Opinión

La historia detrás del desastre • Roberto Rock L.

Crónica de una herencia envenenada.

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ADELANTOS EDITORIALES

Capítulo 1

El origen. El pacto con Calderón

El estilo político de Enrique Peña Nieto no lo llevó jamás al debate en la tribuna ni en las plazas, a la batalla a campo abierto. Lo suyo fue el acuerdo en discretos coloquios. A su tutor, el exgobernador Arturo Montiel, le debe haberlo impuesto primero como diputado local, líder del Congreso estatal y luego gobernador en el Estado de México, por lo que no debió librar aduana alguna en el partido donde militaba por tradición familiar y de clase política: el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su ascenso fue rápido, relativamente fácil y aceitado por un caudal irrefrenable de dinero —código esencial de la política mexiquense—.

Una vez en el palacio de gobierno estatal, Peña Nieto tejió una urdimbre de acuerdos con los gobernadores que fueron electos en coincidencia con los años de su gestión (2005­2011). Con ellos construyó su postulación presidencial, apoyado por dos mandatarios estatales: Humberto Moreira, de Coahuila, y Miguel Ángel Osorio Chong, de Hidalgo.

La actividad partidista nunca lo cautivó. Receló de los dirigentes del PRI con los que se debió cruzar. Un antecedente obligado en su biografía política fue Isidro Pastor Medrano, quien usó la dirigencia en el PRI estatal para disputarle a Peña Nieto en 2004 la candidatura a la gubernatura.

De esa misma época data una guerra de baja intensidad, que se ha prolongado por años, una batalla tras otra, contra Roberto Madrazo, expresidente del PRI nacional, y su grupo cercano, en el que militaron Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y coordinador de la campaña presidencial de Madrazo en 2006; Elba Esther Gordillo, secretaria general del PRI con Madrazo (2002­2005), aunque en 2003 rompió ruidosamente con él; el gobernador oaxaqueño Ulises Ruiz y César Augusto Santiago, entre otros. El pragmatismo político pudo haberlo acercado circunstancialmente con alguno de ellos, como Beltrones Rivera. Pero incluso en esos momentos ambos supieron que se profesaban una mutua desconfianza.

En 2004 y 2005 el grupo de Madrazo lo había despreciado como aspirante a suceder a Arturo Montiel en la gubernatura del Estado de México. Alentaron al exdirigente priista y entonces diputado local, Pastor Medrano, a hacerse de la candidatura, por las buenas o por las malas. En las semanas previas a la definición sobre quién sería postulado, en el municipio de Naucalpan hubo un acto multitudinario a favor de Pastor, que el equipo de Peña Nieto identificó como organizado a trasmano por la dirigencia nacional del PRI, en particular la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y César Augusto Santiago.

En la primavera de 2005, ya arrancadas las campañas y con Peña Nieto como candidato del PRI y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), una reunión en Toluca los congregó a él, al gobernador Montiel, a Madrazo, dirigente nacional del PRI, y a Jesús Murillo Karam, designado delegado del partido en el estado a solicitud del exgobernador Alfredo del Mazo González, tío de Peña Nieto.

“Gobernador, nuestro candidato arrancó 12 puntos atrás de [Rubén] Mendoza Ayala” (postulado por el Partido Acción Nacional —PAN— y Convergencia). “No lo conoce nadie; me temo que nos va a hacer perder”, dijo Madrazo, quien había evitado asistir a la ceremonia de postulación de Peña Nieto, como lo haría el resto de su campaña. Girando la mirada hacia Murillo Karam, le subrayó: “Te lo dije, Chucho, fue mala idea que vinieras acá”.

Meses atrás, antes de asumir la representación partidista en el estado, Murillo se había reunido en Toluca con Del Mazo y Peña Nieto cuando éste era un inquieto aspirante a la gubernatura. Conversaron largamente. Al regresar a la Ciudad de México, Murillo les dijo a sus cercanos: “Este muchacho, Peña, puede llegar a ser algo. Si sólo dejara de ser tan formalito, con esas corbatitas”.

