Con la intensión de que los servidores públicos gasten únicamente lo necesario y para el buen ejercicio de los recursos con los que cuenta el gobierno, diputados del Congreso local propusieron la Ley de Austeridad y Ahorro del Estado de Hidalgo.
El grupo legislativo de Morena y aliados del PAN, PANALH y PESH, presentaron una iniciativa este martes para crear la normatividad, la cual, de aprobarse, estaría compuesta por cinco capítulos y 32 artículos.
Durante la lectura de la exposición de motivos, el legislador José Antonio Hernández Veraz indicó que la iniciativa no sólo implica la optimización de los recursos y evitar los excesos por parte de los funcionarios, sino eliminar “a toda costa los actos de corrupción”.
Dijo que la ley combatirá de manera sistemática el enriquecimiento ilícito y vigilará el uso debido de hasta “cada lápiz” por parte de las instituciones públicas.
Recordó que con base en los resultados del Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2018, realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Hidalgo ocupa la posición 26 a nivel nacional en nivel de complimiento, con una calificación de 49.3 puntos, mientras que el promedio nacional fue de 58.7.
Uno de los objetivos de esta ley es no gastar más de lo presupuestado, y que lo ahorrado se destine al desarrollo de infraestructura en los municipios. De esta forma, el beneficio de esta ley radica en ejercer los recursos públicos de manera más eficiente y planeada, disminuyendo el gasto corriente y favoreciendo el desarrollo de infraestructura y la implementación de programas sociales en favor de la población hidalguense”, mencionó el representante del distrito de Tulancingo.
Entre los artículos de la ley, el octavo establece que los servidores públicos en la entidad deberán acceder al sistema público de seguridad social correspondiente y la prohibición para cubrir con recursos públicos la contratación de seguros de gastos médicos, vida o pensiones privados.
El décimo indica que queda prohibida la contratación de escoltas, choferes u otros servicios con cargo al erario público.
Además, los gastos de publicidad y comunicación de las dependencias, entidades y organismos no podrán rebasar el 0.3 por ciento del presupuesto autorizado para el periodo fiscal correspondiente, con base en el artículo 12 de la normatividad.
Los resultados del IIEG indican que el gobierno estatal gastó 423 por ciento más de lo aprobado en comunicación social.
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