PACHUCA.- Luego de que el 3 de junio la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (Semot) revocó la concesión del Tuzobús a la empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de C.V., por incumplir la prestación del servicio, 240 socios minoritarios enfrentan deudas e incertidumbre sobre el futuro de sus acciones.
El 24 de abril se efectuó una asamblea en la que, con 268 de 501 votos, se determinó destituir a Joaquín Gutiérrez García de la presidencia del Consejo de Administración de la firma y en su lugar se nombró a Catarino Zúñiga Hernández. Cinco semanas después, el gobierno estatal intervino el servicio y retiró la autorización debido a que 48 unidades de rutas alimentadoras no salieron de la base, lo que dejó sin transporte a cientos de usuarios de 19 rutas.
El 3 de julio, el Juzgado Tercero de Distrito dejó sin efecto las resoluciones tomadas en el órgano colegiado, señaló Óscar Monzalvo Destuniz, accionista minoritario.
En la demanda que presenta Joaquín Gutiérrez, anterior titular del Consejo de Administración, solicita la suspensión de las determinaciones de la asamblea, para lo cual la autoridad fijó una fianza, a fin de que surta efecto. Exhibe la fianza y se suspende y él regresa, por así decirlo, a ser el presidente del consejo; sin embargo, ellos –el grupo de Zúñiga– tramitaron la contrafianza para que no se suspendan sus derechos”, indicó.
En tanto se resuelve el litigio, dijo, los socios deberán enfrentar pasivos por 200 millones de pesos de multas que la anterior administración dejó acumular en los tribunales, de los cuales 90 millones ya son ejecutables; además, deben solventar 80 millones de pesos de un crédito utilizado para la compra de unidades y seis millones por pagos pendientes a proveedores.
Debido a señalamientos de desvío de recursos, acumulación de pasivos, prácticas de nepotismo, opacidad en los reportes financieros, adquisición de refacciones no encontradas, falta de mantenimiento a las unidades y detección de aviadores en la nómina del Corredor Felipe Ángeles, los pequeños inversores solicitaron a un despacho privado –del que no proporcionó el nombre– hacer una auditoría de la administración de Gutiérrez, reveló Monzalvo Destuniz.
Si se revoca la concesión, no somos dueños ni siquiera del parque vehicular porque todavía no se termina de pagar. El único que obtuvo beneficios fue él –Gutiérrez García– y su familia. Cuando las auditorías concluyan podremos saber exactamente cuál es el monto desviado y en qué forma, y fincarle las responsabilidades legales que correspondan” declaró el accionista.
La Silla Rota Hidalgo solicitó una entrevista con Joaquín Gutiérrez García para conocer su postura sobre las acciones del gobierno estatal y el proceso legal que enfrenta; no obstante, indicó que debía consultar con sus abogados sobre la suspensión de los acuerdos de la asamblea.
INTERVENCIÓN DEL GOBIERNO
El secretario de Movilidad y Transporte, José Luis Guevara Muñoz, informó que la administración estatal planteó al Congreso local, en una reunión efectuada el 5 de junio, establecer un plan de apoyo para socios minoritarios.
Estamos hablando de gente jubilada, de adultos mayores que tienen una dependencia del ingreso que obtienen del propio sistema (…) no olvidemos que ellos vienen de ser transportistas, operaban sus unidades” dijo Guevara Muñoz.
De acuerdo con Monzalvo Destuniz, uno de los planteamientos del sector es acceder a concesiones de transporte público convencional.
“Veo complicado que puedas obtener una sentencia favorable en una revocación, cuando de antemano es evidente la violación a la ley que da motivo a esta”, expuso el abogado, quien externó que la empresa no desaparecería, al menos hasta que cumpla todas sus obligaciones financieras para evitar problemas legales a los socios.
SUBSIDIOS NO SON OBLIGATORIOS
Aunque desde el inicio de la administración de Omar Fayad Meneses se han otorgado recursos para el Tuzobús y este año se etiquetaron 60 millones de pesos para el mismo, el secretario de Transporte afirmó que no existe una obligación legal para subsidiarlo, sino que se trata de apoyos, pues el modelo fue planeado para operar de manera autónoma.
“Conforme los recursos han ido llegando, se han ido pagando, más de 23 millones de pesos que ya se le entregaron. Hay una cantidad que tuvimos que descontar por el tema de las multas”, añadió el funcionario.
SIN FECHA PARA DEFINIR EL FUTURO DEL TUZOBÚS
El titular de la Semot anticipó que hay dos escenarios para el sistema de transporte masivo: que el gobierno estatal continúe la operación o emitir una licitación para otorgar la concesión a un ente privado.
Indicó que “muchas” empresas del ramo han manifestado su interés en obtener la licencia; no obstante, se reservó los nombres con el argumento de que no hay una convocatoria.
Aún no hay fecha para elegir alguna de las dos opciones, sino que, por el momento, la administración estatal está enfocada en un programa de contención para mantener funcionando el Tuzobús, mejorar la seguridad, pues en Téllez se encontraron unidades con deficiencias en frenos y llantas, que perdieron la garantía con Mercedes Benz, además de camas y baños para los trabajadores sin higiene ni agua”, expresó el funcionario.
Explicó que, en su momento, se definiría si el gobierno del estado contrata a los trabajadores del Corredor Felipe Ángeles, mientras tanto, el fideicomiso creado por el Sistema de Transporte Masivo de Hidalgo (Sitmah) y administrado por el fiduciario permite cumplir con el pago de salarios.
LA EMPRESA QUE DURÓ CINCO AÑOS
13 de octubre de 2014, durante la administración de Francisco Olvera Ruiz, el Sitmah y la Secretaría de Gobierno de Hidalgo otorgaron el título de concesión T/SG/SITMAH/RITC1ZMP/OC-01/2014 en favor de la empresa Corredor Felipe Ángeles SAPI de CV, con vigencia de 10 años.
La asamblea general del Consejo de Administración de Corredor Felipe Ángeles, el 24 de abril, determinó remover a Joaquín Gutiérrez García de la presidencia y otorgársela a Catarino Zúñiga Hernández.
Chóferes se manifestaron, el pasado 3 de junio, con el argumento de una disminución en el reparto de utilidades de 80 por ciento. Ese mismo día, el gobierno estatal revocó la concesión y se hizo cargo de la operación del transporte.
Guevara Muñoz refirió que los usuarios se quejan de tiempos de espera de hasta 40 minutos, pero antes de optimizar el servicio, acotó, el compromiso es que “no se siga cayendo el sistema”.
emh