Cuando Madrazo se había retirado de aquella tensa reunión, en el salón continuaron conversando Montiel, Murillo y Peña Nieto. El gobernador reveló tener una estrategia para sobornar a la dirigencia del PAN, por conducto del polémico líder Ulises Ramírez, conocido por su venalidad, con el fin de que se le quitara la candidatura a Mendoza Ayala y poner en su lugar a José Luis Durán Reveles. Éste había sido alcalde de Naucalpan (1997­2000) y subsecretario de Gobernación (2000­2003) bajo la presidencia de Vicente Fox. En 1999 fue derrotado por el propio Montiel en la contienda por la gubernatura.

Murillo se opuso. Argumentó que las campañas son para contrastar personajes y propuestas. Y que no imaginaba mayor contraste que el que ofrecían Peña y Mendoza Ayala.

“Yo me hago cargo —advirtió—. Pero tú —le dijo a Peña— a partir de mañana te remangas la camisa, te olvidas de las corbatas y te entregas a la gente. Déjanos lo demás a nosotros”. “Lo que digas, Jesús”, contestó el interpelado.

“Lo demás” —como lo había llamado Murillo Karam y como lo publicó reiteradamente la prensa mexicana— fue un flujo incesante de dinero público y privado en favor de la campaña de Peña Nieto, estimado en 1 000 millones de pesos, cuando el tope de gastos autorizado fue de 216 millones. La consultora Ibope calculó que sólo en medios de comunicación la campaña oficial había erogado 300 millones de pesos. El día de los comicios, 4 de julio de 2005, Peña Nieto ganó la gubernatura con 47.5% de los votos. Rubén Mendoza obtuvo 24.7% de los sufragios. Yeidckol Polevnsky, del PRD­PT (Partido de la Revolución Democrática­ Partido del Trabajo), logró 24%.

Peña Nieto había arrasado en las urnas. Pero cuando los vítores comenzaron a acallarse, el escenario nacional reclamó su atención. Traía en carne viva las humillaciones de Roberto Madrazo, que seguía siendo presidente nacional del PRI, y en noviembre de ese mismo 2005 se hizo de la candidatura para las elecciones presidenciales de 2006.

Para consumar su propósito, Madrazo aplastó las aspiraciones de Arturo Montiel (el tutor político de Peña Nieto) pues, según todas las evidencias, fue él quien filtró a medios información sobre la riqueza del exgobernador mexiquense, sus residencias en el extranjero, lo que incluyó un departamento de lujo en París, donde protagonizaba una amorosa historia con la periodista francesa Maude Versini, que lo volvió tema de escarnio nacional.

La intentona previa de Arturo Montiel de integrar un grupo de gobernadores y exgobernadores que formaron lo que fue bautizado popularmente como el “Grupo Tucom” (Todos unidos contra Madrazo), no pudo frenar al político tabasqueño en su ruta hacia la postulación presidencial con la dirigencia del PRI como plataforma.

El episodio no sólo hundió a Montiel, sino que lesionó la imagen de la clase política del Estado de México, y en particular la del gobierno de Peña Nieto. Desde el primer momento se dio a la tarea de sellar compromisos con gobernadores y futuros candidatos, muchos de ellos agraviados por Madrazo. Peña sabía que si Madrazo llegaba a Los Pinos su gubernatura se tambalearía y no habría futuro posible. En esta estrategia no podría acercarse al PRI, donde era un extraño y, además, sus dirigentes estaban al servicio de Madrazo.

La táctica desembocó naturalmente en urdir la derrota de Madrazo en la contienda presidencial, en la que se enfrentaba a Felipe Calderón, postulado por el PAN, y Andrés Manuel López Obrador, por el PRD. Había que escoger entre estos últimos a un aliado. La opción natural era el PAN, con el presidente saliente, Vicente Fox, y con el aspirante Felipe Calderón. Peña Nieto y los suyos se entregaron a la labor de derrotar al abanderado de su partido, aun cuando el PRI siguiera fuera de Los Pinos seis años más.

Estaba por consolidarse la historia de lo que fue denominado el “PRIAN”, que había tenido sus primeras expresiones desde la administración de Carlos Salinas de Gortari (1988­1994). Un pacto profundo entre ambos partidos, en diversos órdenes, que incluyó una virtual cohabitación de figuras del PRI y del PAN durante los gobiernos de Vicente Fox (2000­2006), Felipe Calderón (2006­2012) y el tramo inicial del propio Peña Nieto (2012­2018).

