tuvo mucha exposición en los medios y generó una gran movilización en las redes sociales. La chica fue encontrada sin vida en las instalaciones de la tienda departamental Liverpool, en el Centro Comercal Perisur, en una área de solo de acceso a empleados. Personal de la empresa modificó la escena del hallazgo y mediante una funeraria certificó que la mujer se había “ahogado con un chicharrón”.
Gracias a que personal de la funeraria hizo público que la joven presentaba evidencias de violencia física, organizaciones presionaron y la investigación cambió. Así se evitó que el caso se cerrara.
M.A.G.M
En este caso no se realizó la diligencia adecuada. En la carpeta de investigación se encontraron inconsistencias en el tratamiento que le dieron funcionarios públicos. Los informes y dictámenes médicos no describieron adecuadamente las lesiones que tenía el cuerpo de la mujer.
W.H.G
El 11 de septiembre de 2016, vecinos del pueblo de Santa María Nativitas, delegación Xochimilco, encontraron el cuerpo de “W” en la zona de viveros. Estaba desnudo, con signos de violencia sexual, “así como con la presencia de lesiones infamantes y degradantes”.
Los peritos que intervinieron en el caso para determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte, realizaron sus dictámenes sin una metodología clara, sin perspectiva de género y de forma no profesional.
En este caso hubo un mal manejo en la cadena de custodia, en el levantamiento de los indicios, así como evidencias encontradas en el lugar de la investigación.
“Al no llevarse a cabo una protección de la escena del crimen adecuada hubo pérdida de pruebas, como una trajinera que se encontraba en el lugar de la investigación y que se presume estaba relacionada con los hechos, la cual no se preservó ni se custodió, por lo tanto, hubo una ruptura y mal manejo de la cadena de custodia, la pérdida de los indicios y material probatorio fundamentales”.
AJ