En su libro El amasiato (Ediciones Proceso, 2016), el periodista Álvaro Delgado establece que hacia finales de la campaña presidencial de 2006 se estableció un acuerdo personal entre Peña Nieto y Calderón, lo que incluyó un encuentro en el hotel Nikko de la Ciudad de México, con la intermediación del alcalde con licencia de Tlalnepantla, Ulises Ramírez. Habrían acudido Peña Nieto acompañado de Luis Videgaray, así como Calderón Hinojosa junto con Juan Camilo Mouriño. En esa reunión se habría pactado, dice el periodista Delgado, “el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones […] y el respaldo del michoacano al entonces gobernador para los comicios de 2012”. Delgado establece que dicho acuerdo buscó también expresamente impedir el triunfo en las urnas de Andrés Manuel López Obrador.

Informes generados en los años recientes arrojan perspectivas adicionales y dan señales de una compleja urdimbre desarrollada por Peña Nieto y el grupo de gobernadores que cada día comandaba con mayor claridad.

El acercamiento entre Peña Nieto y Calderón Hinojosa también fue catalizado por versiones de que importantes líderes gremiales desarrollaban negociaciones con el equipo de López Obrador para una eventual alianza con rumbo a las elecciones. Entre esos dirigentes sindicales se encontraban Elba Esther Gordillo, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Carlos Romero Deschamps. Ambos sostuvieron pláticas con Manuel Camacho Solís. Sin embargo, López Obrador rechazó reunirse con ellos y la propuesta se canceló. Eventualmente Gordillo apoyó a Calderón y Romero Deschamps se integró a la causa de Madrazo.

El esquema de acercamiento partió de la base de acuerdos previos con el presidente panista Vicente Fox, que emprendió, de la mano de las bancadas del PRI en el Congreso federal, reformas legales para transferir a los estados —bajo un superficial modelo de supervisión— partidas del presupuesto federal en montos nunca vistos bajo presidencias encabezadas por el PRI.

Fuera cual fuese la motivación para ello, las administraciones estatales comenzaron a experimentar una bonanza inédita y mayor autonomía sobre el ejercicio de esos dineros, que rayaba en la discrecionalidad. Pronto los gobernadores empezaron a no echar de menos la presencia de un presidente priista en Los Pinos. Comenzaba a construirse el hoyo negro de las enormes deudas estatales y los escándalos por el saqueo de fondos públicos. El país presenciaba cómo el perfil de los gobernadores­súbditos del presidente viraba hacia la asunción de “virreyes” estatales.

Gobernadores priistas consultados por este autor dieron cuenta de que el equipo del mandatario mexiquense Peña Nieto los contactó en las semanas previas a la elección de 2006 con la misma indicación: “Busca a Felipe, vía Camilo. Ofrece apoyo. Y pide lo que necesites, que te será concedido”.

A partir de ahí se multiplicaron los encuentros de gobernadores priistas (y de otros partidos) con Juan Camilo Mouriño, el hombre más cercano a Felipe Calderón. Un panista de nuevo cuño del que recelaban los panistas tradicionales. En el arranque del gobierno entrante, en diciembre de 2006, fue designado jefe de la Oficina de la Presidencia, luego secretario de Gobernación y al momento de su trágica muerte, en el avionazo del 4 de noviembre de 2008, tenía virtualmente en la bolsa la candidatura presidencial del PAN en 2012.

Yarrington y los pactos

Calderón­Peña Nieto para 2006

Eugenio Hernández Flores, que había asumido la gubernatura de Tamaulipas en febrero de 2005, figuró entre los mandatarios cercanos a Peña Nieto que formó fila para pactar con Juan Camilo Mouriño, ofrecer apoyo a la campaña del PAN y pedirlo para sí y su propio grupo, con la confianza de que “te será concedido”. Lo que ocurrió durante el gobierno de Calderón demostró las dimensiones que pudieron alcanzar esos pactos.

En este caso, el tema puesto en la mesa fue Tomás Yarrington, tutor político de Hernández Flores y su antecesor en la gubernatura (1999­2005). En esa condición, Yarrington había figurado en el Tucom alentado en 2005 por el mexiquense Arturo Montiel para frenar a Roberto Madrazo. Yarrington mismo se presentó al país como un prospecto atractivo de candidato presidencial. Al mismo tiempo, sin embargo, autoridades judiciales en Estados Unidos estaban abriendo un expediente penal en su contra al considerar que durante su gestión el mandatario tamaulipeco actuó como cabeza de cárteles de la droga en la región que gobernaba, como posteriormente documentó la prensa de ambos países.

Fuentes de la nación vecina y del sector judicial mexicano revelaron a este autor que entre finales de 2011 y principios de 2012 la administración de Calderón recibió evidencias que presuntamente involucraban a Yarrington, pero rehusó proceder en su contra bajo el argumento de que funcionarios fiscales ligados al PRI se negaban a colaborar en las indagatorias.

El argumento con el que el gobierno mexicano se excusó de intervenir, y que compartió con la agencia antidrogas estadounidense (DEA), estuvo dirigido al entonces jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, designado posteriormente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y figura cercana a Emilio Gamboa Patrón, un veterano personaje del PRI que ha desempeñado múltiples cargos, entre ellos líder senatorial de su partido entre 2012 y 2018.

El cuestionamiento sobre Gutiérrez Ortiz Mena ante la DEA no pareció corresponder con las aparentes ligas del gobierno de Calderón con este personaje. En noviembre de 2012 Gutiérrez Ortiz Mena fue postulado por el propio Calderón para la Corte. Se dijo que ello había sido producto de un acuerdo del gobierno saliente panista con el equipo del entonces ya presidente electo Enrique Peña Nieto.

Los testimonios judiciales indican que la PGR, dirigida por Marisela Morales (abril de 2011­noviembre de 2012), pudo iniciar sólo acciones menores en contra de Yarrington con el fin de incautarle propiedades que mantenía con prestanombres, pero quedó atada de manos para actuar sobre tráfico de estupefacientes y lavado de dinero.

Testimonios recogidos por este autor entre colaboradores de la entonces procuradora Morales indican que ella recibió instrucciones directas del presidente Calderón para mostrar a abogados cercanos al ya candidato presidencial Peña Nieto todos los expedientes que inculparan a exgobernadores o gobernadores priistas en activo.

Las fuentes estadounidenses consultadas dijeron que la procuradora Morales participó en diversas reuniones en Estados Unidos en las que recibió las referidas pruebas, pero careció de respaldo en la administración de Calderón para levantar cargos como los esgrimidos por fiscales estadounidenses. Se ignora si la señora Morales compartió con sus homólogos la instrucción presidencial de poner sobre alerta a posibles implicados en las averiguaciones.

Información proveniente del ámbito diplomático mexicano y europeo indica que tras la detención de Yarrington en Florencia, Italia, en abril de 2017, personajes de su entorno hicieron llegar amenazas a la exprocuradora Morales, quien en mayo de 2013 fue designada cónsul en la ciudad italiana de Milán y no se le removió sino hasta diciembre de 2018, al inicio de la administración de López Obrador.

Funcionarios estadounidenses consultados dijeron que el señor Yarrington llamaba la atención de fiscales del vecino país desde mediados de los años noventa, tras ser alcalde de la ciudad fronteriza de Matamoros (1993­1995). Antes fue diputado federal (1991­1992). En 1995 se incorporó al gabinete del entonces gobernador Manuel Cavazos. Las primeras indagatorias de lavado de dinero usando a prestanombres para comprar propiedades en territorio estadounidense surgieron en 1998. Pero entonces fue designado candidato del PRI a la gubernatura y todo entró en suspenso.

“Creemos que el señor Yarrington fue por años no sólo un colaborador de los cárteles del Golfo y Los Zetas, sino una de sus cabezas […] y así lo informamos a México”, dijo una de las fuentes consultadas.

De acuerdo con las mismas fuentes, la DEA contaba con una radiografía completa de la estructura de poder criminal de Yarrington, incluido el financiero y empresario Fernando Cano, ligado por años a los negocios inmobiliarios de políticos priistas en Tamaulipas y quien fue acusado de operar para Yarrington cuentas bancarias y compras de residencias en Estados Unidos utilizando dinero sucio. Cano fue hundido por su exesposa, que rindió testimonio ante la justicia estadounidense.

El otro operador clave de Yarrington, a quien la DEA atribuyó haber sido el canal con los narcotraficantes, fue Antonio Tony Peña Argüelles, el cual habría pactado con un cártel de las drogas la entrega de una cifra millonaria en dólares para la campaña del candidato priista a la gubernatura, Rodolfo Torre Cantú, quien de acuerdo con los informes recabados fue ajeno al trato.

Torre Cantú (Ciudad Victoria, 1964), médico de profesión, inició su carrera política a los 25 años como coordinador de campañas sanitarias de Banrural. Llegó a ser secretario de Salud estatal y diputado federal bajo el ala protectora del gobernador Eugenio Hernández, quien en marzo de 2010 logró hacerlo candidato y su muy posible sucesor.

Tres meses después, en la mañana del 28 de junio, el convoy de dos camionetas que trasladaba a Torre Cantú al aeropuerto de Ciudad Victoria fue emboscado por un comando que empleó al menos ocho vehículos e incluyó a 16 sicarios que portaban uniformes similares a los de la Marina y actuaron en forma cronométrica, con tiradores profesionales.

Los vehículos utilizados, que en videos aparecen desplegados en forma estratégica horas antes de los hechos, interceptaron las camionetas del candidato. Según sobrevivientes de los hechos, Torre Cantú pensó que se trataba de un operativo militar de inspección y dijo a sus acompañantes: “Déjenme bajar para que los marinos me reconozcan”.

En sólo tres minutos, cuatro de sus acompañantes yacían muertos en el piso. Torre Cantú fue obligado a arrodillarse al pie de la carretera y ejecutado con tiros en la cabeza. En lenguaje del crimen, se cobraba así el incumplimiento de un trato.

En noviembre siguiente, el cártel que habría pagado para que se le garantizara protección difundió una carta en la que señaló a los hermanos Antonio y Alfonso Peña de un engaño. El 29 de ese mes, en Nuevo Laredo, el cadáver de Alfonso apareció junto a un mensaje que acusaba a Tony Peña de haberles robado cinco millones de dólares. Este último huyó del país, se entregó a la DEA y se convirtió en un testigo protegido —entre otros, en este caso— que aportó documentos y testimonios sobre Yarrington y su estructura criminal.

En 2016, por primera vez en casi 90 años de historia, el PRI fue derrotado en Tamaulipas por conducto del panista Francisco García Cabeza de Vaca. Eugenio Hernández, el sucesor de Yarrington en la gubernatura estatal, fue detenido en 2010 por vínculos con el narcotráfico y hacia finales de 2018 tenía otras acusaciones penales pendientes de ser desahogadas.

***

Con todo ese antecedente de un camino pavimentado por un intenso cruce de intereses, Peña Nieto llegó a la presidencia en 2012. Acumuló la convicción de que su historia personal demostraba que, en México, una buena estrategia de campaña, los amarres adecuados y el dinero necesario son suficientes para encumbrar a un candidato poco conocido y hacerlo remontar 30 puntos o más en las encuestas para vencer a sus adversarios. Él lo había logrado primero para conquistar su gubernatura y luego la presidencia, con el apoyo de un amplio bloque de gobernadores (del PRI y otros partidos), que a su vez ayudó en una cadena de favores que en sí misma explica en parte los escándalos que dominaron el sexenio 2012­2018.

La misma creencia pareció seguir acompañando a Peña Nieto en 2018, cuando se inclinó por su colaborador José Antonio Meade, que ni siquiera militaba en el PRI, para ser el candidato a sucederlo en la presidencia de la República.

En esta última ocasión el resultado fue desastroso. La noche del día de los comicios Peña Nieto convocó a sus colaboradores a Los Pinos para esperar los resultados oficiales. Una vez que se confirmó que Meade Kuribreña había logrado apenas un lejano tercer lugar, el silencio se extendió en torno al presidente. En algún lugar del salón alguien sollozaba. Todos esperaban una frase de él, una reflexión sobre la derrota, acaso una autocrítica. Peña Nieto tomó una copa, dio un sorbo, y dijo, en voz apenas audible, como hablando para sí mismo: “No tuvimos suficientes gobernadores”.

La Silla Rota te regala un capítulo del libro La historia detrás del desastre de Roberto Rock L. con autorización editorial de Penguin Random House.

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